El pleno de la Cámara de Diputados avaló el dictamen del PRI sobre la la Ley General de Comunicación Social, a pesar de los esfuerzos de la oposición para evitar que se votará el proyecto de ley al considerar que la regulación planteada no tiene los dientes suficientes para castigar a quienes hagan mal uso de la publicidad gubernamental.

Con 205 votos a favor, 168 en contra y cero abstenciones, la cámara baja aprobó en lo general y en lo particular los artículos no reservados del dictamen por el que se expide la Ley General de Comunicación Social, que regula el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución en materia de propaganda gubernamental.

Tras la votación, se comenzó con la discusión de las 103 reservas al dictamen sobre la Ley General de Comunicación Social. Ahora el proyecto será enviado al Senado para su análisis y votación.

Además del PAN y PRD, votaron en contra Movimiento Ciudadano y Morena; no obstante, los votos del PRI, PVEM y Nueva Alianza fueron suficientes para avanzar el dictamen, en parte por el apoyo de algunos legisladores panistas y perredistas que se sumaron a esa propuesta.

El documento, que consta de cinco títulos, 45 artículos y ocho transitorios, tiene el objetivo de garantizar que el gasto en ese rubro se haga bajo criterios de eficacia, economía, transparencia y honradez. Además de respetar topes presupuestales, límites y condiciones que se establezcan en el Presupuesto de Egresos que aprueba la Cámara de Diputados cada año.

No obstante, los detractores de esta iniciativa advierten que ésta podría utilizarse para manipular los medios y la labor periodística, así como legalizar los despilfarros de la publicidad oficial.

Datos de la organización no gubernamental Fundar, el gasto del gobierno de Enrique Peña Nieto en publicidad oficial fue de 40,600 millones de pesos (mdp) en cinco años. Según cifras de la oposición, de 2013 a 2017, en servicios de comunicación social y publicidad, la Federación desembolsó 38,233 mdp, más de doble de los 15,195 mdp aprobados para esos fines.

“Sería vergonzoso aprobar el dictamen tal como viene (del Senado y después de la Comisión de Gobernación), señaló el diputado Macedonio Tamez. Le entrega todo el poder a la Gobernación para controlar el padron de medios y controlar los presupuestos, agregó el legislador de Movimiento Ciudadano.

Jorge Álvarez Máynez, también de MC, consideró que al votar esta ley se institucionaliza “una práctica que lastima a la sociedad”, en referencia a la entrega de dinero u obsequios a los periodistas para que se publique lo que el gobierno necesita.

En su oportunidad al micrófono, el legislador panista Jorge Triana Tena dijo que el dictamen a votación no es una propuesta seria, “sino un ‘copy paste’ de la propuesta avalada por el PRI” y que no no establece criterios claros para el ejercicio de los recursos públicos ni fomenta la pluralidad de los medios de comunicación, ya que concentra en la Segob la distribución de los tiempos oficiales de publicidad.

Esta propuesta le falla de nueva cuenta a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil, indicó. “Por si fuera poco deja fuera las sanciones a los excesos en este ramo, nosotros si lo proponíamos, al igual que un calendario específico para la ejecución de este presupuesto desitnado a (publicidad gubernamental)”.

Asimismo, cuestionó que se conservaran las “malas prácticas” en materia de comunicación oficial.

Durante los posicionamientos de las fuerzas políticos respecto al dictamen, el panista Juan Pablo Piña señaló en su cuenta de Twitter que su correligionario Jorge Triana había presentado una iniciativa en la materia que no fue escuchada ni tomada en cuenta por los integrantes de la Comisión de Gobernación, lo que derivó en un proyecto que no cuenta con la voz de Accion Nacional sobre el tema.

De igual manera, ONGs se pronunciaron en contra de la aprobación del dictamen, al considerar que la llamada #LeyChayote “simula garantizar el derecho a la liberta de expresión, cuando “en realidad permite que siga el mal uso de la publicidad oficial”, escribió Artículo 19 México en su cuenta de Twitter.

Además, han invitado a la ciudadanía a firmar la petición en Change.org para que la cámara baja no aprobara la #LeyChayote.

Por el contrario, el priista César Domínguez defendió el dictamen al asegurar que sus beneficios permiten establecer mayores controles sobre el tema de la contratación de publicidad oficial, lo que genera confianza entre la ciudadanía, y establece un claro presupuesto de medios.

En el mismo sentido, el también tricolor Arturo Huicochea Alanís aseveró que esta ley transparentará la relación entre los medios de comunicación y las autoridades gubernamentales, así como el uso de recursos; y destacó que con la misma se está cumpliendo con la resolución de la SCJN y la rendición de cuentas. Agregó que cuenta con sanciones que deberán aplicarse en caso de violación de la ley.

También a favor de la iniciativa, la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (Panal) dijo que con esta ley el padrón que se contempla en el dictamen contendrá medios impresos y electrónicos, es decir, las empresas con las que los partidos podrán contratar su propaganda electoral de manera transparente.

Lo aprobado por el Legislativo da respuesta al ordenamiento realizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se expida antes del próximo 30 de abril una ley reglamentaria para la regulación de la publicidad gubernamental; decisión derivada del amparo promovido por la organización no gubernamental Artículo 19.

Previo a su debate y votación en el pleno, la Comisión de Gobernación aprobó en lo general, por 15 votos a favor, ocho en contra y una abstención, el dictamen basado en la propuesta del PRI, para emitir una Ley General de Comunicación Social, que pretende regular la publicidad gubernamental.

 

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