La pandemia del nuevo coronavirus le ha pegado a casi todos los sectores de la economía mexicana, pero hay un nicho específico que está en boga. El tequila. Sobre todo en exportaciones. De acuerdo con la firma de investigación Panjiva, las ventas de la bebida del agave en Estados Unidos crecieron 42% el primer trimestre de 2020. Ese crecimiento se da luego de que el tequila y el mezcal se convirtieron el año pasado en el segundo producto de la categoría de las bebidas espirituosas con el mayor crecimiento en su demanda global, reportó IWSR. Entre 2016 y 2019 las ventas de bebidas de agave crecieron 14.4%. De hecho, de acuerdo con la Consejo Regulador del Tequila, en 2019 se alcanzó la máxima producción histórica de la bebida en un mes, llegando a 330 millones de litros en noviembre. Sin embargo, hay preocupación en el sector. En 2019 se jimaron 51 millones de plantas de agave, un nivel muy inferior a las casi 80 millones cosechadas el año previo. Con la popularidad en ascenso del tequila, con la sed del producto en sus principales mercados (EU y México), así como porque fue una actividad que no paró en su cadena en esta pandemia (se considera como un producto agrícola, por lo tanto esencial) es muy probable que la demanda aumente, la oferta disminuya y los precios, se detonen. Salud, mientras tanto.

PetStar, la mayor planta de reciclaje de PET grado alimenticio del mundo, parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola, presentó su Informe de Sustentabilidad 2019 en el cual refrendó su liderazgo en la economía circular global. El equipo, líderado por Jaime Cámara son parte de una industria considerada esencial ya que está dentro de la categoría industria de alimentos y bebidas no alcohólicas. Así, operan y dan certidumbre a más de 24,000 recuperadores de residuos. El informe realizado de manera virtual bajo el lema “Reciclando con PetStar no dejamos a nadie atrás”, se centró en hacer un llamado para que más empresas migren a modelos innovadores que permitan un crecimiento económico en las poblaciones más vulnerables y soluciones a los retos ambientales actuales.

Barrer las escaleras de arriba hacia abajo para deshacerse de cualquier rastro de corrupción es una misión que Andrés Manuel López Obrador asignó a todo su gabinete. Por ello, Olga Sánchez Cordero habría de voltear a ver al Instituto Nacional de Migración, donde el equipo de Francisco Garduño mantiene como encargada del aseo de sus instalaciones a Decoaro y Supervisión, empresa que solo tiene afiliados a 195 empleados ante el IMSS, a pesar de que sólo por sus contratos con instancias federales tiene comprometida una plantilla de 1,000 colaboradores. A esto se suma que La Dirección General de Administración, a cargo de Carmen Ivonne Ramírez, abrió el proceso IA-004K00001-E33-2020 para renovar el servicio el pasado martes 19 de mayo, casi a las 10 de la noche, y fijó la Junta de Aclaraciones el jueves siguiente, por lo que ninguna de las interesadas tuvo tiempo suficiente para formular sus dudas, a excepción de la actual proveedora.

Quien apuesta por un nuevo negocio es el organismo NYCE de Carlos Pérez, que va por la revisión de la calidad en las pilas no recargables. Se trata de un mercado que maneja marcas como Energizer, Duracell, Sony y Panasonic, entre otras, y que tan solo en la Zona Metropolitana del Valle de México se consumen poco más de 124 millones de unidades al año. Así, NYCE cuenta con el aval para supervisar la NOM-212-SCFI-2017, de pilas y baterías primarias que define las características de las pilas y baterías no recargables, su clasificación por tecnología del sistema electroquímico, los límites máximos permisibles de mercurio y cadmio en su composición, así como su etiquetado y cuidado a la salud y medio ambiente.

Todo indica que, los llamados que hizo el sector empresarial sobre discutir el Proyecto de Ley de Infraestructura de la Calidad, no fueron en vano y se tomarían en cuenta algunas inquietudes, como informó el senador Alejandro Armenta de la Comisión de Hacienda, a través de una videollamada el jueves pasado en la que participaron empresarios como Francisco Cervantes de CONCAMIN, José Manuel López Campos de CONCANACO SERVYTUR, Bosco de la Vega, del CNA, y Jesús Cabrera de la EMA… La preocupación es mucha porque el sistema de evaluación de normas se compone por más de 6,000 pymes que trabajan con ética, profesionalismo y en favor de la salud, seguridad, protección al consumidor, cuidado al ambiente y a las vías generales de comunicación. No es cosa menor ya que hay 180,000 empleos directos y 550,000 indirectos en riesgo en caso de que el Estado retome las facultades que éstas realizan a través de la Secretaría de Economía, de Graciela Márquez.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.

 

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