Por Osmar H. Zavaleta Vázquez* La reforma energética tiene como antecedente, entre otras cosas, la disminución en la producción diaria de petróleo en México, al pasar de 3.4 millones de barriles producidos al día, en 2004, a 2.5 millones de barriles en 2013. De hecho, a finales de 2017 la producción fue menor a los 2 millones de barriles al día.  Por otro lado, en la actualidad cerca del 60% de la gasolina que se consume en México y poco más del 60% del gas que se utiliza en el país, son importados. Sin duda, esto representa un riesgo de seguridad energética muy importante para México. Ante esta realidad, sabemos que el gas natural y el petróleo del futuro provendrán de las llamadas “fuentes no convencionales”, que se encuentran en cuencas de lutitas y en aguas profundas. Aunque México cuenta con grandes reservas de estos recursos, carece de la capacidad tecnológica, financiera y de ejecución para extraer estos hidrocarburos de forma competitiva. En virtud de lo anterior, la reforma energética abrió la posibilidad de que inversionistas privados participen tanto en el sector eléctrico como en el sector de hidrocarburos. En este último, se diseñaron las rondas, con diferentes fases de licitación, para que inversionistas privados, en diferentes esquemas, destinen sus recursos financieros, tecnológicos y humanos para explorar y extraer petróleo en aguas profundas y someras, principalmente, a través de diferentes esquemas contractuales. Incluso Pemex, que tuvo todas sus adjudicaciones en la Ronda Cero, ha establecido contratos de asociación con entidades privadas a través del esquema de Farm Out, con la intención de compartir el riesgo, en proyectos complejos, a cambio de compartir los beneficios derivados de la extracción, por supuesto. Los esquemas definidos a partir de la Ronda 1 están trayendo y traerán beneficios significativos para México sin que nuestro país corra ningún tipo de riesgo. De acuerdo con la Sener, se han comprometido cerca de 56 mil millones de dólares para exploración y extracción de petróleo y cerca de 12 mil millones de dólares en gasoductos, además de los casi 7 mil millones de dólares para generar energías limpias, sin contar todas las subastas para el suministro de energía a CFE. En el sector eléctrico se abrió la posibilidad de que inversionistas privados participen en la generación, comercialización y suministro de energía eléctrica lo que inducirá parte de la competitividad que el país requiere en su actividad industrial. También se abrió la posibilidad de invertir en la modernización de la infraestructura que se requerirá para la transmisión y distribución de energía eléctrica. El renovado sector energético de México busca: a) La apropiada participación de México en un contexto económico global. b) Reducir el costo de los energéticos. c) Alcanzar los niveles de desarrollo social, económico y de cuidado ambiental que el país requiere. d) Propiciar la competitividad que el país requiere. Es claro que todo esto apenas comienza y, sin duda, muchos de los frutos de lo que hasta ahora se ha sembrado se verán en el mediano plazo, por lo que el siguiente presidente de México debe tener claridad de lo que representa el avance que, en materia energética, el país ha logrado. En virtud de la relevancia que el sector energético tiene para México, el presidente que resulte electo el 1 de julio debe cuidar la competitividad del país, propiciar mayor bienestar a las familias mexicanas y cumplir con los compromisos, en materia de sustentabilidad, que nuestro país ha asumido a través de la reforma energética. En este sentido, es común que nos preguntemos, ¿cuáles son los posibles escenarios para el sector energético ante los posibles resultados electorales que tendremos el primer día de julio? Sobra decir que Ricardo Anaya, José Antonio Meade y, en menor medida, Jaime Rodríguez se han pronunciado a favor de darle continuidad a esta reforma constitucional por lo que, en caso de que cualquiera de ellos tres gane la elección presidencial, considero que todas las iniciativas del sector energético, que se han detonado hasta el día de hoy, continuarán sin cambios significativos y con un creciente impulso. Si Andrés Manuel López Obrador gana la elección presidencial creo, en términos de diferentes declaraciones y pronunciamientos que él y los miembros de su coalición han hecho, que el dinamismo del sector disminuiría. Coincido con el candidato en que sería necesario revisar la legalidad de los contratos asignados, pero no coincidiría en derogar la reforma energética, en virtud de lo que el sector energético representa para la competitividad del sector productivo de nuestro país. Al margen de filias y fobias, el candidato que resulte electo como presidente de México tendrá que poner en su justa dimensión el alcance que la Reforma Energética de México significa para el crecimiento económico y la competitividad del país. *Director de EGADE Business School, Sede Monterrey. Tecnológico de Monterrey   Contacto: Correo: [email protected] Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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