La experiencia y enseñanzas del caso Tijuana ofrecen alternativas atractivas para atender el problema de inseguridad desde la trinchera ciudadana.

 

Por Mariana Meza

Uno de los primeros escenarios de la crisis de inseguridad que ha azotado a nuestro país por casi una década fue la ciudad de Tijuana, Baja California. El problema de la inseguridad, ocasionado en gran parte por la confrontación entre el Cártel de los Arellano Félix y el Cártel de Sinaloa, comenzó a aumentar desde 2006, hasta alcanzar niveles de violencia nunca antes vistos. Entre 2006 y 2008, los homicidios dolosos en el estado prácticamente se duplicaron al pasar de 483 a 853. La Zona Metropolitana de Tijuana se transformó en un auténtico campo de batalla entre las organizaciones del crimen organizado y las autoridades, lo que contribuyó a que tan sólo en 2008 esta zona registrara 685 homicidios dolosos.

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La experiencia de Tijuana, en específico la implementación del Operativo Conjunto Tijuana en 2007 –que fue la estrategia de intervención del gobierno federal en la entidad para atender el problema de inseguridad–, era considerada como caso de éxito de la estrategia de seguridad del ex presidente Calderón. La intervención de la Policía Federal, Ejército, Marina y su coordinación con fuerzas estatales y municipales fue considerada como uno de los factores más importantes que lograron la disminución de la violencia en la entidad. La participación de las instituciones gubernamentales fue, sin duda, protagónica para el desenlace de la experiencia bajacaliforniana; sin embargo, y tomando en cuenta que las causas de la reducción de la violencia son multifacéticas, la experiencia de Tijuana muestra cómo el protagonismo y coordinación del sector privado fue fundamental para atender la crisis que se vivía durante esos años.

CIDAC y el Center for International Private Enterprise (CIPE) se dieron a la tarea de comprender cuál fue la experiencia y el papel que jugó el sector empresarial de Tijuana durante esta crisis. La reconstrucción de esta historia se realizó por medio de entrevistas a los actores relevantes de esta historia, como el ex gobernador José Osuna Millán, el teniente coronel Julián Leyzaola (secretario de Seguridad Pública de Tijuana), presidentes de la Coparmex-Tijuana, y otros miembros de la sociedad civil y medios de comunicación. A través de estos testimonios resultó evidente cómo el sector privado de Tijuana tuvo un rol importante, especialmente en dos aspectos: en primer lugar, en comunicar el hartazgo y lo alarmante de la situación de inseguridad en Tijuana durante 2006 y 2007; en segundo lugar, el sector empresarial fue fundamental para dar seguimiento a la estrategia de seguridad del gobierno y desempeñarse como un contrapeso ciudadano.

  1. Denuncia del hartazgo de la situación de inseguridad
    La situación de inseguridad de Tijuana comenzó a deteriorarse desde 2006; sin embargo, los reclamos de la ciudadanía hacia las autoridades no eran escuchados. La presión del sector privado, junto con asociaciones como el Consejo de Seguridad Pública de Baja California, se intensificó a finales de 2006. Los empresarios comenzaron a abuchear la presencia del entonces gobernador Eugenio Elorduy y del alcalde Jorge Hank, y posteriormente, en septiembre de 2006, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) decidió no asistir a ninguna actividad oficial, así como cancelar la realización de actividades de promoción de inversiones. La culminación del hartazgo del sector tuvo lugar el 27 de septiembre de 2006, cuando los empresarios se reunieron de manera extraordinaria con el entonces procurador General de la República Daniel Francisco Cabeza de Vaca. Durante la reunión, los empresarios exigieron la entrada de las fuerzas federales y el Ejército a Baja California para atender los crecientes problemas de inseguridad y la falta de respuesta de las autoridades locales.
  2. Dar seguimiento a la estrategia de seguridad del gobierno
    Una vez que el gobierno dio inicio al Operativo Tijuana, que consistió en el despliegue de 3,296 elementos de la Defensa, Marina, Seguridad Pública y PGR para enfrentar al crimen organizado en Tijuana y Baja California, el papel del sector privado fue dar seguimiento a las acciones que se llevaban a cabo dentro de esta estrategia. El sector empresarial, encabezado por la Coparmex, mantenía reuniones periódicamente con las distintas instituciones de seguridad para dar seguimiento a los objetivos, logros y retos que permanecían en la ciudad. El sector privado comunicaba o traía a las mesas de seguridad los testimonios de la ciudadanía que sufrían de la violencia y, gracias al alto nivel de desconfianza hacia las instituciones de procuración de justicia, no se atrevían a levantar una denuncia. En específico, el sector empresarial daba voz a los casos de extorsión a los empresarios y a las maquilas de la ciudad fronteriza para poder reafirmar el reclamo de la ciudadanía ante los altos niveles de delincuencia. De esta manera, desde finales de 2007 hasta mediados de 2012, la articulación entre autoridades y sociedad civil, encabezada por el sector privado, permitió la implementación de las acciones en materia de seguridad que contribuyeron a la disminución de la violencia de Tijuana; por ejemplo, la implementación de sectorización y concentración de la estrategia de seguridad de la ciudad. Dicha estrategia se basaba en la división de la ciudad en cuadrantes geográficos que se catalogaban de acuerdo con la intensidad de violencia y presencia del crimen organizado que sufrían. Una vez que se priorizaban los sectores, las fuerzas de seguridad entraban y se concentraban en uno de éstos para desmantelar organizaciones del crimen organizado y reducir los índices de violencia. Además, el hecho de que los empresarios se sentaran a las mesas de seguridad del gobierno otorgó legitimidad a la estrategia y a las autoridades en el resto de la sociedad civil, pues el sector privado funcionaba como un contrapeso y vigilante civil que podía proteger los intereses de los tijuanenses.

La experiencia de Tijuana, en específico el protagonismo del sector privado durante los años más violentos de esta ciudad, demuestran cómo –si bien la inseguridad es común en todo el territorio mexicano– las particularidades de cada entidad y ciudad son relevantes. En este sentido, la historia de Tijuana y los esfuerzos por mitigar la violencia no se pueden comprender del todo si no se considera el liderazgo que tuvo el sector privado y las distintas acciones que implementaron para buscar reducir la inseguridad. La presión de actores como Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial o la Canacintra en Tijuana fue fundamental para atraer la atención de las autoridades y dar seguimiento y continuidad a la implementación de la estrategia de seguridad en la entidad. Desafortunadamente, el aumento en las cifras de homicidios dolosos de 2014 y 2015 demuestra cómo estas acciones no garantizan una solución a largo plazo ni la eliminación del riesgo de que la violencia pueda desatarse en el futuro. Sin embargo, la experiencia y enseñanzas del caso Tijuana son relevantes y son parte importante de la historia de inseguridad de nuestro país, y pueden ofrecer alternativas atractivas para atender el problema de inseguridad desde la trinchera ciudadana.

 

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