La Política que emitió la Secretaría de Energía (Sener) el 15 de mayo de 2020 para frenar la expansión de la energía renovable ha escalado dimensiones que seguramente la dependencia no tenía previsto. Organismos no gubernamentales y empresas afectadas obtuvieron amparos contra la disposición y ahora hasta la Comisión Federal de Competencia  Económica (Cofece) promovió una controversia constitucional contra el ordenamiento.

La mala noticia es que el presidente Andrés Manuel López Obrador está convencido de que con la emisión de la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (Política), publicada por la Sener en el Diario Oficial de la Federación se protege la soberanía energética, porque se debilitaría a las empresas privadas, en beneficio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En ese sentido, la Cofece considera que la Política emitida por la Sener es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad, los cuales en conjunto establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad. Asimismo, estima que el ordenamiento también violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia, de modo que afecta su mandato constitucional e invade su esfera de competencia.

La Cofece está dedicada a promover y generar las condiciones para la competencia entre empresas que participan en un mismo mercado, ya que es posible que las compañías en competencia ofrezcan precios más bajos, mejores servicios, más variedad de productos, entre otros aspectos que los consumidores toman en cuenta para optar por una u otra empresa.

“El instrumento publicado en el DOF afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector”, expuso la Comisión.

El problema de esta controversia es que el Presidente ya empezó a cuestionar también la existencia de la Cofece. No olvidemos que para él, los órganos reguladores son espacios burocráticos que generan gastos. No los considera una inversión, así que podría pronunciarse en cualquier momento por la desaparición o mayor adelgazamiento de la Comisión, como ocurrió la semana pasada cuando un escándalo por presunta discriminación concluyó con la renuncia de Mónica Maccise a la titularidad del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y su posible disolución.

La Cofece reconoció que incrementar la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional es un propósito legítimo y deseable. Sin embargo, cuando otros objetivos, como el de la competencia económica también son parte del mandato constitucional, es necesario identificar la mejor alternativa disponible a fin de hacer cumplir todos estos objetivos, lo que no acontece con la Política impugnada.

Confiemos en que esa postura legal no despierte la ira de la Sener, la CFE y la propia presidencia de México, ya que podría estar en riesgo su existencia, en detrimento de la competencia en México.

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