La Cámara de Diputados, erigida en jurado de procedencia, retiró el fuero constitucional al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por no contar con sus exámenes de control de confianza requeridos por ley.
El órgano legislativo, como ente acusador, emitió la declaración de procedencia, pero no juzgó la culpabilidad o inocencia de Carmona, es decir, sólo eliminó el fuero constitucional para que posteriormente el servidor público pueda ser juzgado por las autoridades judiciales.
Con 230 votos a favor de Morena y sus aliados, 20 en contra de Movimiento Ciudadano y 170 abstenciones del PAN, PRI, PRD, los legisladores decidieron retirarle la inmunidad procesal, mejor conocido como fuero, a Uriel Carmona.
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La solicitud de desafuero fue presentada en diciembre de 2020 por Emiliano Villa Caballero, fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismos, Acopio y Tráfico de Armas en la Fiscalía General de la República (FGR), por incumplimiento de los requisitos para ser fiscal en Morelos.
En su calidad representante de la Fiscalía General de la República (FGR), Juan Gabriel Morales, narró que el 1 de octubre de 2020 se recibió una denuncia en la Unidad Especializada de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas en la que se señala que Uriel Carmona fue nombrado fiscal de Morelos en febrero de 2018 sin contar con los requisitos legales, que es tener vigente sus exámenes de confianza, para ocupar el cargo. Además, éste nombró a servidores públicos, quienes tampoco tenía estos documentos.
Explicó que el artículo 21 de la Constitución establece la obligación de que todo servidor público que pertenezcan a las instituciones de seguridad publica deberán tener aprobados sus exámenes de control de confianza y vigentes en el momento en que son nombrados.
“Este es un requisitos que no puede ser dispensado a ninguna servidor público. Es claro que Uriel Carmona probablemente ejercicio el cargo de fiscal de Morelos sin tener cubiertos todos los requisitos que la legislación exige para ocuparlos (…) Es claro que debe retirarse la inmunidad procesal con la que cuenta Uriel Carmona con la finalidad de que se pueda ejercer la acción penal. Señores diputados, nadie por encima de la ley”, declaró el agente del Ministerio Público de la Federación de la FGR.
A su vez, Gabriel Regino García, defensa de Uriel Carmona, calificó como “revancha política” las acusaciones contra el fiscal; recordó que desde 2014, gobernadores estatales obligaron abdicar a 17 fiscales estatales bajo amenazas de denuncias disfrazadas de motivos personales.
El defensor mencionó que ante la negativa del fiscal de Morelos de respaldar un juego político en contra de administraciones anteriores en el estado, “de repente” apareció en un correo interno de la FGR una denuncia anónima dirigida específicamente a la Unidad de Combate al Terrorismo que señalaba al fiscal de estar coaligado con organizaciones delictivas, pero, aseguró, no encontraron nada.
“Desde inicio de la administración de Cuauhtémoc Blanco se le pidió a la Fiscalía proceder -como habitualmente se hace- plenamente en contra de la administración anterior sin mas pruebas que el simple ánimo de revancha o el cumplimiento de encomiendas indecibles”, dijo.
Regino mencionó que al no encontrar nada a Carmona sobre su presunta relación con organizaciones delictivas, la FGR tuvo que recurrir a una persona que denunciara que el fiscal no cumplía con los requisitos para ocupar dicho cargo que son tener vigentes sus exámenes de confianza, lo cual, aseveró, es cierto, pero no es un delito.
“Se le acusa al fiscal de haber asumido al cargo sin contar con los exámenes de control de confianza, lo cual es cierto, pero no es delito, y no es delito porque la Constitución de Morelos no lo exige como requisito. Hoy en día el fiscal cuenta con todas esas certificaciones que hizo a los dos meses de haber tomado el cargo de fiscal”, aclaró.
