Por Gabriel España
De acuerdo con el informe anual de Bloomberg News Energy Finance (BNEF), unidad del sector energético de la agencia de información financiera Bloomberg, el 69% de toda la generación de electricidad que se produce en México procederá de fuentes de tecnología limpia y renovable para 2040. Una meta agresiva, sobre todo si se toma en cuenta que, apenas en 2015, el 78% de la energía del país provino de combustibles fósiles. Sin duda, mucho deberá suceder para llegar a la meta de 2040 y cumplir con el compromiso del 69%.
México ha buscado asumir un liderazgo cada vez más visible en foros internacionales desde hace un par de décadas respecto a la importancia de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. No es para menos: en caso de no tomar acciones, diversos analistas coinciden en que el cambio climático le podría costar a la nación hasta 12% de su PIB para mediados del presente siglo.
Desde la administración de Felipe Calderón, el sector público ha establecido con claridad políticas de ahorro energético, sustentabilidad y reducción en la emisión de CO2 en la atmósfera. La actual administración de Enrique Peña Nieto ha continuado con esa línea ambiental, y ha consolidado programas en diferentes industrias que favorecen el combate al cambio climático, tanto en el sector privado como en el público.
En la esfera del sector público, el gobierno mexicano firmó el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, mecanismo acordado por la comunidad internacional para limitar el alza de la temperatura global a menos de dos grados centígrados en este siglo. México se comprometió a disminuir en un 50% sus emisiones contaminantes para 2050.
El Acuerdo de París tiene un gran potencial de avanzar en la lucha contra el cambio climático, al ser un instrumento jurídicamente vinculante, sucinto, universal, durable, con metas de largo plazo, dinámico, con compromisos claros, que equilibra tanto las acciones de mitigación como de adaptación, reconoce el papel de los bosques y está acompañado de una decisión con un plan de trabajo 2016-2020. En lo pactado quedó incluida la propuesta de México de crear sistemas de alerta temprana, como un derecho de la población de saber de manera inmediata si su vida corre peligro, así como el hecho de tomar en cuenta los conocimientos científicos más recientes.
Por otro lado, en la esfera del sector privado, una buena parte de las empresas mexicanas ha asumido ya una posición de liderazgo frente al reto ambiental, sea por convencimiento propio, por sugerencia de sus clientes, para fijar barreras de entrada, o bien por requerimientos de los entes reguladores nacionales e internacionales. No es casual que las empresas mexicanas de clara vocación global sean las primeras en mostrar un interés prioritario en el tema.
Hoy en día existen recursos financieros y de asistencia técnica disponible para la implementación de los compromisos ambientales para estas empresas privadas, los cuales son gestionados por instituciones de desarrollo, tanto mexicanas como extranjeras, que tienen como misión combatir el cambio climático.
La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), organismo miembro del Grupo Banco Mundial enfocado en el desarrollo del sector privado, busca ser un actor importante en estos esfuerzos. En IFC estamos convencidos de que la reducción de la pobreza y el combate al cambio climático van de la mano. A menos que la gente cuente con acceso a agua, recursos sanitarios, comida, energía, instituciones que funcionen, así como injerencia en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas, no tendrán posibilidades de adaptarse a las alteraciones bruscas de clima, por lo que el número de desplazados migratorios aumentará, con el consecuente incremento de conflictos y trastornos en buena parte del planeta.
Los gobiernos no pueden asumir la totalidad de esta batalla. El sector privado debe desempeñar un rol fundamental en la captación de capital para actividades que contribuyan al combate del cambio climático. Para IFC, México es una pieza clave en ese frente. En semanas recientes, IFC le concedió a Cemex, compañía global de materiales para la industria de la construcción, un crédito de 106 millones de euros (aproximadamente $117 millones) para apoyar la inversión de la empresa en programas sostenibles en mercados emergentes.
Tras una evaluación exhaustiva de las prácticas medioambientales, de gobernanza y sociales de Cemex, IFC otorgó el financiamiento a proyectos destinados a mejorar el desempeño medioambiental que fueron completados en 2014 y 2015, así como a proyectos en curso durante el 2016 que son parte del plan de inversión en activo fijo previamente comunicado por Cemex. Aproximadamente el 60% de los fondos serán destinados a proyectos relacionados con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por parte de Cemex, mientras que el monto restante será asignado a mejoras generales en el control de emisiones al aire.
IFC también ha apoyado los esfuerzos de Vinte, compañía desarrolladora de vivienda para estratos medio y bajo en México. Gracias al respaldo de IFC, desde 2012 Vinte ha podido consolidar el desarrollo de vivienda sostenible de acuerdo con los lineamientos de construcción verde denominados como EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies). Bajo esta certificación, creada por IFC, las viviendas Vinte certificadas EDGE cuentan con beneficios en las siguientes áreas:
- a) Energía: Menor relación pared-ventanas, aislamiento en techos, calentador de agua de alta eficiencia energética, refrigerador eficiente, focos de bajo consumo
- b) Agua: Regaderas ahorradoras, mezcladoras eficientes en cocina y baño, sanitarios de doble descarga y sistema de captación pluvial.
- c) Materiales: Sistema de losas térmico, que mejorará la temperatura en el hogar.
Con la incorporación de estas tecnologías a las viviendas, se estima un ahorro mensual de 163 pesos para las familias y una reducción de emisiones de CO2 de 2.7 toneladas anuales por cada vivienda.
Conclusión
Es evidente que en México existe una oportunidad para las empresas privadas de participar en el desarrollo de proyectos que generen un impacto positivo en el cambio climático. El momento para actuar es ahora. Quizás aún existan empresas que crean que pueden diferir la sustentabilidad de sus operaciones mediante trampas o tecnicismos, sin reparar en que tarde o temprano deberán cumplir con la ley, que está sujeta a una creciente presión de estandarización internacional.
Otra razón de peso: el reclamo constante de “stakeholders” puede generar un costo indeseable para una marca en términos de imagen y respetabilidad. Ninguna marca quiere estar asociada al daño al planeta.
¿Vale la pena saltarse lineamientos de sustentabilidad y ética si el precio a pagar es la destrucción de la marca? No parece tener sentido. Así sea por mero pragmatismo, las empresas también están obligadas a actuar frente al cambio climático. La intención de IFC es contribuir en la medida de sus posibilidades a ayudarles a dar ese paso.
Gabriel España es Principal Investment Officer – Global Corporate Coverage de IFC (
@gabriel_espana).
Contacto:
Correo:
[email protected]
Twitter:
@IFC_LAC
Facebook:
IFC – International Finance Corporation
Página web:
IFC – International Finance Corporation
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
