La revolución tecnológica, de la misma forma que antes la revolución industrial y la revolución social cambiaron nuestro mundo, está provocando aperturas de pensamiento, de visión, a una velocidad extraordinaria que, muchas veces, no alcanzan a ser digeridos por las nomenclaturas que, en obstinada conveniencia, insisten en mantener un statu quo que hasta antes de esta revolución tecnológica había sido funcional. El exceso de información, la horizontalidad de la misma que permite un juego interactivo de altísima eficiencia informativa, ha creado un mundo nuevo en el que todo se sabe, todo se difunde, nada se esconde, y los criterios de convivencia, de autoridad, de respeto a las instituciones son todos vapuleados desde su raíz rompiendo con ello paradigmas que habían ayudado a mantener un orden social y político. Al destruirse esos criterios a partir de la exhibición constante de las formas y estilos de vida que realmente ocurren detrás de la pantalla ‘honorable’ de servidores públicos, hemos quedado expuestos a la cruel exposición de la realidad del abuso sistemático de clases dominantes, políticamente hablando, en beneficio propio dejándonos en un total abandono en cuanto a las necesidades comunitarias y las promesas de mejores calidades de vida.

La interpretación equivocada de los servidores públicos sobre sus atribuciones para el desempeño correcto de sus responsabilidades ha alterado el orden de la mecánica gubernamental para convertirla en un auténtico botín repartido por grupos que organizadamente, y con el respaldo total de las leyes e instituciones, ‘están en su derecho’ de abusar.

En este sentido hay dos conceptos de vital importancia en nuestra sociedad actual que, sobrevivientes agonizantes de momentos históricos importantes, son los protagonistas del estacionamiento de nuestra evolución política. Uno es el fuero constitucional, otro es el Instituto Nacional Electoral. Ambos conceptos nacidos como balance y equilibrio del ciudadano común y corriente ante el poder del Estado, a lo largo de su existencia se han modificado para convertirse hoy en lastres, ambos, que desvirtuando totalmente la esencia de su origen, no sólo han detenido el potencial progreso sociopolítico de México, sino que se han convertido en destinos aspiracionales de las intenciones corruptas de ciudadanos… cada vez más comunes y corrientes.

El fuero, surge como una auténtica necesidad de supervivencia política ante el Poder Ejecutivo después de las repetidas intrusiones violentas del poder gubernamental. Desde la disolución del Congreso por parte de Agustín de Iturbide en 1822, hasta el arresto de 84 diputados  por órdenes de Victoriano Huerta, casi un siglo después, en 1913*, la imposibilidad de manifestar ideas que muchas veces eran necesariamente críticas, provocó que en la Constitución de 1917 quedara claramente estipulado el fuero entre los artículos 108, 109 y 110, en los que se define qué es servidor público, se señalan sus obligaciones y se establece el argumento limitativo de destitución sólo a través de juicio político.

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Entendiendo el momento histórico de la declaratoria de protección a los servidores públicos como una forma de limitar el sustancial poder del gobernante en turno, efectivamente logró su cometido al dar una protección importante a pensadores opositores que evitarían el juicio político ‘por la mera expresión de ideas’*. Sin embargo, al construirse una democracia dinámica a partir de 1977 -momento en el que se da la primera gran reforma electoral que sería el inicio profundo del Instituto Nacional Electoral- y el sistema abrirse a nuevas manifestaciones de oposición política, el uso del fuero como moneda de cambio por un lado, y como garantía de protección a la complicidad partidista por otro, pervirtió completamente su noble origen y abrió las puertas a nuevas generaciones de oportunistas que, cada vez más, entre 1988 y 2017, entendieron que su uso distorsionado, ofrecía en realidad protección para llevar a cabo prácticamente cualquier actividad en los márgenes de la ley, asegurando de facto la impunidad.

En Estados Unidos, país de donde tomamos los principios constitucionales de la República Mexicana, no existe el concepto de fuero por considerar que viola ‘el principio de igualdad ante la ley y de imparcialidad de la justicia’* al otorgar a un grupo de personas, miembros de la misma comunidad, atribuciones legales que claramente los diferencian del resto. En México, este grupo con atribuciones excepcionales para literalmente violar la ley sin consecuencias son: ‘…los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el procurador general de la Republica, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos’. Los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y miembros de los consejos de las judicaturas locales, el juicio político ‘no concluye con una sanción por parte del Congreso Federal, sino solamente con una declaración que se comunica a las Legislaturas Locales’*.

El presidente de la República es beneficiario de un régimen legal aún más específico y único en el que sólo puede ser acusado de traición a la Patria y de delitos graves del orden común, ‘y el juicio no se realiza ente los tribunales del Poder Judicial Federal, sino que se conduce por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, la de Diputados, en condición de fiscal y la de Senadores con el carácter de juez’*.

En este sentido, y en medio de la revolución tecnológica, todas la informaciones que se cruzan miles, cientos de miles de personas diariamente denunciando ilegalidades, arbitrariedades, actos de abuso de poder, de acuerdo nuestra Constitución, no quedarán más que en actos de desahogo que no podrán nunca ser juzgados en tanto dos terceras partes del Congreso otorguen una declaratoria de juicio político, inhabilitando con ello el fuero, y entonces, sólo entonces, cualquiera de los funcionarios citados anteriormente podría ser llevado ante la justicia. Sin juicio político, el fuero sólo concluye por muerte, renuncia al cargo -cuando se pide licencia al cargo el fuero sigue existiendo-, o conclusión del cargo.

El dinamismo de la revolución tecnológica está ya ofreciendo el juicio social, la crítica colectiva que exhibe la naturaleza equivocada de servidores públicos, y seguramente es un gran inicio de transformación.

En tanto el fuero no desaparezca, difícilmente ninguno de los funcionarios que conforman el sistema de gobierno en México podrán asumir responsabilidad personal o ética, al no existir el riesgo de una sanción penal.

La naturaleza humana no es justa ni equilibrada, y sin contrapesos y amenazas reales de consecuencia a las acciones personales, será prácticamente imposible que el fenómeno de la corrupción y la irresponsabilidad de gobierno desaparezcan o siquiera disminuyan.

La insistencia en la denuncia y difusión, con los nuevos medios a cargo de toda la comunidad, son la herramienta que paulatinamente influya en los necesarios cambios a nuestra estructura política. Todos somos comunicación.

Del INE, hablamos la próxima semana.

*Biblioteca jurídica virtual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

*‘El fuero constitucional’, Gabriela Mojica Rayón.

 

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