México vive los índices de violencia más elevados de los que se tiene registro. Antes, la violencia en sus formas más crudas parecía concentrada en ciertas regiones o ciudades. Hoy, lo mismo Ciudad Victoria, que Mazatlán o Colima sufren epidemias de homicidios. Incluso los lugares que habían permanecido relativamente libres del fenómeno, la Ciudad de México y Cancún, muestran también una crisis delictiva. Es evidente que la mayor parte de lo que hemos hecho para garantizar seguridad a la ciudadanía ha fallado. Me temo que el problema ha sido justo ese, que en realidad el objetivo de las políticas no es reducir la violencia. Cuando existen enfrentamientos, o algo parecido, entre fuerzas de seguridad y delincuentes (en realidad no se sabe si todos los son) las muertes siempre se celebran y el gobierno se apura a aclarar que la población no fue afectada. Persiste la idea de que se requiere utilizar toda la fuerza posible para enfrentar de manera directa, como se hace en los conflictos armados, a grupos de personas que se identifica (aunque no existen mecanismos independientes de control) como delincuentes. Eso, supongo, llevaría a que todos los delincuentes (no se sabe bien que papel juegan en cada grupo delictivo) mueran y entonces la sociedad estará en paz.

A estas alturas, no tenemos un diagnóstico serio de las crisis de seguridad y de las opciones de política pública para reducir la violencia. La auditoría de desempeño que hizo la ASF señala que no existe coordinación, ni indicadores, ni buen ejercicio de los recursos. Al inicio de esta administración supuestamente se apostó a la prevención con programas costosos que no dieron resultados y hoy tampoco tienen dinero. Se prometió una gendarmería, es decir una policía nacional, que quedó en un regimiento de la policía federal. La profesionalización de las policías locales simplemente no avanzó, tampoco el uso eficaz de la tecnología para prevenir y detectar a tiempo los delitos, mucho menos la inteligencia financiera para combatir los activos financieros de los criminales. Como se ha fallado en todo, la única apuesta es pedir que fuerzas como las militares, puedan actuar sin respetar las garantías y los derechos de las personas, para hacer el uso de la máxima fuerza posible.

Ante la crisis de seguridad lo que sobran son los pretextos. Se culpa al nuevo sistema penal acusatorio, pero no se presenta un estudio más o menos serio que lo sustente. Se pretende vender la idea de que alargar la prisión de los que no han sido sentenciados va a reducir el delito, cuando lo que se requiere es justo poder sentenciar de manera adecuada a los que efectivamente se prueba que son criminales. De hecho, los homicidios se incrementaron antes de la operación del nuevo sistema acusatorio.

Se dice que es la falta de regulación a la acción del Ejército en las calles, pero la verdad es que el Ejército hace lo que considera conveniente, sin mayores consideraciones. Se dice que el problema son las policías locales, pero solamente se quiere discutir el mando sin que se establezca un Sistema Nacional Policial. El problema es que se pretende aprobar más legislación que incremente las facultades discrecionales de fuerzas armadas y policías, pero eliminar controles y revisiones independientes.

PUBLICIDAD

La Conago, por ejemplo, propone que en el caso de la geolocalización no se requiera que se tenga que pedir autorización a un juez de control. Se ha vendido la idea de que el problema es que gozamos de demasiadas libertades y derechos, que hacen imposible a las autoridades garantizarnos seguridad, por lo que estás deben de restringirse y no es posible, ni recomendable, controlar, ni hacer rendir cuentas a quienes nos protegen.

Aunque los pretextos sobran, las líneas de acción deberían de ser claras. No se podrá prevenir el delito, ni lograr cercanía con la población, ni minimizar el uso de la fuerza, sin un Sistema Nacional Policial (que podría poner el mando en distintas instancias) que sustituya la presencia del Ejército en las calles. Las Fuerzas Armadas se deberán dedicar (y si los hacen tendrá un enorme impacto en la seguridad) a acciones que le corresponden al cuidado de fronteras, mares, áreas naturales e instalaciones estratégicas. Las áreas de inteligencia financiera tienen que ser evaluadas para que cumplan como labor principal en detener a operadores financieros y minar los recursos del crimen organizado.

El sistema carcelario y el penal tiene que ser reformado para que solamente las personas que efectivamente son peligrosas cumplan penas largas de prisión, establecer penas alternativas y evitar que personas que cometen delitos menores se mezclen con auténticos criminales. Eso requiere de sistemas efectivos de investigación de delito para poder atrapar a los verdaderos culpables y establecer penas razonables. Se requiere identificar y desarrollar las políticas que tienen un alto impacto en la prevención de los delitos y acciones para restablecer la paz en las comunidades en las que la violencia se ha vuelto endémica. Sin todos esto simplemente no habrá resultados, solo pretextos.

 

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @vidallerenas

Facebook: Vidal Llerenas

Página web. vidal-llerenas.com

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

Siguientes artículos

barril-petróleo-coberturas
Tensión en Corea pega a petróleo; bolsas resisten
Por

Ante las preocupaciones geopolíticas por el lanzamiento de un misil norcoreano, los precios del petróleo comenzaron la j...