La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional promovida por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra de la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de aplazar la consulta de revocación de mandato, impulsada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Fueron las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa quienes admitieron la controversia constitucional y concedieron la suspensión a la Consejería Jurídica, además de que dieron vista a las cámaras de Diputados, Senadores y a la Fiscalía General de la República (FGR) como terceros interesados, según la lista de notificaciones de la Corte.

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“Vistos el escrito de demanda y los anexos de quien se ostenta como Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal (María Estela Ríos), quien promueve controversia constitucional en contra del Instituto Nacional Electoral. Se tiene por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse al momento de dictar sentencia”, señalaron.

En la SCJN hay otra controversia constitucional presentada por el INE en contra de la Cámara de Diputados en la que reclama que el recorte presupuestal de casi 5,000 millones de pesos para 2022 le impide realizar la consulta de revocación de mandato, impulsada y promovida por Morena e incluso por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una tercera controversia constitucional fue presentada por la Cámara de Diputados en contra del INE por haber decidido en su Consejo General aplazar la realización de la consulta de revocación de mandato hasta que la Corte resuelva si deben darse más recursos al órgano electoral para tal propósito.

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Por su parte este lunes el presidente López Obrador dijo estar en contra de la denuncia que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, interpuso ante la FGR en contra de los seis consejeros del INE que aprobaron suspender temporalmente la realización de la consulta de revocación de mandato por argumentar falta de presupuesto.

“Pienso que debe ser la Corte y el Poder Judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial, los que resuelvan, no penalizar nada, yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse”, dijo durante su conferencia matutina este lunes.

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