Señaló que las medidas que tome el gobierno de México para atender la violencia hacia las mujeres deben ser sostenibles en el tiempo, que traspasen los periodos presidenciales, puesto que cada administración federal cambia el diseño de las políticas en la materia. “Si no hacemos una política preventiva a largo plazo, otro fenómeno sanitario o un terremoto nos va a agarrar en una condiciones de desigualdad, que vamos a tener que estar hablando de que las casas siguen siendo espacios inseguro para las mujeres”, delineó la representante de la organización civil. Lee también: Neoliberalismo complicó respuesta al coronavirus: Chomsky#COVIDー19 las respuestas deben incluir la mitigación del riesgo de violencia contra las mujeres y las niñas en sus hogares, así como garantizarles el acceso a la atención de la salud materna y reproductiva!
— Amnistía Int. México (@AIMexico) March 31, 2020
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El coronavirus develó las desigualdades sociales y de género en México: AI
La alerta sanitaria por el coronavirus ha tomado protagonismo en México y el mundo, pero cuando termine es importante retomar la agenda en materia de género
La emergencia sanitaria por el coronavirus en México ha develado las desigualdades sociales y de género que vivimos en país; por ello es importante que una vez que termine el confinamiento se retome la agenda de prevención a las violencias contra la mujer, de acuerdo con Amnistía Internacional (AI).
Hoy en día el coronavirus ha sido el tema más relevante a nacional e internacional, por lo que hablar de 8 y 9 de marzo, cuando se realizaron protestas para erradicar la violencia de género, parece muy distante y lejano en el tiempo, indicó la presidenta de AI, Tania Reneaum Panszi.
“El coronavirus nos está poniendo en la cara las desigualdades sociales que vivimos en el país y las desigualdades de género”, sentenció en entrevista para Forbes México.
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Reneaum Panszi insistió que para modificar los roles y estereotipos de género que se tienen en el país, se requiere que la siguiente agenda se trabaje en colaboración con organizaciones feministas que laboren en la administración pública, como juezas, magistradas y personas que hacen políticas públicas.
