Todo el pasado está a revisión y más aún en las franjas de las que se pueden desprender narrativas explosivas. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala es uno de los expedientes más redituables.

En teoría todo se hizo mal y las hipótesis más sólidas de la entonces PGR tienen que ser descardas, porque a ellas les falta el ingrediente más codiciado: la participación de autoridades federales en los hechos criminales.

Lo cierto, sin embargo, es que las conclusiones del Ministerio Público, respaldadas por peritos, es que los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos cremados en el basurero de Cocula. Es más, uno de ellos fue identificado por estudios realizados en la Universidad de Innsbruck, en Austria.

Quienes alegan que se trató de un crimen de Estado tienen razón, porque está probado que participaron en los hechos el entonces presidente municipal José Luis Abarca y policías del ayuntamiento.

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Es más, el propio Abarca es dueño de secretos que pueden dar cuenta de las redes criminales que funcionaban en su territorio y de los dividendos que ello producía.

Abarca conoce y muy bien toda esa maraña de intereses y de actores, pero es factible que más bien aproveche el nuevo contexto para tratar de escabullirse de sus responsabilidades.

Es probable que una de las aristas más tenebrosas sea justamente la de la participación del poder político local en uno de los asuntos criminales más graves de la historia del país y en lo que es, a todas luces, un delito de lesa humanidad.

Pero las nuevas indagatorias, por desgracia, no irán por ese camino y mucho menos por profundizar el papel que jugó el crimen organizado y en particular dos de sus bandas: Los Guerreros Unidos y Los Rojos. Es inquietante el silencio que siempre hay al respecto.

Es una pena, porque al final del día jugarán con las esperanzas de los familiares y activarán la participación de organizaciones que se han dedicado a descalificar el trabajo de policías, fiscales y peritos.

Mantener los expedientes puede resultar conveniente para muchos grupos, pero con el tiempo esto lo que hace en corroer las estructuras del tejido social y alimenta la percepción de impunidad, lo que genera desaliento y frustración.

Nadie duda que existan zonas oscuras y que el trabajo de los servidores públicos deba ser revisado con puntualidad.

Es más, la actual situación de falta de credibilidad, que es de la que se alimentan las teorías más increíbles, tiene que ver con errores de apreciación y de política que se cometieron desde el gobierno, cuando nadie fue capaz de explicar y convencer al presidente Enrique Peña Nieto de la gravedad de lo ocurrido y de las implicaciones que ello podría tener.

Jugaron a que el problema se diluiría y que la responsabilidad recaería en la administración guerrerense, en lugar de hacerse cargo de la situación y de su conducción y ahí están los resultados.

 

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