El año nuevo abre para los grandes corporativos una etapa en la que deberán sacar lo mejor de sus abogados, estrategas y financieros, para no resentir los efectos de la reforma fiscal 2014.

 

 

La venta de grupo modelo a Anheuser-Busch INBEV por casi 18,000 millones de dólares (mdd) en 2013, es la mayor transacción realizada por medio de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Desafortu­nadamente para las arcas públicas, esta transacción estuvo exenta del pago de impuestos. Pero la historia para el fisco hubiera sido muy distinta si la enajenación se hubiera realizado este año.

A partir del 1 de enero, las transacciones de accio­nes en Bolsa están gravadas a una tasa de 10%. Los cambios fiscales que entran en vigor este año acaban con ese y otros beneficios que tenían las empresas. El gobierno federal busca obtener gracias a la reforma fiscal un incremento por concepto de impuestos de 165,000 millones de pesos (mdp).

Los principales incrementos en el rubro de impuestos corresponden al IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y el ISR (Impuesto sobre la Renta), de 153 y 23%, respectivamente. En el caso del IEPS, el más recaudatorio, las empresas más afectadas son las que producen los llamados alimen­tos chatarra y bebidas azucaradas.

Los alimentos no básicos pagarán una tasa de 8%. Esta categoría la definen productos con una densidad calórica de más de 275 kilocalorías por cada 100 gramos. A escala mundial, México es el noveno mercado de alimentos procesados. En 2012, el consumo de es­tos productos ascendió a 124,983 mdd.

Lo cierto es que es una tendencia que no se puede evitar y las empresas no están dispuestas a perder clientes. Hace tiempo que reconocen los efectos negativos en la salud de los mexicanos y han comen­zado a incorporar en sus portafolios productos más saludables. De acuerdo con Euromonitor, la creciente demanda de bebidas funcionales y más ingredientes naturales está impulsan­do el dinamismo y nuevos lanzamientos de productos.

Los efectos del nuevo impuesto en las empresas se resienten desde el año pasado. A partir de que las noticias sobre la reforma fiscal empezaron a filtrarse a mediados de agosto, los precios de las acciones de Arca-Contal, Bimbo, kof y Femsa cayeron 16, 7, 19 y 7%, respectivamente.

Según Accival, los efectos en el Ebitda de esas empresas de alimentos y bebidas que cotizan en Bolsa, será de hasta 3.5%. El Ebitda muestra los resultados de un proyecto sin con­siderar los aspectos financieros ni los tributa­rios del proyecto.

¿Cuál es el camino para las empresas productoras de alimentos chatarra y bebidas azucaradas? Según fiscalistas, el más sencillo: trasladar el impuesto al consumidor mediante aumento de precios. También está la salida le­gal: el amparo. O el de más largo plazo: apostar por productos cada vez más saludables.

 

Adiós privilegios

En 2013, los beneficios tributarios para las em­presas, tales como diferimiento de impuestos (consolidación fiscal), deducciones, regímenes especiales, exenciones, entre otros, le costaron al gobierno 152,000 mdp, de acuerdo con el último reporte de gastos fiscales de la Secre­taría de Hacienda de 2012 y 2013. Este año, las finanzas públicas tendrán una probadita de ese pastel gracias a los cambios aprobados a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Con la reforma que entra en vigor este año se sustituye este esquema por el llamado Régimen Opcional para Grupos de Sociedades, que permite diferir impuestos sólo por tres años. Las empresas, además, deberán liquidar todos los impuestos diferidos entre 2008 y 2013 en pagos fraccionados, a más tardar en 2023. En 2012, el régimen de consolidación fiscal le costó al país poco más de 12,000 mdp.

Las empresas que más resentirán la elimina­ción de las preferencias fiscales son las de gran tamaño. “La eliminación de esa opción implica un replanteamiento de cómo crecer el negocio con las utilidades, dice Pedro Carreón, socio de Impuestos de PwC México. “Tres años puede no ser suficiente para que maduren las nuevas divisiones y generen ganancias”.

Otro golpe es el caso del cobro aprobado de un impuesto de 10% a las ganancias obtenidas de transacciones financieras. De acuerdo con el Centro de Investigación y Análisis Fundar, 90% de los ingresos por ganancias de capital por venta de acciones en Bolsa corresponde al grupo de mayores ingresos.

Por otro lado, la deducción inmediata en los bienes de activo fijo quedó eliminada, así como la deducción lineal de las inversiones en maquinaria y equipo especiales. El gasto para el fisco por permitir esa deducción era de cerca de 28,000 mdp. Ese cambio se traducirá en mayores costos para las empresas, sobre todo las del sector de telecomunicaciones. Para la Concamin, esa medida inhibirá la innovación en las empresas.

Adicionalmente, los dividendos generados por las utilidades quedaron con una tasa de 10%. Las empresas que cotizan en Bolsa serán las principales afectadas. En 2012, las 35 empre­sas que conforman el IPC pagaron dividendos por 47,000 mdp. Es decir, si hubieran enterado impuestos, el fisco se habría llevado 4,700 mdp, cifra similar al presupuesto de 52 universidades públicas.

Otro aspecto relevante se refiere a las pres­taciones sociales. Las aportaciones realizadas a fondos de pensiones y jubilaciones, así como las erogaciones por remuneraciones que sean ingresos exentos para el trabajador (previsión social, fondo de ahorro, pagos por separación, gratificaciones anuales, horas extra, prima vacacional y dominical, entre otros) serán deducibles sólo en 53% (antes era de 100%). Si el patrón decide disminuir las prestaciones exentas otorgadas a sus trabajadores, la deduc­ción será de 47%.

El costo para las empresas que tengan ese tipo de prestaciones podría llegar a 9% de su nómina, calcula Manuel Toledo Espinosa, presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. “Para las compañías intensivas en mano de obra es un golpe muy fuerte. Se castiga al patrón y no tiene mucha lógica”, añade Alfredo Álvarez, socio de Impuestos Internacionales de Ernst & Young.

Las empresas, dice Toledo, podrían considerar hacer un aumento de sueldo a sus empleados y cancelar las prestaciones para que el impuesto lo absorba el trabajador.

Los legisladores aprobaron también una tasa de 10% a utilidades de los accionistas. Este cambio afecta sobre todo a las personas físicas, pero los dueños de los corporativos podrían presionar a sus administraciones para generar más utilidades y así compensar el pago del gravamen. La tasa efectiva para quien tributa como persona física, además de ser accionista de una empresa, es de 17.5%.

Un cambio sectorizado es la desaparición del régimen simplificado, que se sustituyó por dos: actividades agrícolas, silvícolas y pesque­ras; y coordinados para autotransportistas. Se acotó de una tasa de 21 a una de 30% para 2014contribuyentes con ingresos mayores a cinco mdp anuales. Es decir, empresas como Bachoco, Lala o Alpura deberán pagar impuestos como cualquier otra compañía.

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Oro molido

Las empresas mineras son otro de los contribuyentes a los que se adicionaron importantes cargas fiscales. En 2013, según la Cámara Minera de México (Camimex), las compañías del sector estaban sujetas a nueve gravámenes distintos. A partir de este año, deben pagar un derecho de 7.5%. Con ello, la tasa fiscal efectiva que pagarían pasaría de 49.7 a 73.4%.

Según la Camimex, las mineras que operan en México tendrían obligaciones superiores en 15 puntos porcentuales a las que pagan actualmente compañías que operan en Chile, y 36.5 puntos más que en Canadá.

La cancelación de inversiones o cambio de destino puede ser una realidad. Inglaterra se pulió para ser un mejor destino al reducir su impuesto a la minería, quedando una tasa de 20%, inferior a la tasa fiscal efectiva de México, que subiría a 73% según Camimex.

“Es un impuesto importante pues se suma a otros que ya existen, en un momento en el que el auge de los metales se está acabando”, considera Jorge Sánchez Hernández, socio de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte.

Octavio Díaz, analista bursátil de Invex, opina distinto: “Las empresas ya descontaron el impacto de la reforma fiscal el año pasado y los efectos serán marginales en sus resultados. La más afectada será Peñoles porque es la que tiene más operaciones en México, con un impacto de 7% en el Ebitda de 2014”.

¿Ante la reforma fiscal valdrá la pena ampararse? “Sí tiene muchos problemas de inconstitucionalidad, pero en los últimos tiempos la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto de manera parcial a favor del fisco. Por tanto, se antoja difícil obtener resoluciones favorables a los contribuyentes”, dice Jorge Sánchez.

Bajo este panorama, parece que la salida para las empresas ante los cambios fiscales aprobados implicará una mejora en sus operaciones, a través de eficiencias, ahorros, baja en costos y hasta en una reestructuración.

 

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