La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pide al gobierno federal replantar la política social, pues el país registra un aumento en los niveles de pobreza durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo su análisis “señal Coparmex”, se reportan 55.7 millones de personas en situación de pobreza, 10.8 millones de ellos en extrema; pero si se analizan los indicadores de Bienestar Económico, son 66.9 millones quienes tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir, no ganan lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas, según información de la Coneval.
Entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población del país en situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9%, mientras que el número de personas en esta situación pasó de 51.9 a 55.7 millones de personas.
“En términos de carencias sociales, el cambio entre 2018 y 2020 fue un preocupante aumento de 12 puntos”, indica la Coparmex.
Señala que de los 6 indicadores de carencias sociales que mide el índice multidimensional de la pobreza (rezago educativo, servicios de salud, seguridad social, calidad de la vivienda, servicios básicos y alimentación), la mitad empeoraron.
La población en pobreza alimentaria pasó de 27.5 a 29.6 millones; el rezago educativo aumentó de 23.5 a 24.4 millones y la población que no tuvo acceso a los servicios de salud pasó de 20.1 a 35.7 millones.
Asimismo, el 70 % de la población que nace en los 2 quintiles socioeconómicos más bajos, permanece ahí, con pocas posibilidades de superar esas condiciones (movilidad) según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
Para el cierre de este año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calcula que los pobres en México serán 58.1 millones; considerando que las mujeres son más del 50% de la población, el problema aumenta por la falta de oportunidades.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 (PPEF) plantea destinar el próximo año 600,321.9 millones de pesos (mdp) a 16 programas sociales que el gobierno federal considera prioritarios.
“Los programas sociales serían eficaces si hubiesen reducido el número de personas en pobreza, pero eso no ha ocurrido. La desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI que no funcionó, empeoraron la situación, se obligó a miles de mexicanos a acudir a los servicios privados de salud; también, se desmanteló el sistema de abasto de medicinas y se eliminaron las escuelas de tiempo completo. Se han descuidado la salud y la educación lo que ha tenido impacto negativo en el bienestar de los mexicanos y condena a los menos favorecidos a la pobreza”, indica la Coparmex.
Además resalta el hecho de que el 70% de los hogares reciben recursos de al menos un programa social. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020 del Inegi muestra lo contrario ya que sólo 29.7% de los hogares reportó recibirlos.
En 2016, el 67% de los hogares en pobreza extrema declaraba recibir al menos un programa social; en 2020, bajó a 43%.
La misma ENIGH de 2020 muestra que mientras en 2018 el 60.7% del primer decil de hogares más pobres recibía algún programa social, esa cifra cayó en 2020 hasta 39.7 %; es decir, más del 20% de los hogares más pobres quedaron descubiertos con la política social actual.
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Entonces, programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para el Bienestar Benito Juárez, entre otros, tienen una lógica de justicia social acertada pero tienen que ser rediseñados, contar con reglas de operación claras, con padrones de beneficiarios confiables y mecanismos de contraloría social que abonen a la transparencia.
“La política social si bien ha sido eficaz en términos políticos no ha cumplido con su principal objetivo social. Reconocemos que los programas sociales son necesarios ante la pobreza y desigualdad que existe en el país. Proponemos un cambio de objetivo: en lugar de que sea la entrega directa de dinero, que este sea solo un medio; el verdadero objetivo debe ser que las personas y familias salgan de su condición de pobreza”, dice la Coparmex.
Ante esto el organismo empresarial propone 7 acciones:
1. Cambiar el modelo de reparto de subsidios generales por una aplicación focalizada de los programas sociales y corregir la actual asignación de los programas de transferencias monetarias para evitar la exclusión de los hogares de menores ingresos.
2. Retomar el concepto del Coneval que considera que una persona está en situación de pobreza cuando tiene un ingreso menor a la línea de bienestar (valor mensual total de la canasta alimentaria y no alimentaria), para hacerlo el estándar mínimo de ingresos.
3. Garantizar que los empleos a los que acceden las personas vulnerables, como los indígenas y que cuenten con seguridad social.
4. Terminar con la brecha de género, asegurando igualdad de oportunidades.
5. Establecer una política de fomento al emprendimiento, a la economía social y solidaria que permita a las cooperativas y al conjunto de empresas de propiedad colectiva del sector social, crecer, captar inversión, acceder a crédito de la banca de desarrollo a tasas preferenciales, abrir nuevos canales de comercialización en compras públicas y contar con apoyos para la capacitación y la innovación.
6. Avanzar en la construcción de un sistema universal de protección social, para lo cual es imperativo asignar presupuesto igualitario e integrar funcionalmente la atención primaria en salud.
7. Establecer un esquema de transferencias monetarias de emergencia para las personas que pierden su medio de sustento, a través de mecanismos ágiles y transparentes de registro y asignación temporal.
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