Los fiscales, la abogada del Estado y la acusación popular, ejercida por el partido de extrema derecha Vox, fueron quienes presentaron pruebas para convencer de que los catalanes habían cometido infracciones.
Con una combinación de argumentos políticos y jurídicos, las diferentes partes acusatorias han insistido en la necesidad de juzgar a los independentistas encausados, para defender el Estado de Derecho y el sistema democrático español.
Las tres partes acusatorias divergen en los delitos y penas que imputan a cada uno de los acusados, pero tienen como base común el considerar que la celebración del referéndum del 1 de octubre (referéndum 1O) y la siguiente declaración unilateral de independencia (DUI) fueron ilegales y, por tanto, no pueden quedar impunes.
Esto es así porque, argumentaron, los hechos de 2017 violaron la Constitución; quebrantaron el sistema democrático español, al utilizar la consulta para imponer un orden político a los ciudadanos catalanes; y atentaron contra los derechos de los ciudadanos españoles, que se les impidió participar en unos hechos que afectaban a su soberanía nacional.
“Quieren transformar en víctimas de persecución política a los que han quebrantado el orden constitucional”, afirmó el fiscal Javier Zaragoza, el primero en hablar, en respuesta a las argumentaciones de los abogados de la defensa del día anterior.
Tuit del actual presidente del gobierno catalán con el calendario de movilizaciones en protesta por el juicio 1O: “Estamos al lado correcto de la historia y hemos defendido nuestro mandato democrático y nuestro compromiso: Hacer la República Catalana. #YoAcuso #Yomemovilizo #autodeterminacionnoesdelito”.
Se juzgan acciones, no ideas políticas
“Ninguno de los acusados ha sido perseguido por sus ideas sino por sus acciones en setiembre y octubre de 2017”, dijo el fiscal Zaragoza. Éste afirmó que los políticos acusados llevaban años defendiendo la causa independentista sin que nunca fuesen arrestados o detenidos. “Se ha puesto en marcha la justicia penal cuando han llevado a cabo acciones que han quebrantado la Constitución”, concluyó.
Pero si bien el Ministerio Fiscal insistió en que se juzgan hechos y no ideologías, la naturaleza política del pleito volvió a notarse al inicio de la intervención del abogado del partido de extrema derecha Vox, Pedro Fernández Hernández.
El letrado solicitó a los siete magistrados que se prohibiesen sobre el uso de lazos amarillos en la sala por su “carga política indudable”, dijo. Estos lazos se han convertido en el símbolo para defender la inocencia de los presos políticos catalanes (no de la causa independentista).
Fernández se quejó al ver que uno de los acusados llevaba el signo distintivo en su solapa, a lo que el magistrado presidente de la Sala, Manuel Marchena, respondió que los símbolos ideológicos y religiosos podían exhibirse, según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La segunda sesión del juicio de el procés terminó pasadas la 1 de la tarde, y dio por cerrada la fase de cuestiones previas, es decir, los argumentos que las partes pueden alegar para evitar que el juicio oral se celebre.
El pleito se reanudará mañana a las 10 de la mañana, con la declaración del exvicepresidente de la Generalitat de Catalunya (gobierno catalán), Oriol Junqueras. Será la primera vez que el público general le oiga la voz y le vea hablar, después de ingresar a prisión preventiva hace ya más de un año.
Josep Rull, uno de los exsecretarios encausados: “La Fiscalía explica la coherencia del sistema democrático español: ‘La Constitución no es militante. Se puede adoptar toda ideología’. Exacto, siempre que no la quieras poner en práctica. Luego, prisión”.
Dos días de un largo juicio
Diez políticos y dos activistas catalanes enfrentan penas de entre 7 y 25 años de prisión por haber participado en la organización y celebración de un referéndum de autodeterminación prohibido por el Tribunal Constitucional, el 1 de octubre de 2017, y por haber declarado unilateralmente la república catalana, suspendida por ese órgano judicial.
Nueve de los encausados llevan más de un año en prisión preventiva y tres están en libertad condicional bajo fianza.
La defensa de los encausados alegó durante la sesión del martes violaciones a los derechos humanos de sus defendidos; falta de imparcialidad del os siete magistrados al cargo de la causa, y defendieron la necesidad de que la lucha independentista se resuelva en sede parlamentaria, no judicial. Esto, para impedir un proceso judicial que, a su parecer, juzgará a los políticos encausados por sus ideas políticas.
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