Durante ya 20 años, en México Unido Contra la Delincuencia, hemos venido trabajando en acciones que permitan mejorar las condiciones de seguridad, legalidad y justicia en el país. A decir por lo que vemos hoy en día y lo que leemos en los periódicos, nuestro éxito ha sido limitado. Pero no es por falta de entusiasmo, perseverancia o estudio. El principal problema con el que nos hemos topado es una clase política que parece estar más interesada en proteger sus cotos de poder que velar por los mejores intereses de la población. Así de crudo y directo. Me explico.

Estamos viviendo una escalada de violencia, impunidad, corrupción y peligrosidad como jamás nos hubiéramos imaginado. 2017 fue el año más violento del que se tenga registro en nuestro país, y con los datos ya disponibles para el primer semestre de este año podemos, lamentablemente, anticipar que 2018 batirá ese récord. Increíble y triste, pero cierto.

Lo que podemos aseverar es que, aunque el problema de inseguridad, violencia e impunidad es multifactorial; hay piedras angulares que explican en gran medida las condiciones prevalecientes. Uno fundamental es la fortaleza económica de la delincuencia organizada, misma que permite a los enemigos del bien el tener recursos extraordinarios para corromper, comprar equipamiento (armas, transporte, logística, telecomunicaciones, etc.), y en general retar frontalmente a las autoridades. Y el principal origen de esa riqueza patrimonial proviene del mercado de drogas ilícitas.

Entonces, la pregunta central que nos hemos venido haciendo ya durante más de 10 años, en que fue posible explicar sin duda la conexión entre el mercado ilícito de drogas y el flujo económico que alimenta con tanta fortaleza la actividad delictiva que azota al país, es por qué no hemos logrado cambiar. Por el contrario, llevamos dos sexenios al hilo en que se ha apostado con fervor y exacerbada terquedad a la fórmula de la confrontación bélica y el uso de violencia (en forma destacable, el caso de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública) como métodos para pretender hacer efectiva una política pública que no genera sino una serie de capas interminables de daños. Y a pesar de la creciente, contundente y abundante información que apunta a un fracaso rotundo, en público pocos o casi nadie se atreve a reconocer la debacle y enormes retrocesos en todos los factores subyacentes.

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Lo triste es que, en corto, muchos de esos funcionarios recalcitrantes reconocen que las cosas ni van ni nunca han ido bien. Pero no se atreven a reconocerlo en público porque dicen que el descalabro de imagen sería enorme. Como si la cifra de mortandad, desaparecidos, desplazados, lesionados y violencia en general no fuera suficiente señal del enorme caudal de daños que hemos acumulado por esta testaruda actitud de ir de frente al precipicio no obstante ver el vacío frente a nosotros.

Así las cosas, en fecha reciente es importante ver que hay un nuevo oxígeno en este rebote de ideas. Ese nuevo aliento parece favorecer finalmente un cambio de estrategia que pase por regresarle al Estado lo que nunca debió haber perdido, el control regulatorio de todos los estupefacientes para que sea él mismo quien determine cómo, cuándo, dónde, quiénes, etcétera, pueden manufacturar, distribuir, vender, adquirir y consumir estas substancias (y no como sucede hoy en día en que todas esas tareas las absorbe y determina la delincuencia organizada, incluyendo el acceso y suministro a menores de edad – para que los padres abramos los ojos sobre el enorme riesgo al que sujeta a nuestro hijos la política actual que ningún control genera). No muy distinto a lo que sucede con alcohol, tabaco, medicinas y antibióticos. De hecho, por algunos meses en 1940 nuestro país tuvo un esquema regulatorio total de drogas cuando el entonces presidente Lázaro Cárdena publicó el Reglamento Federal de Toxicomanías, el 17 de febrero de 1940, hasta que los Estados Unidos de América amenazó con suspender entregas de insumos para la industria farmacéutica si nuestro país no desistía de su aventura regulatoria (paradójico siendo que el vecino país del norte ya había experimentado las muy lesivas consecuencias que la prohibición del alcohol había generado).

Por todo lo anterior, la petición más enfática que hacemos es que autoridades, actuales y futuras, puedan finalmente reconocer lo que es innegable, el país atraviesa una situación crítica de inseguridad, violencia e impunidad que requiere medidas igualmente radicales. El eliminar la prohibición de drogas y habilitar un sistema regulatorio inteligente, moderno y oportuno es la mejor forma de debilitar al enemigo y fortalecer nuestras instituciones (tarea por cierto en la que ya muchos países nos llevan una enorme delantera, incluyendo a nuestros vecinos del norte que ya vieron que la solución va por otro lado). Por ello nuestro llamado a que los responsables de todos estos temas se animen finalmente a abrir la mente y dejar de lado la hipocresía y mezquindad con que se han manejado por décadas, y al hacerlo hablarle con claridad a la población de lo que realmente ha sucedido y el nulo avance en ninguno de los factores de medición de desempeño (porque no ha servido de nada más que para aumentar gastos en seguridad y beneficiar a proveedores de armas, vehículos y otros, además de la propia delincuencia por supuesto, pero ya sin saber dónde está la línea entre los que están fuera de la ley y muchos de los servidores públicos que no hacen sino seguir la rutina del negocio ilícito subyacente).

Si por el contrario la respuesta de las autoridades involucradas es de seguir cegándose y tapando el sol con un dedo, entonces no podemos sino concluir que lo que tienen abierta es la cartera (algo que en esta administración no sorprendería pues parece haber sido el más grande motor de decisiones de todo lo que determinaron, el desfalco y abuso en forma descomunal), por el enorme caudal de recursos que de alguna forma los ha beneficiado o que dirigen a sus erogaciones o moches preferidos. La historia juzgará a quienes hoy, y en un futuro muy cercano, tendrán la responsabilidad en esta materia para saber si ante evidentes razones de por qué cambiar y cómo mejorar las condiciones del país, optaron por seguir simulando y aumentando las cifras del enorme cementerio en que han convertido al país.

Así es que la pregunta y requerimiento es sencillo, deben abrir la mente y cerrar la cartera. México no aguanta más violencia y desolación. ¿Qué parte de la ecuación no se entiende?

 

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