Permitir el cultivo de transgénicos en México podría incrementar la producción de maíz y reducir la dependencia de la importación, pero también podría poner en riesgo la preservación de 59 razas y más de 1,000 variedades de maíz. La clave para evitarlo está en la regulación. 

 

 

 

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La siembra de maíz transgénico en México podría ayudar a reducir la dependencia de las importaciones, pero los opositores a las soluciones biotecnológicas demandan un marco regulatorio más estricto para la siembra de los granos genéticamente modificados, un aspecto que resulta costoso para las empresas.

“La regulación para la industria de la ingeniería genética es muy grande”, dice Arianne Massey, directora general de Ciencia y Regulación de DuPont Pioneer, quien asegura que el costo regulatorio por cada patente de una semilla genéticamente modificada alcanza hasta los 35 mdd y comprende un periodo de investigación que va de cinco a siete años.

En México se cultiva actualmente algodón genéticamente modificado en Coahuila, aunque la presentación de la propuesta para Reforma al Campo que haría el Ejecutivo federal podría incluir una propuesta para incentivar el uso de otros cultivos, como es el caso del maíz.

Para Antonio Turrent, presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS),  en el tema de la regulación se encuentra en juego la preservación de 59 razas y más de 1,000 variedades de maíz.

Lo cierto es que la necesidad de alimentos será cada vez mayor en el mundo, y México tiene el potencial de asegurar su soberanía alimentaria y convertirse en uno de los países latinoamericanos que alimenten al mundo entero. Sin embargo, la siembra indiscriminada pone en riesgo la biodiversidad.

“Necesitamos gestionar la información correcta en un marco regulatorio de respeto para cada uno de los países que tomen en cuenta la situación local, para ver qué tecnologías aplicar”, asegura Bram Govaerts, director adjunto del Programa Global de Agricultura de Conservación del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT) y ganador del Premio Borlaug 2014 a la Investigación y su Aplicación.

Éste es el otro tema sobre la discusión de los transgénicos en el mundo presente en la mesa de los que están en contra o en favor de los organismos genéticamente modificados (OGM), del cual pende la bioseguridad del planeta.

 

¿Regulación onerosa?

En 1992, la Cumbre de Río se convirtió en la primera reunión que habló sobre la preocupación de proteger la biodiversidad en el mundo. Ese mismo año, en Canadá, se firmó el primer Protocolo de Bioseguridad, que dio las bases para adoptar los principios precautorios para sembrar los OGM.

Esas medidas dieron lugar a regulaciones locales que las empresas trasnacionales deben cumplir para comercializar sus productos biotecnológicos con pruebas científicas.

Hoy, la siembra de semillas genéticamente modificadas es una realidad que ha tocado Latinoamérica y que se espera crezca en su adopción por los retos de alimentación globales que existen. El principal temor es el cumplimiento de la regulación.

Para 2050, la población mundial alcanzará 9,000 millones de habitantes, y para alimentarlos se requiere que los países incrementen 70% su producción de alimentos, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

Esto es una oportunidad de negocio que pueden aprovechar empresas como DuPont Pioneer, Monsanto y Syngenta, sólo por mencionar algunas de las seis firmas que participan a nivel global en esta industria.

Un factor que preocupa a los industriales del campo es el elevado costo que, dicen, representa en sus procesos de investigación y regulación ante las autoridades frente a la preocupación del término de las patentes, que tienen una duración de 20 años.

El valor potencial del negocio que tendrían las empresas trasnacionales al comercializar semillas genéticamente modificadas y los herbicidas ascendería a más de 2,200 millones de dólares (mdd) anuales en México, de acuerdo con cálculos de la UCCS.

El presidente de la UCCS ha defendido su posición sobre una regulación férrea que no permita la siembra de semillas modificadas genéticamente en México, frente al temor de que puedan ponerse en peligros razas endémicas como las del maíz.

“El problema en México no se reduce a la ausencia o limitación de regulaciones; abarca áreas como la inexistencia de instituciones ejecutoras y de personal especializado”, dice la organización Greenpeace en un documento expuesto ante la Cámara de Diputados.

 

El país del potencial

Por ahora, la legislación ha permitido a Govaerts trabajar en la mejora de semillas de trigo al interior del CIMMyT, y asegura que gracias al trabajo realizado es alcanzable la meta de abastecer 75% de la necesidad de México en granos básicos como trigo y maíz para 2020.

“Hay un gran potencial de volver a ser la excelencia en investigación de trigo y maíz, así como un reconocimiento de tener la biodiversidad y el acceso a ella”, dice el científico.

Actualmente, CIMMyT trabaja con organismos genéticamente modificados en África, donde se hace la investigación de maíz, y en México sólo en el caso del trigo.

“Estoy firmemente convencido que el sector público debe de tener un aumento grande en inversión en biotecnología”, comenta Bram.

El especialista considera que el sector público debe asumir la responsabilidad de generar consorcios públicos similares a los del sector privado, con una inversión fuerte para tener acceso a esa tecnología que responda a las necesidades del sector agrícola.

El llamado para México es que las instituciones de investigación como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Tecnológicos y de Estudios Superiores de Monterrey, y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional se reúnan como un consorcio con capacidades para dar soluciones al campo mexicano.

“Si queremos resguardar la biodiversidad de los criollos necesitamos tener los bancos de germoplasma, como los del Cinvestav, y también el agricultor debe ser productivo para que la gente no abandone el campo y se garantice que las variedades criollas se preserven”, dice el especialista de origen belga.

La idea es que el agricultor pueda construir menús tecnológicos y no paquetes completos para sus necesidades, con el fin de construir sistemas de producción a la medida de los productores del campo.

Rumbo a la Reforma al Campo, Bram Goverts está convencido de que debe asegurarse el cumplimiento de un marco regulatorio para decidir las soluciones biotecnológicas que el país necesita, y sellar el futuro para los mexicanos: “Hoy en día, México es el país del potencial, pero un potencial no se puede comer”.

 

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