Esta semana, los integrantes de la Cámara de Diputados se enfocarán en analizar y aprobar el dictamen de la reforma laboral.

Diputados de diferentes fracciones parlamentarias han presentado iniciativas para modificar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo desde septiembre del año pasado con el objetivo de adecuar las normas laborales del país a los acuerdos que se alcanzaron Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El pasado 2 de abril, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, advirtió que el Congreso no votaría el T-MEC a menos que los legisladores mexicanos aprueben la reforma laboral, pero Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, negó que la activación de la discusión en torno a la reforma se deba a dichas advertencias.

Las declaraciones de la congresista estadounidense no pasaron desapercibidas para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió a los legisladores aprobar la reforma laboral de acuerdo a los términos que se estableció en la renegociación del acuerdo comercial de los tres países.

El dictamen prevé reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de la Defensoría Pública, la Ley del instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.

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La iniciativa, integrada en más de 600 páginas, se enfoca en el fortalecimiento de los mecanismos de la contratación colectiva, libertad sindical y la creación de tribunales laborales, todo con el objetivo de generar “condiciones que aseguren la vida digna y la salud para los trabajadores y sus familiares dependientes”, así como garantizar un ambiente libre de discriminación y de violencia.

Establece la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, mismo que realizará la función conciliadora, llevará el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, establecerá el Servicio Profesional de Carrera y seleccionará, mediante concurso abierto, a su personal, así como planes de capacitación y desarrollo profesional.

Asimismo, contempla la integración de que los centros de conciliación de las entidades federativas y de la Ciudad de México en sustitución a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Precisa que los patrones tienen prohibido obligar a sus trabajadores a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a la que pertenezcan, así como a realizar cualquier acto u omisión que atente contra su derecho a decidir quién debe representarlos en la negociación colectiva. Asimismo, deberán evitar realizar cualquier acto tendiente a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan sus trabajadores.

Libre afiliación

El documento señala que los miembros de los sindicatos, federaciones y confederaciones, cuentan con los derechos de libre afiliación y de participación al interior de éstas, que implica que nadie podrá ser obligado a formar o no parte de estos grupos.

Los procedimientos de elección de sus directivas deberán salvaguardar el derecho al voto personal, libre, directo y secreto de los miembros y el periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido o de una temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de los afiliados.

La iniciativa también establece que un sindicato incumple con su objeto o finalidad cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsión en contra de los patrones y en caso de comprobar estas conductas para demandar la cancelación del registro sindical.

Y señala que los patrones y trabajadores implementen un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil.

Está previsto que este documento se presente ante el pleno de la Cámara de diputados este jueves, después de su aprobación en la comisión de Trabajo y Previsión Social.

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