Alfredo Castillo Cervantes, ex comisionado para la seguridad en Michoacán, quien también fue procurador Federal del Consumidor, hoy es blanco de críticas y cuestionamientos sobre sus resultados como funcionario. Por eso, aquí, con cifras en la mano, hacemos un breve recuento (y balance) de su paso como titular de la Profeco. 

 

Muchos lo llamaron el fiscal de hierro. Fue procurador de Justicia en el Estado de México, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y comisionado especial para la seguridad de Michoacán. Se llama Alfredo Castillo Cervantes y hoy su eficiencia en los cargos asignados por Enrique Peña Nieto está en duda.

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Muchas críticas pueden exponerse sobre su desempeño en los cargos públicos, pero, en el caso de su andar por la Profeco, las cifras exponen parte de la realidad. De mayo de 2013 a enero del año pasado, periodo que comprende la gestión de Castillo Cervantes en la institución, tan sólo logró concretar el pago de una multa por una violación a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De las 16 multas impuestas como sanción por la Profeco en ese lapso, únicamente la aplicada a McDonald’s México (Arcos Sercal Inmobiliaria) por 68,458 pesos (89% menor a la que se había determinado en un inicio), se encuentra en firme, mientras que el resto de las sanciones fueron impugnadas en juicios de nulidad que se encontraban en trámite hasta finales del año pasado, por lo que la “información se clasifica como reservada” y se desconoce su destino, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Procedimientos de la institución, a los que Forbes México accedió a través la solicitud de información 0427/14, con folio Infomex-Ifai número 10315000427/14.

Tan sólo en este caso, las sanciones impugnadas por empresas como Corporativo Mufar (Inova), Genomma Lab Internacional, Teléfonos de México (Telmex), ABC Aerolíneas (Interjet), Aeroenlaces Nacionales (Vivaaerobus), por mencionar algunas, suman un monto total de 16 millones 286,818 pesos que no han sido cobrados.

La madrugada del 27 de febrero (de 2015), Servando Gómez Martínez, alías La Tuta, fue detenido por las fuerzas federales, a casi más de un mes de que Alfredo Castillo fuera retirado de su encargo como comisionado especial de seguridad en Michoacán, hecho que pone de nuevo en tela de juicio su efectividad como funcionario.

Esta es la historia de Castillo Cervantes y su paso por la Profeco.

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De las 16 multas impuestas a las grandes empresas, tan sólo la de McDonald’s se encuentra en firme, mientras que el resto están en juicios de nulidad. La información forma parte de una solicitud de información realizada por Forbes México a la Profeco.

 

Un hombre de confianza

Su imagen en la pantalla chica no tardó mucho en hacerse un acto común a partir de su designación como titular de la Profeco. La realización de operativos de supervisión a locales comerciales y la imposición de multas a grandes empresas le hicieron a Alfredo Castillo ganar los reflectores de la televisión, así como las páginas de diarios nacionales.

El 21 de mayo de 2013, el abogado egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) fue designado por el presidente Enrique Peña Nieto como el máximo defensor de los derechos del consumidor. Un encargo complejo de asumir después de que el llamado caso Lady Profeco hiciera que su antecesor, Humberto Benítez, renunciara al puesto.

Pero asumir un encargo público envuelto en el escándalo no era una situación nueva para el hombre de confianza de Peña Nieto. En 2010,  Alfredo Castillo tomó el relevo al frente de la Procuraduría de Justicias del Estado de México, después de que Alberto Bazbaz renunciara a su puesto por el descontento ocasionado por el desenlace en el caso de la niña Paulette.

A la distancia, los resultados obtenidos por el entonces jefe de la Profeco no son los mejores.

Las multas que impone la Profeco pueden ser de dos tipos: las sanciones y las medidas de apremio. Las segundas se aplican cuando un proveedor no se presenta a una audiencia o no rinde un informe, cuando un presunto infractor no da cumplimiento a una medida precautoria o para hacer efectivo el cumplimiento de un acuerdo de los convenios aprobados entre la Profeco y alguna entidad.

En este caso, la Dirección de Conciliación y Programas Especiales, adscrita a la Dirección de General de Quejas y Conciliación de la Profeco, precisa que del 1 de mayo de 2013 al último día de enero de 2014 se aplicaron un total de 560 multas, las cuales no se sabe si fueran aplicadas, ya que, aunque su aplicación le corresponde a la institución, no cuenta con atribuciones para cobrar las sanciones: es la autoridad fiscal (Servicio de Administración Tributaria) la encargada de cobrarlas, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

“La Procuraduría no cuenta con información sobre las multas aplicadas o rechazadas, al tratarse de información específica dentro de la competencia del Servicio de Administración Tributaria”, dice la directora general de Procedimientos de la Profeco en la respuesta dada a esta publicación a través del sistema Infomex.

Por otro lado, la Dirección de Arbitraje y Resoluciones informa que dentro del periodo de Castillo se impusieron 4 sanciones económicas como multas y medidas de apremio, de las cuales sólo dos se encuentran firmes, mientras que el resto está en juicio de nulidad.

Una de las empresas que evitó el pago de una multa por 2 millones 515,000 pesos es Volaris, ya que la sanción fue declarada nula por la autoridad fiscal y administrativa.

Pero no es todo lo que describe la época de Alfredo Castillo en la Profeco. Gas Express Nieto, empresa involucrada en la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, sumó en 9 meses más de 4 millones 570,000 pesos por concepto de multas impuestas por la Profeco de mayo de 2013 a enero de 2014, de las cuales no ha pagado ninguna.

La gasera fue multada 19 veces en la administración del ex procurador de Justicia en el Estado de México: 18 por “negativa” de la firma a ser verificada y una por irregularidades en básculas.

La mayor parte de las sanciones a Gas Express Nieto van de los 250,000 a los 70,000 pesos, de las cuales 13 se encuentran en estado de “proyecto de multa”, tres en “juicio de nulidad” y tres en “recurso de revisión”, por lo que ninguna de las infracciones había sido pagada hasta finales del año pasado, de acuerdo con la Dirección General de Verificación de Combustibles de la Profeco.

 

Un nuevo rumbo

El 15 de enero de 2014, la administración de Alfredo Castillo al frente de la Profeco llegó a su fin. El presidente de México nombró al joven político como el encargado de restablecer la seguridad de Michoacán.

Después de casi un año en su último puesto, el también politólogo por la Universidad Iberoamericana se despidió de su misión entre críticas por su actuación en el conflicto de las autodefensas y la detención pendiente de Servando Gómez, aprehendido la semana pasada.

El pasado 22 de enero, cuando Alfredo Castillo concluyó, por orden de Enrique Peña Nieto, su encomienda como comisionado para la seguridad de Michoacán, en su última aparición pública dijo una frase que, tal vez, marque para siempre su pasado y futuro como funcionario: “La historia nos juzgará en su momento.”

 

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