Fueron vistos por primera vez, al menos públicamente, el 8 de marzo de este año, día en que miles de mujeres tomaron las calles de la Ciudad de México para protestar contra la violencia machista. Los aparatos hacían ver a los hombres que los portaban como francotiradores fuertemente armados. Su presencia en la azotea del Palacio Nacional, residencia oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador, alarmó a las asistentes a la marcha: la forma de los objetos remitía a un arma de alto poder.

Sin embargo, ese mismo día por la noche se supo que los equipos con apariencia de fusiles eran más bien equipos tecnológicos que interrumpen todo tipo de comunicación efectiva entre drones y pilotos. Drone jammers, como se les conoce técnicamente. Son cuatro aparatos que fueron comprados en septiembre del año pasado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la empresa Int Intelligence and Telecom Technologies México, a un costo de 3.7 millones de pesos en total.

Días después de lo ocurrido el 8 de marzo en el Palacio Nacional, el presidente López Obrador preguntó: “¿Por qué lo de los drones? ¿Qué no pueden con un dron tirar una bomba?”. Semanas más tarde, el titular de la Sedena, Luis Sandoval González comentó que ya habían detectado que cárteles del narcotráfico utilizan drones con explosivos para atacar a las fuerzas de seguridad del Estado.

“En cuanto a la utilización de drones como un medio explosivo hemos ubicado que hay algunos cárteles que están usando esto”, dijo el general en una conferencia de prensa matutina, señalando principalmente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Este tipo de agresiones, mencionó, se detectaron en Guanajuato, Jalisco y Michoacán, pero “no han tenido efectividad porque no pueden cargar cantidades que sean de tal manera dañinas para el personal o para una instalación”.

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Lo visto en Palacio Nacional aquel 8 de marzo habla ya de un cerco antidrones, que la Sedena tiene intención de crecer. El 2 de agosto la dependencia militar canceló una licitación pública para la adquisición de “un sistema antidrones para reforzar la seguridad en las inmediaciones de Palacio Nacional”, debido a un error administrativo. Sin embargo, el cancelar ese proceso de licitación (del que solo faltaba el fallo) no quiere decir que se cancele también la pretensión de crecer el cerco contra vehículos aéreos no tripulados.

El acta de cancelación que la Sedena envió a las siete empresas que participaban en el proceso dice: “la Dirección General de Administración determinó cancelar el presente procedimiento (LA-007000999-E717-2021) ya que de continuarse se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia […] se realizó una minuciosa revisión a la documentación de la que se desprende que la tarjeta de requerimientos y la convocatoria se contraponen en los criterios de evaluación (por puntos y porcentajes y mecanismo binario)”.

De acuerdo con el coordinador Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Pablo Montes, de haber continuado con la licitación, podía dar pie a que una de las empresas que no ganara el concurso impugnara el resultado, derivando así en el “daño o perjuicio a la propia dependencia” que comentó la Sedena en su documento. En entrevista con Forbes México, subraya que de reponerse el proceso, debe ser con otra licitación, y no recurrir a la adjudicación directa.

“Lo que yo veo es un error administrativo muy básico que podría parecer que no tiene mayor relevancia, pero ponía en riesgo la validez de la licitación. Es cierto que por esa discrepancia (en los criterios de evaluación) un proveedor que perdiera la licitación podría impugnar el resultado. Lo que esperaríamos es que empezara una nueva licitación, lo que no estaría bien es que, aprovechando esta cancelación, se hiciera una adjudicación directa. Lo adecuado sería volver a empezar el concurso”, señala el experto en compras públicas.

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¿Qué se iba a comprar?

La fallida licitación se lanzó con el objetivo de adquirir un “un sistema antidrones para reforzar la seguridad en las inmediaciones de Palacio Nacional” que, de acuerdo con los documentos de la Sedena, tendría la capacidad de bloquear vehículos aéreos no tripulados en un radio de 0 a 1 kilómetro alrededor del edificio donde reside el presidente. Eso incluiría interrumpir comunicaciones de wifi o GPS de teléfonos celulares de personas que se encuentren dentro  del radio de alcance, como alertó una de las empresas.  

“¿Puede la convocante (Sedena) considerar un software de comando y control con fusión de datos y articulación de respuesta, que le permita detectar y bloquear de manera específica los objetivos que representan una amenaza a la seguridad -inclusive con listas blancas y negras- solo en el espacio aéreo correspondiente y no bloquear los 360 grados de manera arbitraria?”, preguntó la empresa Global Business Solution, a lo que la dependencia respondió “no, deberá limitarse a los requerimientos especificados en la convocatoria”.

“Vemos muy riesgoso bloquear de manera ‘ciega’ cuando los drones pueden tener cargas maliciosas, por ejemplo explosivas, como ya lo hemos visto en México. Cuando se bloquea el GPS y las bandas de 2.4 y 5.8 GHZ, el dron buscará aterrizar en el sitio donde se encuentra pudiendo lastimar a ciudadanos y edificios ¿Puede la convocante incorporar en su requerimiento un subsistema de identificación visual con cámaras electroópticas e infrarrojas”, preguntó la misma empresa, que recibió la misma respuesta de la Sedena.

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Así fueron las propuestas económicas del proceso cancelado:

  • FBC Datec | 4 millones 582 mil pesos
  • Aerointegral | 5 millones 521 mil 600 pesos
  • Soluciones Tecnológicas & Protección Aeroespacial | 5 millones 916 mil
  • Global Business Solution | 5 millones 937 mil 208.96 pesos
  • Int Intelligence and Telecom Technologies México | 6 millones 100 mil pesos
  • TBN Tactical Equipment | 6 millones 948 mil 284 pesos
  • DG Telecomunicaciones | 8 millones 434 mil 650 pesos

Según las características técnicas especificadas por la Sedena en la convocatoria de la licitación cancelada, el sistema antidrones que solicitaba se componía un subsistema (jammer) con “capacidad de inhibición en las bandas de navegación satelital L1 y L2, bandas de radiocontrol 433 MHZ, 900 MHZ, 2.4 GHZ y 5.8 GHZ” e “inhibición de frecuencias de trabajo de los servicios de wifi, bluetooth, radiocontrol de drones comerciales, GPS L1 y L2 Glonass”. Todo esto en un radio de inhibición regulable de 0 a 1 kilómetro a la redonda del Palacio Nacional.

También se incluía la instalación de un Centro de Monitoreo y Control de Funcionamiento de los equipos en la planta baja del Palacio Nacional y una torre estructural compacta en la azotea del inmueble. El servicio contemplaba además refacciones, consumibles, mantenimiento y capacitación técnica especializada a 10 elementos de la Sedena para la configuración, administración, operación y mantenimiento del sistema, que constaba de 40 horas distribuidas en cinco días.

Forbes México consultó vía correo eléctrico al área de Comunicación Social de la Sedena para conocer si la adquisición de “un sistema antidrones para reforzar la seguridad en las inmediaciones de Palacio Nacional” seguía en pie, pero hasta la publicación de esta nota no se había dado una respuesta. 

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