La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó que ha iniciado una investigación por posibles prácticas monopólicas en procedimientos de contratación pública para la adquisición de tecnologías de la información (TI) y comunicación (incluyendo hardware y software), y los servicios de mantenimiento asociados.
Señaló que la Autoridad Investigadora de la Cofece tiene indicios de la posible realización de conductas que podrían constituir prácticas monopólicas absolutas, específicamente la coordinación de posturas en licitaciones y el intercambio de información.
“Las contrataciones públicas son un tema prioritario para la Cofece, dado que se utilizan recursos de los contribuyentes y deben asignarse en un marco de competencia para maximizar su capacidad de compra en las mejores condiciones”, explicó.
La investigación abarca los procedimientos de compra y arrendamiento de productos como computadoras de escritorio y portátiles, televisiones, fotocopiadoras, cámaras para cómputo, equipos de almacenamiento y productos relacionados.
También incluye la contratación o compra de TI y comunicación como servicios de transmisión, licenciamiento de software, servidores de internet.
Así como los servicios de mantenimiento y servicios administrados relacionados con TI, por lo que, cualquier procedimiento de contrataciones de gobierno a través de compras públicas en el mercado investigado, sería susceptible de formar parte de esta investigación de la Cofece.
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“Esta indagatoria toma relevancia porque toda autoridad gubernamental, independientemente de su nivel de gobierno y facultades, requiere de tecnologías de la información y comunicación para el ejercicio de sus actividades, sobre todo en el contexto de la pandemia por Covid-19, en el que muchas autoridades debieron implementar el trabajo remoto derivado de las restricciones sanitarias”, destacó la Cofece.
Las prácticas monopólicas absolutas, objeto de esta investigación de la Cofece en TI y comunicaciones son: contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, en los cuales el objetivo sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información entre ellos para realizar alguna de las conductas anteriores.
Según los Lineamientos para Combatir la Colusión entre Oferentes en Licitaciones Públicas, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, las autoridades adquirientes pierden hasta el 20% de sus recursos cuando existe un acuerdo colusorio entre los participantes en los procedimientos de contratación.
“Esta investigación, identificada con el expediente IO-001-2022, no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, toda vez que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos quienes, de ser el caso, serían considerados como probables responsables al término de la investigación”, precisó la Cofece.
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El plazo para esta indagatoria es de hasta 120 días hábiles, contados a partir del 31 de marzo de 2022, fecha de inicio de la investigación, el cual podrá ser ampliado por el mismo lapso hasta por 4 ocasiones.
En caso de que se encuentren elementos que presuman una violación a la Ley, quienes resulten responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa.
Conforme a la Ley Federal de Competencia Económica, de comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, los agentes económicos podrían ser multados hasta por el 10% de sus ingresos.
Las personas físicas que hubieren participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdos entre competidores, podrían ser sancionados con prisión de conformidad con el Código Penal hasta por 10 años.
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