Luego de dos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el sector energético se desliza entre la fragilidad del marco legal vigente, la captura de los órganos reguladores y una política que pretende recuperar el poder dominante de sus empresas estatales, ante su promesa de soberanía energética.

A pesar de la severa crisis económica que ocasionó la pandemia de Covid-19, traducida en millones de trabajadores despedidos y cierre de miles de pequeñas y medianas empresas, las metas gubernamentales se mantienen, mientras una dependencia energética con el extranjero se consolida: la importación de gas natural.

La actual administración ha destinado 2 billones de pesos de los contribuyentes al fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras las autoridades suspendieron más competencia privada en el sector, al limitar la participación a contratos de servicios hacia dichas compañías, mientras que el mandatario ha expresado que no le interesan los negocios privados.

El principal objetivo del gobierno autodenominado de la “Cuarta Transformación” (4T) es acabar con la importación de combustibles, principalmente de gasolina y diésel con menores exportaciones de crudo y mayor refinación nacional. Incluso, la administración de López obrador está construyendo una refinería de 8,900 millones de dólares en Dos Bocas, Tabasco, para acelerar esta meta.

“En 2023 dejaremos de importar gasolinas porque lograremos la autosuficiencia con la entrada en operación de Dos Bocas y la modernización de las seis refinerías existentes”, declaró el político tabasqueño durante el discurso por su segundo año de gobierno.

La 4T también pretende que la CFE retome su rol protagónico en la generación eléctrica y que produzca en 2024 al menos 54% de la luz que demanda el país y el resto vendría de la iniciativa privada.

El gas natural es el principal insumo para la generación eléctrica y las actividades de la industria pesada, además del autoconsumo de Pemex en sus plataformas; pese a ello, este energético arrastra 10 años de declive productivo.

Un botón de muestra: en 2020, casi 70% de la electricidad que generó CFE se produjo con gas natural y 64% de éste vino de Estados Unidos, por lo que el fortalecimiento de la empresa que dirige Manuel Bartlett Díaz está arriesgando no sólo la soberanía, sino la seguridad energética del país ante la escasez del energético.

El pasado 30 de noviembre de este año, el presidente y la iniciativa privada revelaron un plan de infraestructura energética que incluye la construcción de 6 centrales eléctricas de ciclo combinado de gas natural y vapor, promovidas por la empresa estatal.

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“Ahora la prioridad es dejar de importar gasolinas, pero es mucho más estratégico dejar de importar gas, no solo por soberanía, sino por seguridad energética”, comenta en entrevista el CEO de la consultora Talanza Energy, Marco Cota.

Aunque el gobierno mexicano ha dicho que habrá una mayor producción de gas asociado a los campos prioritarios de Pemex, éstos enfrentan un retraso de 55% en su desarrollo y la empresa sólo extrae 186 millones de pies cúbicos por día de los yacimientos, en contraste con los 519 millones que estimó para este año.

Incluso si Pemex lograra dicha meta, aún estaría lejos de compensar el consumo nacional, pues éste asciende a 7,972 millones de pies cúbicos diarios en promedio este año y la producción nacional de gas sólo cubre 31%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía (Sener).

Gráfica: Sener.

Aunado a esto, el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) prevé que la demanda del energético casi se duplique hasta los 14,500 millones de pies cúbicos diarios al final del sexenio del político tabasqueño.

“México está dependiendo en proporciones gigantescas de la importación de gas para generar electricidad. Allí no parece haber un problema de soberanía que se dependa de un solo país: Estados Unidos”, coincide Ángel de la Vega, catedrático e investigador especializado en energía y economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Otro problema es que, a diferencia de la gasolina, nuestro país carece de capacidad almacenamiento para gas natural.

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Aunque México es el principal socio comercial y comprador del energético a Estados Unidos, ambos expertos no descartan que esta relación se vea afectada por los intereses estadounidenses para exportarlo a otros mercados, como el europeo, o tener mayor consumo interno o incluso que se registre un aumento en el precio –actualmente es el más barato del mundo–, lo cual podría complicar las finanzas de la empresa productiva del Estado para generar electricidad mediante tecnologías como el ciclo combinado.

En el contexto internacional, México es el país que depende en mayor proporción de este insumo para producir electricidad, pues países como Turquía, Japón o Italia no rebasan 45% de la generación eléctrica con gas natural, según un análisis de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

México, la segunda economía más importante de América Latina, tiene un potencial de gas enorme estimado en 217 billones de pies cúbicos, aunque el 65% de los recursos por descubrir están en zonas que requieren de fractura hidráulica, técnica conocida como fracking, a la que el presidente López Obrador se ha opuesto por su elevado consumo de agua. Sin embargo, el potencial restante está en zonas que permiten una extracción convencional.

Cota atribuye parte de la situación actual a la falta de experiencia en planeación energética de sus funcionarios. Aunque la secretaria de Energía Rocío Nahle García y el subsecretario Miguel Ángel Maciel Torres han trabajado en Pemex y dominan temas de ingeniería, desconocen temas de política energética.

“Estos dos años son una curva de aprendizaje que va muy lenta, porque el país necesita que vaya más rápido, y más cuando el gobierno viene de un bagaje ideológico tan radical y diferente a las realidades mundiales en cuestiones energéticas y humanas”, menciona el maestro en políticas públicas por la Universidad de Manchester.

El investigador Ángel de la Vega, por su parte, atribuye el problema del gobierno a una desactualización internacional sobre el sector energético mundial, encaminado a la electrificación de las economías, pues el gas es sólo un combustible de transición más limpio, pero incluso países como China, con alto consumo de carbón y gas, o importantes productores de hidrocarburos como Arabia Saudita, siguen diversificando su matriz energética y negocios hacia fuentes renovables.

“Dos años es la tercera parte de la administración de López Obrador. Sería bueno que tuviera la capacidad de tener claridad en cómo está la situación energética y trazar líneas claras para ir hacia adelante”, agregó De la Vega.

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Este texto fue publicado originalmente el 2 de diciembre de 2020

 

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