En México, el modelo de comunicación política restringe la participación política de los actores sociales, políticos, económicos, etc., a las reglas de la competencia electoral, donde únicamente los candidatos y partidos políticos pueden hacer uso de los medios electrónicos, que siguen siendo influyentes, debido a su penetración y cobertura, así como a su capacidad de réplica de otros medios como los impresos y las redes sociales.

En las campañas actuales, han intervenido otros actores buscando influir en el curso de la misma en favor o en contra de diversos candidatos, utilizando varios medios, incluso los electrónicos reservados para los partidos y candidatos. A pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) retiró un spot generado por uno de esos actores, mismo que el INE había considerado legal, y en otra ocasión incluso tuvo que ordenar a la Procuraduría General de la República (PGR) no difundir información sobre un candidato, no en todos los casos la jurisdicción del tribunal puede intervenir para regular el comportamiento de los actores.

A pesar de que las reglas parecen claras, el modelo mismo es el que alienta a la simulación, así como al cruce constante de la línea legal, por parte de diversos actores, incluidos los partidos y los candidatos. En estas campañas, hemos podido ver un nivel muy bajo en el debate, incluidos los encuentros oficiales, donde chistes de bajo nivel, apodos, propuestas sin razón, etc., han sido lo más relevante de dichas confrontaciones.

En México, el modelo Rousseauniano en que se basan las políticas de comunicación electoral, no únicamente ha coartado las libertades de expresión de las y los ciudadanos en lo individual y como grupos, sino que también asienta su capacidad de control, en una intervención de la moral pública y del contenido de los valores que la sustentan. Es implica, la idea de que la ciudadanía no tiene la capacidad de distinguir entre ataques y propuestas, por lo que son las organizaciones del Estado, las que deben intervenir para que, antes de que la ciudadanía entienda mal las cosas, se cuiden los contenidos de lo que se transmite en medios electrónicos fundamentalmente.

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El caso es que desde 2008, se prohibieron las campañas de contraste, debido a que atentaban contra los valores de la democracia y enrarecían la forma en que los electores podrían entender la competencia. Además de que se gastaba mucho dinero en los medios electrónicos y se establecían relaciones de conveniencia con ellos, por lo que había que regular la participación de dichos actores.

Este modelo contrasta con otros presentes en otros países, donde los partidos y candidatos pueden decirse lo que quieran en cualquier medio, siempre y cuando no sean calumnias, porque eso es un crimen y se castiga de manera efectiva. En el caso de México, hemos decidido evitar las campañas de contraste, porque se utilizan para denostar a las y los candidatos, pues el sistema de justicia al que pueden acudir no es eficiente y las acusaciones quedan impunes. Por ello, bajo la óptica de los partidos, es preferible evitar que se empañe la imagen de un candidato, controlando lo más posible lo que se dice en los medios de ellos, en lugar de dejar que la competencia sea libre y quien diga algo, deba probarlo o de otra manera pueda tener alguna sanción.

Las campañas simulan ser limpias, los partidos no gastan menos dinero en ellas, los actores políticos, económicos, religiosos, internacionales, etc., siguen participando de la misma forma en que siempre lo han hecho, incluso más allá de los límites legales, aunque no necesariamente sean los que marca la ley electoral. Al finalizar esta campaña, debe darse una nueva discusión sobre las ventajas y límites que tiene este modelo, pues es mejor abrir la competencia, que seguir simulando que las campañas son limpias.

 

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