Con un semblante de satisfacción, Marcelo Ebrard informaba las pericias para lograr el traslado de Evo Morales, tras aceptar el ofrecimiento del gobierno de México de otorgarle asilo político.

Con este movimiento diplomático, el gobierno comandado por López Obrador confirma una posición política en Latinoamérica, tomando así su papel de actor preponderante en la región, pero con el coste de abrir nuevos frentes tanto externos como internos.

El ofrecimiento de asilo del gobierno mexicano a Evo Morales se enmarca en una larga tradición diplomática de asilo y refugio. El gobierno ha explicado esta decisión como un elemento de congruencia, ante una historia en la que personajes ilustres del siglo XX, así como víctimas del exilio español, de dictaduras sudamericanas y de la guerra civil en Centroamérica, encontraron en México a una nación que les dio cobijo.

El presidente López Obrador y el canciller han reiterado ciertas palabras para referirse al exilio que ha aceptado el líder boliviano: es un acto humanitario, con lo cual se trata de desprender este ofrecimiento de algún tipo de connotación política. Así, el ofrecimiento de parte del gobierno de López Obrador se encuadra en esta política mexicana de asilo presente hasta los 90 y que ahora renace con un gobierno morenista.  

El ofrecimiento hecho a Evo Morales se da en un contexto inédito tanto en la política mexicana como al exterior. Hay quienes ven en ello un guiño ideológico de López Obrador con Evo Morales al estimar que hay una empatía entre ambos proyectos políticos. Sorprenden las opiniones de algunos actores políticos como el presidente de PAN quien expresó el rechazo de su partido a “dar asilo a quien violentó la voluntad popular para perpetuarse en el poder”. También sorprenden opiniones que aminoran las implicaciones de que las fuerzas armadas “sugieran” a un presidente democráticamente electo a renunciar a su cargo anticipadamente, sin que ello implique negar la crisis política electoral en el país sudamericano, cuyo momento más álgido se vivió tras la celebración de los comicios presidenciales del 20 de octubre, pero cuyas raíces se hallan desde tiempo atrás, probablemente desde el referéndum de febrero de 2016.

Con el ofrecimiento de asilo al presidente depuesto, el proyecto de López Obrador asume abiertamente una posición que tendrá consecuencias en un contexto internacional marcado por una América Latina con frentes abiertos en Chile y Bolivia, y un mapa ideológico al que debe agregarse el reciente triunfo del peronismo en Argentina. Y desde luego, el factor Trump, cuyos movimientos y decisiones se mueven al compás de la próxima elección. Llama la atención que ni Venezuela ni Cuba hayan abierto las puertas al líder boliviano, con lo que la decisión del gobierno mexicano de asilar al presidente depuesto resuena aún más en el continente americano.

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En voz nuevamente del canciller Ebrard, el gobierno de México deja clara cuál su postura frente a los hechos: Evo Morales es un presidente electo de manera democrática y la solicitud de renuncia de las fuerzas armadas constituye un golpe de estado. Destaca también la crítica del gobierno mexicano al silencio de la OEA ante esta crisis política. Dicen que en política todo es personal y la decisión del gobierno de López Obrador de abrigar a Evo Morales tendrá costos políticos domésticos y externos, como acentuar la polarización de la opinión pública sobre la cercanía del proyecto de la 4T con una izquierda autoritaria y personalista, así como la incierta reacción de Estados Unidos. Con todo, la decisión del presidente puede tener saldos positivos en términos de liderazgo de nuestro país en América Latina y de reafirmar el discurso de un verdadero cambio de régimen en México.

 

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