En menos de un mes dos alumnas sufrieron situaciones de ciberacoso a través de redes sociales y teléfonos celulares y, aunque denunciaron, se toparon de frente con la incapacidad al menos de levantar un acta, porque los delitos ni siquiera están tipificados.
En el primer caso, la víctima empezó a recibir una serie de mensajes a través de una cuenta falsa de Facebook, haciéndole saber que conocía sus rutinas, los lugares que frecuentaba y sus horarios; incluso amenazaba con secuestrarla. Al bloquearla, recibió amenazas ahora de una nueva cuenta. Tomó la decisión de denunciar, pero las autoridades le dijeron que no contaban con elementos suficientes para iniciar una investigación e incluso, sugirieron que la culpa era de ella por tener una cuenta con su nombre real y compartir sus actividades públicamente.
En el segundo caso, la víctima recibió un mensaje a través de WhatsApp donde le preguntaban qué daría a cambio de no publicar fotos íntimas que robaron de su nube. Cuando denunció, le dijeron que no podían proceder porque propiamente no era extorsión al no haber una solicitud explícita de dinero; tampoco procedía como delito sexual porque ella no era menor de edad. Y, por supuesto, hubo un regaño de la autoridad a la víctima por hacerse y conservar fotografías de esa naturaleza.
Por desgracia, el caso de estas dos chicas
no es una excepción, sino una constante. No sólo las autoridades no cuentan con la debida formación y herramientas legales y técnicas para perseguir delitos de ciberacoso, tampoco cuentan con la menor sensibilidad para ayudar o asesorar a las víctimas; por el contrario, las personas encargadas de proteger y dar certeza en estas situaciones son los primeros en juzgar a las víctimas, haciéndolas entrar en un proceso de revictimización.
En un reciente estudio publicado por
Luchadoras MX, se calcula que aproximadamente dos de cada tres mexicanas han sufrido algún tipo de violencia física o psicológica; y que al menos nueve millones de mujeres mayores de 12 años han sufrido algún tipo de ciberacoso.
El mismo estudio refiere que sólo el 4% de las afectadas levanta una denuncia ante alguna autoridad, teniendo como resultado prácticamente reine el silencio ante una situación que crece día con día y que, de manera tácita, normaliza la violencia en contra de las mujeres.
El problema
en el ciberacoso, explica el estudio, es que se ve potenciado por las tecnologías de información y comunicación debido al carácter multitudinario que pueden tener las agresiones, el anonimato que proporcionan las tecnologías y la alta tasa de penetración de dispositivos móviles entre los segmentos más vulnerables. Además, refiere el análisis, la mayor parte de las víctimas son mujeres, puesto que en sólo uno de cada cuatro casos la víctima es del sexo masculino.
La violencia ejercida contra las mujeres tiene un arraigo cultural que se refleja de manera evidente en las diferentes manifestaciones de acoso e intimidación en las redes sociales y en las plataformas digitales de forma sistemática y constante.
Por ello, es importante
que las víctimas levanten la voz y denuncien, con el firme objetivo de que las autoridades no sólo se capaciten y sensibilicen, sino además desarrollen los instrumentos legales, judiciales y tecnológicos para combatir el problema.
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