Las calles de México se han teñido de un color sombrío, inundadas de miedo y dolor. Alzar la voz, quemar puertas, o bloquear vías de comunicación ya no basta. En México nos desaparecen, nos matan, nos ignoran y a los ojos del presidente todo se reduce a campañas de desprestigio, errores del pasado y conservadurismo añejo.
La opinión pública no deja de estremecerse con las innumerables historias que a lo largo y ancho del país son cada vez más frecuentes, más dolorosas y cercanas. Las cifras son un mero referente, las víctimas con nombre y apellido gritan impunidad, corrupción y delincuencia organizada.
Es cierto que en México desde hace décadas vivimos permanentemente en crisis, sin embargo, la crisis de derechos humanos por la que hoy atravesamos es ahora una crisis humanitaria, dado que el Estado no es capaz de mitigar y mucho menos resolver la grave problemática que aqueja a la población civil y peor aún, que restringe el goce de los derechos más fundamentales del ser humano, la vida, la libertad y la seguridad.
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Con la reciente publicación del informe del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, queda más que expuesto el nivel de impunidad que impera en el país y, aunque al presidente le parezca que el Comité no actúa con apego a la verdad y que el resultado del informe es inventado, que los tiempos ya no son los de antes, el informe retrata de cuerpo completo la gravísima situación que vivimos las mexicanas y los mexicanos actualmente.
Más de noventa mil mexicanas y mexicanos desaparecidos en los últimos años, diez mujeres asesinadas diariamente, catorce menores que desaparecen día a día no son inventados, no son números, no son estadística, son personas que debieron ser protegidas por un Estado indolente, incompetente, corrupto, fallido.
Al presidente de México no le importan las vacunas, ni la salud, ni el empleo, ni el bienestar, ni la seguridad, mucho menos le importa procurar un gobierno que garantice el acceso a una vida digna y libre de violencia, al él le importan sus caprichos, su propia agenda.
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Según la Comisión de Derecho Internacional de la Asamblea General Plenaria de la ONU, las desapariciones forzadas, el traslado forzado, la violación y explotación sexual, así como otros actos inhumanos que ocasionen dolosamente grandes sufrimientos o atenten gravemente la integridad física o la salud mental o física de la población son crímenes de lesa humanidad y por ninguna razón el Estado puede invocar ninguna circunstancia excepcional que justifique su incapacidad para evitar, detener o sancionar estos crímenes.
La indefensión de la población ante las atrocidades cometidas cotidiana y sistemáticamente en el país confirma que la impunidad estructural favorece la reproducción de las desapariciones forzadas y fomenta el encubrimiento desde los diferentes órdenes de gobierno. Mientras el enfoque de seguridad adoptado por el actual gobierno no sea replanteado, las desapariciones, los asesinatos y la violencia seguirán siendo un crimen perfecto.
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