En 1977, después de una elección presidencial de un solo candidato que complicaba el panorama de justificación democrática al partido gobernante, PRI, el Secretario de Gobernación del gobierno de López Portillo, Jesús Reyes Heroles, desarrolló una Reforma Política que organizaba de manera sistemática la participación de partidos de oposición en las contiendas electorales, sintetizada en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (Loppe) que contemplaba la creación de un Colegio Electoral, abría la posibilidad de registro a partidos a los que se había negado tal posibilidad -el PRI, en una maniobra por mantener el control de elecciones había abierto el registro a dos partidos de oposición ‘a modo’, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, y el Partido Popular Socialista, PPS, ambos satélites del gobierno-, autorizaba coaliciones, ordenaba distribución de tiempos aire en radio y televisión para todos los partidos registrados y creaba el nuevo modelo de representación proporcional -los famosos plurinominales- que pretendía balancear el juego de poder en una nueva Cámara de Diputados que pasaba de 186 a 400, de los cuales 100 serían plurinominales.

Es decir, 100 diputados elegidos no por voto de mayoría -voto directo-, sino por el porcentaje de votos obtenidos por los candidatos en campaña, triunfos de mayoría, que deberían ser menos de 60 para poder recibir el beneficio de la plurinominalidad. Aunque aparentemente con ello se equilibraban los juegos de poder en la Cámara de Diputados, en realidad la estrategia política de Reyes Heroles fue crear una conveniente fragmentación en la oposición disfrazada de apertura democrática. Al otorgar facilidades para que se registraran nuevos competidores políticos en forma de partido, siempre y cuando demostraran más de cuatro años de ‘actividad política sostenida’ y representaran ‘una corriente política definida’.

Así, entre 1979 y 1985 obtuvieron su registro el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Demócrata Mexicano, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Partido Mexicano de los Trabajadores. Estos partidos, sumados a los ya mencionados PARM y PPS, y el de mayor oposición y peligro para el establishment PAN, quedaban atrapados en un nuevo juego político que dispersaba la potencial fuerza acumulada de oposición en un contrapeso real único, al fragmentar la oposición en múltiples instituciones políticas que, seducidas por la atracción financiera, ahora tendrían acceso a ‘prerrogativas’ -recursos financieros para su operación y gastos de campaña disfrazados de excepción de impuestos, y presupuestos para materiales de trabajo y operación- tanto en proceso electoral como fuera del mismo. Sin perder el control gubernamental de los procesos electorales, pues la máxima autoridad en la materia seguiría siendo el propio gobierno a través de la Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaria de Gobernación, la estrategia de pulverización de las fuerzas políticas reales de oposición rendiría sus primeros frutos en las elecciones intermedias de 1979 y la presidencial de 1982.

La funcionalidad de la Reforma Política de Reyes Heroles de 1977 alcanzó hasta la elección presidencial de 1988 cuando el crecimiento paulatino de fuerzas de oposición rompió la estructura aún en control del gobierno federal, cuando la figura del secretario de Gobernación declaró la caída del sistema de resultados entre sospechas estridentes de una competencia cerrada en los resultados que se tardaron demasiado tiempo en anunciarse. Caída del sistema a la que, por cierto, meses después, en entrevista a Jacobo Zabludovsky, el presidente Miguel de la Madrid se referiría como silencio, pues en cadena nacional aclaraba a Zabludovsky que el sistema se había callado, no caído. Esas puntadas, más la dificultad para presentar un resultado creíble, llevaron a la creación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) a partir de modificaciones constitucionales que dieron origen, el 11 de octubre de 1990 al Instituto Federal Electoral que, si bien mantenía el control el gobierno a través de la presidencia del Consejo General que ocuparía el secretario de Gobernación en turno, sustituía a la Comisión Federal Electoral (IFE) dando entrada a representantes de partidos políticos al Consejo General. En 1994 se modificaron los estatutos de los consejeros, hasta entonces representantes del Poder Judicial -consejeros magistrados- para crear la representación de la sociedad en la figura de consejeros ciudadanos, primero, y más tarde consejeros electorales, como hasta hoy. En 1996 y en continua reformación para adecuarse a la actualidad de la competencia política, la presidencia del IFE dejó de ser una atribución de la secretaria de Gobernación y pasó a ocuparla un ciudadano sin, en teoría, ser representante de ningún partido político, y elegido por dos terceras partes de la Cámara de Diputados de entre una selección de candidatos representando la sociedad civil. Con el fin de evitar la ‘contaminación’ de los partidos políticos en su búsqueda de recursos, a partir de ese 1996 la administración de prerrogativas -los recursos para operar y para participar en procesos electorales- se fue incrementando hasta llegar a la última reforma, consecuencia del ‘Pacto por México’ que da pie a la transformación del IFE a INE, Instituto Nacional Electoral a partir del 4 de abril de 2014.

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Si bien bajo la inteligencia sobresaliente de Reyes Heroles la Reforma Política que pretendía desmantelar la oposición a través del famoso ‘divide y vencerás’ logró su objetivo, debido a la irresponsable y desastrosa administración de López Portillo, que llevó a México a la segunda gran crisis financiera en menos de seis años bajo gobiernos del PRI, no pudo contener el creciente descontento que formó cuadros naturales de oposición que, aunados a la oposición al interior del propio PRI en el proceso de selección de candidato para la presidencia en 1987, se reforzaron abriendo la lucha política hasta literalmente forzar a la ciudadanización del Colegio Electoral que, debido a los abusos sistemáticos del gobierno en el manejo de los procesos electorales y la consecuente información, era la única forma de dar credibilidad a las elecciones. Sin embargo, el triunfo de una oposición intelectual y responsable que inició brillante y esperanzadoramente el trabajo civil en la organización de la nueva democracia para el siglo XXI, no pudo escapar del germen planteado desde su nacimiento, el nacimiento del IFE, del INE, el germen de la fragmentación política que tuvo más peso que todas las reformas y, con un presupuesto de más de 30,000 millones de pesos que, con la reforma de 2014 da atribución total al INE para la administración y manejo presupuestal de todas, repito, todas las elecciones federales, estatales y municipales, eliminando la autonomía de los institutos estatales, centralizando el poder total, financiero y organización en el Consejo General del INE, convirtió la actividad electoral en nuevo rehén de los intereses económicos de políticos que encontraron en la esencia de aquella reforma de 1977 la naturaleza que hoy ha creado un organismo que paraliza la competencia de ideas, ha detenido el dinamismo ideológico de la necesaria propaganda partidista, y, sin tomar en cuenta los nuevos medios por los cuales la sociedad ha entrado en una etapa más abierta y consiente de la necesidad de dialogo político, se ha establecido como una inquisición cuyo poder destruye la posibilidad de elecciones libres.

Con la concentración del poder financiero total en todo lo referente a elecciones -presupuesto de partidos políticos, presupuesto de materiales de trabajo, de campaña, de sueldos y salarios de funcionarios electorales a nivel nacional- y con la concentración de poder político para calificar o descalificar el comportamiento y acciones de partidos políticos, candidatos, precandidatos, medios de comunicación, prensa, funcionarios de gobierno de todos los niveles, y ciudadanos en general, el INE se ha convertido en una estructura monolítica que no sólo ha afectado la distribución local de recursos en procesos electorales (en el pasado, los Institutos Electorales Estatales manejaban el presupuesto de contratación de insumos para procesos electorales -papelería, mantas, lonas, artículos promocionales de campaña, de promoción del voto, etc.- así como para la contratación de espacios locales en radio, televisión y prensa escrita, con ello beneficiando las economías locales) centralizando la decisión de compra, sino también ha provocado una parálisis de la actividad proselitista de los actores políticos, con ello impidiendo la auténtica contienda de propuestas de gobierno y de las distintas ideologías representadas, en beneficio del poder fáctico de gobierno.

Con un poder actual que sobrepasa incluso las discretas y sofisticadas estrategias de control escondidas en la reforma original de 1977, como lo comentamos hace una semana respecto al fuero, la propia existencia del INE en el contexto de 2017 debería estar en revisión. Las prioridades de supervisión y cuidado de los abusos del gobierno en beneficio de la conservación de poder se han pervertido, y el cuidado sobre el comportamiento de partidos políticos dentro y fuera de campaña se han desviado de su objetivo. Mas que cuidar el limpio desempeño de participantes en procesos electorales, pareciera que el INE ha encontrado la forma de institucionalizar la trampa. Las acciones consecuentes a los procesos electorales pasados en Coahuila y en el Estado de México, son la muestra más clara.

La propuesta de un Frente Amplio Opositor es por fin la reacción de fondo, 40 años después, a la lógica de fragmentación de la oposición del gobierno federal. Para poder hacerse realidad, tendrá, primero que nada, transformar o eliminar a la institución que ha avalado históricamente esa fragmentación y que de hecho vive de ella, el INE.

 

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