El Ejército y la Marina Armada se tendrán que hacer cargo de la seguridad pública, ante el evidente fracaso de la Guardia Nacional (GN). Es una mala noticia, porque indica que entraremos, de nueva cuenta, en una etapa de ajustes institucionales que demorarán en acciones operativas eficientes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, por decreto, ordenó a la Fuerza Armada Permanente sumarse a las actividades de la GN por un periodo que se puede extender hasta 2024.
Esto es, los militares participarán en las aduanas, los centros migratorios, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos y los medios de transporte. A ello hay que sumar las funciones que se realizan en las indagatorias y en la obtención de información de inteligencia.
En resumen, se militariza, ahora ya sin matices, la seguridad y el combate a los grupos criminales.
Es correcto señalar que ya estábamos cerca de esa situación, a pesar de que se quiso ocultar con triquiñuelas legales, como la de nombrar a un general en proceso de retiro como comandante de la GN y que esta institución esté integrada por policías militares y soldados con licencia, pero los matices hacen la diferencia y en este caso es sustantiva.
¿Cómo llegamos a esto? El error de origen consistió en desmantelar a la Policía Federal (PF). Imperaron los prejuicios sobre los análisis y ahora no hay una sola institución civil que pueda hacerse cargo de una de las etapas más violentas en la historia del país, como no sean las secretarias de Defensa y Marina.
Es evidente que las cosas no estaban y no están funcionando. La ausencia de una estrategia coherente y racional, para proporcionar seguridad a la ciudadanía, está generando una perdida de tiempo, un bien muy valioso, y las bandas de bandidos continúan disputando el control territorial de amplias zonas del país.
Algo había que hacer y se recurre a las fuerzas armadas que, a estas alturas, son el arma operativa de un gobierno que llegó al poder condenando de modo sistemático que los militares se vieran obligados a realizar tareas que corresponden a los civiles.
Igual no hay mucho de dónde cortar, pero los militares no se encuentran preparados para hacer tareas que corresponden a los policías.
Por eso las organizaciones de derechos humanos, nacionales y extranjeras, no suelen ver con buenos ojos este tipo de situaciones y es que hay mas de una mala experiencia al respecto.
La utilización de militares en tareas de seguridad pública no es novedosa, por supuesto, pero lo que sí lo es, es la extensión que ahora se les otorga y las responsabilidades que adquieren por decreto.
Felipe Calderón decidió, en diciembre de 2006, utilizar la los militares como no se había hecho hasta ese momento, pero lo acompañó de la consolidación de la PF.
Si bien el caso de Genaro García Luna, quien fungió en aquel periodo como secretario de Seguridad Pública, y ahora se encuentra sujeto a juicio en Estados Unidos por su presunta colaboración con el cártel de Sinaloa, no ayuda a las reivindicaciones institucionales, habría que tener presente la propia historia de la PF para tener claridad sobre los miles de servidores que participaron en ella y que no tuvieron mancha en el expediente y que perdieron el empleo, y que ahora hacen falta.
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