El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el gobierno de Israel se estaría negando a entregar a la Fiscalía General de la República (FGR) a Tomás Zerón de Lucio por el caso de tortura en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues durante su gestión en la desaparecida Agencia de Investigación Criminal (AIC) habría comprado a aquel país software espía Pegasus.
“Existe la versión de que la protección es porque compraban los equipos de espionaje que son de Israel y eso los protege. Imagínense, por un negocio, por una compraventa, por dinero, proteger a quienes violan los derechos humanos. Y esto en el caso de Ayotzinapa, pero lo mismo en otros asuntos”, comentó.
Al respecto, el mandatario federal informó que envió una segunda carta al ministro israelí Benjamín Netanyahu para que se conceda la extradición del exfuncionario mexicano y confió que la comunidad judía en México ayude a sensibilizar a las autoridades de aquel país.
“Por cierto, ya mandé al primer ministro de Israel una segunda carta para que nos ayuden con el caso del señor Tomás Zerón, porque no puede ser que Israel proteja bajo ninguna circunstancia a ningún torturador, nadie debe y mucho menos quienes sufrieron de represión, tortura, exterminio”, apuntó.
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La Fiscalía General de la República (FGR) busca a Tomás Zerón de Lucio, quien fungió como titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por su probable responsabilidad en el delito de tortura en contra de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, quien se despeñaba como operador del grupo criminal “Guerreros Unidos” y está probablemente involucrado en la desaparición de los normalistas.
Tras esta acusación, Zerón de Lucio huyó a Israel, país donde busca asilo político.
El proceso ha sido lento porque México no tiene tratado de extradición con Israel, pero las autoridades mexicanas esperan que se termine cumpliendo porque Ayotzinapa se trata de un caso grave de violación a los derechos humanos.
Según la desacreditada versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto, 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron arrestados en Iguala en la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías locales corruptos que los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los incineró en un basurero.
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