Desde hace algunos años, hemos tenido un creciente número de candidatas y candidatos tanto federales como locales, asesinados por distintas formas de crimen, sin mencionar a aquellos que ya han sido electos y que, en funciones, o a punto de entrar a ellas, han sido privados de la vida. Hasta hace algunos días, se reportaban a 93 personas asesinadas, donde la mayor parte de los hechos se habían reportado en Guerrero, Estado de México, Puebla y Veracruz. En términos de militancia, ningún partido queda excluido, pero se observa concentración entre el PRI, PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano.

En esta elección el número de personas involucradas en situaciones de violencia, de diversas maneras, incluyendo integrantes de organismos electorales, ha crecido exponencialmente, sin que, hasta el momento, haya alguien que asuma no únicamente la responsabilidad, sino que plantee soluciones al problema.

Desde las ocasiones anteriores, el Instituto Nacional Electoral (INE), ha negado asumir la responsabilidad de los focos rojos generados por violencia debido al crimen y, en parte, tienen razón, diciendo que los actos criminales son aislados y parte del fuero común, federal o, incluso, aquel del capacitador del INE, se dijo que era parte de un asunto personal, deslindando responsabilidad con respecto a un posible acto asociado a sus labores como capacitador. De la misma forma, varios asesinatos han sido tratados en el contexto de pugnas entre grupos del crimen organizado, con lo que se busca ubicar no únicamente la investigación sino las implicaciones en un contexto alejado de lo electoral.

Sin embargo, el deslinde de responsabilidades por parte de las instituciones electorales o no, sobre la forma en que estos asesinatos se han dado, asumiendo que la mayor parte de ellos no tienen que ver con el proceso electoral, oculta una realidad que está impactando al proceso en sí, pero como no se reconoce, no se instrumentan estrategias que busquen aminorar el impacto de esos hechos en la competencia electoral.

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Por ejemplo, el simple hecho de que en algunos casos haya candidaturas que no pueden llenarse porque las personas tienen miedo de participar, debido al clima de violencia que gira en torno al contexto en que se compite, genera de entrada una condición en que la ciudadanía no puede ejercer sus derechos políticos, sino que también implica un riesgo para el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Lo cierto, es que el crimen ha tocado ya la legitimidad de este proceso electoral, pues esta no depende únicamente de una organización impecable de la elección, sino de las condiciones que le rodean, incluyendo el tratamiento de las distintas variables que pueden influir, no únicamente en el voto, sino de los distintos factores que determinan la forma en que se emite. Si bien el principal impacto se ubica en la competencia, la organización electoral también se puede ver comprometida en aquellos espacios donde el trabajo del personal electoral se vea limitado, incluso por condiciones de percepción como miedo de entrar a ciertos lugares.

La falta de una estrategia clara, parte de la deficiencia de asumir responsabilidad de lo que el proceso implica, porque entonces, tanto acciones como discursos, se diluyen en el contexto del mapeo parcial de los focos rojos, que hacen de manera dispersa autoridades electorales y judiciales, de acuerdo al interés que cada quien busca, en el contexto de sus actividades, por lo que resulta probable que, a pesar del impacto de la violencia en la elección, no tengamos aún, una visión más clara de las autoridades para intervenir.

Ante ello, las y los candidatos han buscado la mediación de otros actores, como líderes religiosos, para poder intervenir en ese contexto, lo que resulta grave no únicamente por la condición laica de Estado, sino por la incapacidad de este para proteger el proceso electoral.

 

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