El escándalo sobre la evidente acción de espionaje por parte del gobierno federal a periodistas y activistas de los Derechos Humanos deja muchas preguntas abiertas. Es claro que no existen los controles suficientes ante agencias públicas de seguridad que cuentan con incontables recursos para supuestamente combatir el crimen organizado en el país. Es también posible que instituciones como la PGR, el CISEN y el propio Ejército hayan desarrollado sus propias agendas políticas y su política pública, y por tanto sea de su interés espiar a actores políticos, sociales y a periodistas.

Del escándalo también se muestra la facilidad con la que se pueden adquirir equipos de enorme costo, sin supervisión, para ser utilizados con fines políticos. Eso es facilitado por el hecho de que toda información que se relaciona con seguridad se clasifica como reservada, sin que se ofrezca una versión pública que revele datos no peligrosos, pero útiles evaluar la pertinencia del gasto y de las políticas.

En varias ocasiones hemos insistido en la gravedad del uso de la partida 33701 denominada Seguridad Pública y Nacional. Se trata de una partida que desde el año 2013 tiene un presupuesto original, aprobado por los diputados, de 500 millones de pesos (mdp), pero que a lo largo del año recibe ampliaciones para superar los nueve mil mdp. Se trata de una partida que no se desglosa y de la que cuando se piden datos adicionales las ejecutoras del gasto no la proporcionan bajo el argumento de que se trata de información reservada, precisamente por ser de seguridad pública nacional.

Sin embargo, es muy poco probable que toda la información que se deriva del gasto de dicha partida ponga en riesgo al país. Uno pensaría que es posible conocer en términos generales los servicios que contrataron y en muchos casos detalles como precios y especificaciones, también de los mecanismos de auditoría interna que se han establecido. En los hechos estamos hablando de que el gobierno tiene una partida secreta de nueve mil mdp. En el nombre de la fallida tarea de combatir el crimen se dispensan los más mínimos requisitos de rendición de cuentas.

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La magnitud de la secrecía y los incrementos que se le otorgan a la partida 33701 llama poderosamente la atención. Es también, por lo menos, extraño que instituciones de seguridad, como la Comisión Nacional de Seguridad Pública o la Secretaría de Marina gasten miles de millones en una partida de servicios de seguridad.

Me explico, de acuerdo con el clasificador del objeto del gasto federal, la partida corresponde al capítulo 3000 entonces son servicios generales, como es 3300 es de servicios profesionales, científicos, técnicos y otros, como es 700 de seguridad pública o nacional. Estas partidas se deberían utilizar para que una institución gubernamental, por decir algo la Secretaría de Salud o la de Comunicaciones, contrataran servicios de seguridad, lo que no se entiende es porque lo hacen las propias agencias de seguridad. Los servicios profesionales o técnicos que estas dependencias contratan deberían de estar registrados en rubros como servicios informáticos, de capacitación, de logística, etc., no en la de seguridad. De la manera como se hace, tautológica, se puede contratar cualquier cosa, sin que se pueda medir su pertinencia, eficacia y si se contrató al precio correcto.

Urge quitar al gasto y a las políticas de seguridad la posibilidad de que no se le aplique regla alguna de transparencia y control en nombre de la necesidad de combatir el crimen. De hecho, no somos eficaces en esa tarea justo debido a que no evaluamos nuestras estrategias de seguridad e inteligencia, por lo que no utilizamos los mejores instrumentos para combatir el delito, mientras que ponemos en riesgo las libertades de las personas. Se requiere de mayor participación del Poder Judicial, del Congreso, de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, de hacer uso de las mejores prácticas internacionales como agentes de control para evitar el evidente abuso en el uso de recursos e instrumentos de seguridad. Este tipo de controles son fundamentales para que la inteligencia en materia de seguridad sea compatible con un gobierno democrático, de otra manera no se podrán garantizar las libertades civiles más básicas a los ciudadanos.

 

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Correo: vidal.llerenas@congreso.gob.mx

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