La crisis de inseguridad del país no sólo se mantuvo durante este sexenio, sino que sucedió algo que se pensaba imposible, también se incrementó. Los desaparecidos, los homicidios y los secuestros alcanzan dimensiones mayores a los de las guerras del sur y del centro del continente de hace cuatro décadas.

El principal responsable es el gobierno federal. Es el encargado de coordinar y concretar políticas efectivas de seguridad ciudadana. Si uno revisa la auditoría de desempeño que realiza la ASF al Sistema Nacional de Seguridad Pública, encuentra que la política de seguridad a cargo de la Secretaria de Gobernación no se basa en evidencia y que no se orienta a reducir los índices de criminalidad. En esta situación, el gobierno evade la responsabilidad y se esconde detrás del Ejército para evitar rendir cuentas.

Acusa a quienes cuestionan las políticas de seguridad de ser enemigos de una institución como las fuerzas armadas del país, cuando lo que en realidad sucede es que al final del sexenio el gobierno abandonó sus promesas iniciales de reducir la inseguridad con políticas de prevención y policías debidamente entrenados.

Ahora el gobierno se aferra a mantener la actual estrategia de seguridad. Para ello impulsa una ley, la de seguridad interior, que se inspira en las leyes “patrióticas” de Estados Unidos, al relajar la transparencia y los controles sobre las fuerzas de seguridad.

PUBLICIDAD

Los que en realidad pusieron en riesgo a las fuerzas armadas fueron los gobiernos de Peña y de Calderón que enviaron al Ejército a las calles a realizar una tarea para la que no estaban preparados, sin un plan claro de salida. Los pusieron en riesgo también cuando ante los excesos que los militares cometieron, en ciertos operativos, no se investigó, ni se procedió con el rigor debido, por lo que se generó la sospecha entre la sociedad mexicana, que se ofrece impunidad a los militares.

La operación masiva de militares en tareas de seguridad pública, inevitablemente implica riesgos graves para los derechos humanos de la población. Es por eso que esta debe ser una decisión de última instancia, temporal y con múltiples controles civiles. Lo que sucedió es que la operación militar ha tenido un carácter indefinido y no se fortalecieron ni las policías, ni las otras instituciones de seguridad y justicia.

Por eso no es ni posible, ni deseable que el Ejército se retire de las calles en el corto plazo. Como el Ejército puede hacer poco para prevenir el delito y como, por su propia naturaleza, maximiza el uso de la fuerza, pues la violencia no se redujo. Nos encontramos en un punto en que es necesario que los militares sigan en tareas de seguridad pública, pero no es la solución de mediano plazo, eso solo pasa por policías eficaces y buenas agencias de investigación del delito.

El gobierno falló en atacar las causas estructurales de la delincuencia, como la falta de oportunidades laborales o de integración social. No hemos podido reducir el tráfico de armas. Tampoco pudo combatir a las organizaciones criminales por medio de acciones contra el lavado de dinero y en general de inteligencia para desmantelarlas o reducir su poder. No exploramos alternativas, como una nueva política de drogas que ponga en acento en la reducción de riesgos y daños, no en la criminalización.

El gasto público en seguridad, jamás evaluado, es un espacio para la opacidad y la corrupción. No somos siquiera capaces de mantener el control de nuestras cárceles, o al menos evitar que sean las principales escuelas del crimen. De todo esto nadie rinde cuentas, ni intenta hacer algo de manera distinta.

De todo lo anterior lo militares no son culpables. Lo son las autoridades civiles que han tomado decisiones equivocadas y no asumen su responsabilidad de proporcionar seguridad a la población. De hecho, los civiles que enviaron a los militares a las calles, sin los controles necesarios, son responsables de los excesos. Ahora, con las leyes de seguridad interior, se pretende crear un espacio para que la acción militar sea permanente, más discrecional, con menos transparencia y supervisión.

Eso no hará que la violencia disminuya, tampoco que el Ejército se encuentre en una mejor situación jurídica. Lo que sí puede suceder, es que las autoridades civiles encargadas de la seguridad se desentiendan de sus responsabilidades, con pretexto de que ahora el ejército ya está facultado legalmente para hacerlo.

Con la supuesta defensa del Ejército, el gobierno evade debatir en serio las políticas de seguridad y dar cuenta de los resultados de las políticas. La disyuntiva no es poner en riesgo las garantías individuales y renunciar al control de nuestras fuerzas armadas con el supuesto fin de lograr seguridad.

Si el objetivo es fortalecer la capacidad estatal para combatir al crimen organizado, entonces tenemos que construir policías e instituciones preparadas para ese fin, capaces de ganar la confianza ciudadana, que tomen decisiones basadas en investigación y acciones de inteligencia, que utilicen la fuerza con la magnitud requerida, minimicen los riesgos de los daños no deseados y respeten los derechos humanos de las personas. Esa es la única manera de hacerlo y para lograrlo necesitamos un análisis crítico de lo hecho de materia de seguridad, y no esconderse detrás del Ejército para golpear a los adversarios políticos.

 

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @vidallerenas

Facebook: Vidal Llerenas

Página web. vidal-llerenas.com

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

Siguientes artículos

2017 será grande para la impresión 3D en México: Stratasys
Por

A pesar de la inestabilidad de la economía, el fabricante de impresoras industriales y dueño de Makerbot tiene buenas pe...