Por María Elena Meneses*

Las redes sociales digitales han abierto una Caja de Pandora de la cual emergen discursos cada vez más radicales que exaltan el odio y la violencia. Para muchos, es suficiente motivo para descalificarlas y recordar que todo tiempo pasado fue mejor. Otros, en cambio, reconocen su innegable presencia en la vida cotidiana y, si bien admiten sus potencialidades para la sociabilidad, la innovación y la vida cívica, intentan explicarse esta plaga que atenta contra los derechos fundamentales y, sobre todo, contra la dignidad humana.

Al ser un fenómeno nuevo, y dada su innegable complejidad, los documentos y tratados de derechos humanos no contemplan como tales los discursos radicales en la red, por lo que su definición está en construcción. La Unesco define el discurso de odio en la red como aquel que enfrenta a grupos de individuos mediante un lenguaje amenazante. Sería el antidiscurso que cancela la posibilidad de entendimiento con los otros, que favorece la discriminación y enaltece la violencia. Es también esquivo, anónimo y su carácter transnacional complica su regulación. Es un tipo de afrenta de nuestra contemporaneidad, facilitada, paradójicamente, por las redes sociales digitales, y constituye uno de los temas que más preocupan a la comunidad internacional.

Facebook alberga grupos privados que enaltecen la supremacía blanca; en YouTube es fácil encontrar propaganda del Ejército Islámico; y, en Twitter, redes de bots y trolls ayudan a propagar el odio aniquilando al adversario. Recientemente, el fenómeno de las noticias falsas comenzó a empañar la política; toda una afrenta para la vida democrática que deja un espacio cada vez más estrecho para que los ciudadanos libres expresen inquietudes e, incluso, posturas de manera civilizada. Sobre la creciente autocensura en las redes por parte de ciudadanos comunes, el Centro de Investigaciones Pew de Estados Unidos realizó, en 2014, un estudio en el cual comprueba que, cada vez más, las personas prefieren no expresar sus opiniones, para evitar ser acosadas.

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Pero este tipo de discurso no solamente es empleado por grupos extremistas, por simpatizantes o empleados de políticos en campaña contratados ex professo para ello. En enero de este año, en un editorial del diario The New York Times, el connotado psicólogo Steven Pinker recriminaba las “lealtades tribales”, como llamó a los responsables de que sea cada vez más difícil hablar de algún tema relevante en las redes sin ser caricaturizado por quienes no están de acuerdo. El profesor, que fue víctima de descalificaciones con un video sacado de contexto, puso de manifestó lo cotidiano que resulta ser afectado en las redes por expresar una opinión.

Sin embargo, es preciso reconocer que el odio no es una invención de las redes digitales. Los usuarios le damos sentido a la infraestructura de acuerdo con nuestros propios intereses. Así como hay quienes usan la red para promover causas justas, también hay quienes las usan para dispersar la vileza humana. Así pues, el problema no es únicamente tecnológico, sino político y cívico. Es multidimensional y, por tanto, acabar con él requiere de la convicción y acción de diferentes actores.

A las empresas tecnológicas corresponde perfeccionar sus algoritmos para atajar estos discursos y abrirse a la sociedad con transparencia. Desafío mayor es, sin duda, convencer a los políticos de la urgente necesidad de recuperar la política como la virtud de construir consensos, una virtud extraviada en tiempos de Donald Trump, el campeón indiscutible de la discriminación. A los candidatos que buscan cargos de elección popular corresponde evitar estrategias digitales perversas, que en nada contribuyen a la salud de la vida democrática.

Los internautas, por nuestra parte, no estamos exentos de hacer lo posible para contribuir a configurar un entorno digital tolerante y justo.

El debate en la actualidad se ha concentrado en si deben aplicarse o no medidas legales ante un fenómeno que, en algunos casos, puede tener su origen en la discriminación o la inequidad. El debate está abierto, aunque ahora pareciera que una regulación colaborativa y multisectorial es un camino más deseable y posible.

*Profesora e Investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Se especializa en Internet y Cultura Digital.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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