Empresarios de México exigen poner un alto a la corrupción

Por Ruth Mata y Alejandro Medina Luego de una hora de entrevista, Claudio X. González Guajardo se levantó de la mesa, salió de la sala de reuniones y, al abrir la puerta, se percató de que algunos de sus colaboradores en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la asociación que fundó a principios de este año y que hoy preside, se aglutinaban en torno del televisor. En la pantalla, Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, daba una conferencia de prensa, tras la revelación de una investigación, hecha precisamente por MCCI unos días atrás, que lo involucra en un presunto caso de corrupción. MCCI encontró que, durante la contienda electoral de 2012, la constructora Odebrecht había transferido 3.1 millones de dólares (mdd) a una empresa establecida en Islas Vírgenes y que estaba vinculada a Lozoya, quien, en ese entonces, se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional de la campaña presidencial del candidato Enrique Peña Nieto. Claudio se unió al grupo: “¿Ha dicho algo sobre nosotros?”, preguntó. “Nada más que analizará qué acciones jurídicas va a tomar contra los responsables de la investigación”, le respondieron. Sólo sonrió. No es la primera vez que este empresario-activista enfrenta una situación similar. Todo este año, MCCI y María Amparo Casar, investigadora del CIDE, se han dedicado a sacar a la luz al menos una decena de casos como el de Lozoya. Según datos de MCCI, la corrupción le cuesta a México cerca de 5% del PIB cada año, así que se ha ganado el título del país con más corrupción de la OCDE. González es sólo uno de los que se han decidido a actuar contra este problema. Otro es el empresario Alejandro Martí, cuya fundación, México SOS, documenta cómo la corrupción corroe a los sistemas judicial y de seguridad del país. “La corrupción ofende a la población muchísimo más que antes. Tiene el rechazo total de la ciudadanía, que está aprovechando las plataformas sociales para denunciarla; [éstas] son el eje para que se articulen los otros dos grandes temas que molestan a México, que son la delincuencia y la impunidad”, dice Martí. También Alejandro Legorreta se ha puesto en acción. Su organización Opciona tiene como bandera la honestidad en el país y su tarea más grande, dice Legorreta, es acabar con la idea arraigada en la sociedad mexicana de que la corrupción es algo normal. “La corrupción se institucionalizó, lo que ha hecho que no sea un tema exclusivo de gobiernos o políticos, como se piensa, sino sistémico, que nos atañe, de alguna forma, a todos”, señala.   El papel de los empresarios En ese “todos” están, desde luego, los propios empresarios. “El empresariado ha contribuido de forma importante en el crecimiento [de la corrupción]”, dice González. “Durante muchos años, una buena cantidad de empresarios, como los que hoy están a la vista, han sido parte también de la política de la mordida para mejorar sus resultados”, concuerda Martí. Pese a todo, ambos son optimistas: vislumbran un crecimiento en la voluntad de los empresarios mexicanos para combatir el problema que, entre otras cosas, afecta el crecimiento de la economía y, por tanto, de los negocios. “Los líderes empresariales de nuestro país deben ser una voz fuerte, capaz de denunciar la corrupción que se genera en la esfera gubernamental. Pero, para poder asumir este puesto, deben antes darse legitimidad limpiando su casa”, dice el fundador de MCCI. “Algo es totalmente cierto: ellos ya están hartos también de esta situación”. Te puede interesar: Ley anticorrupción también vigilará a la iniciativa privada “Reducir el nivel de corrupción que hay en México no sólo compete a autoridades u órganos de gobierno, sino también a las empresas, por lo que tenemos una política interna enfocada en la transparencia”, asegura al respecto Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El primer eje de esa política es la elaboración, junto con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), del Programa de Empresas Confiables, que identificará a las empresas que estén limpias de cualquier tipo de investigación, lo que dará certeza de que es seguro relacionarse con ellas. El CCE también prepara, con la asesoría de MCCI, la reedición de su Código de Ética e Integridad Empresarial, ahora en su versión 2.0, el cual se compondrá de un código de buenas prácticas, un manual de actuación y operación ante posibles casos de corrupción y un sistema de seguimiento a las compañías que permita verificar que cumplen con la autorregulación. Finalmente, habrá una serie de cursos de capacitación ejecutivos a cargo del CCE para mostrar los riesgos de continuar con los niveles actuales de corrupción en el país. La corrupción ya está anotada en la agenda empresarial de manera permanente, y le dan seguimiento las asociaciones afiliadas, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), afirma Castañón. Coparmex trabaja en dos alternativas para el combate a este mal. Por un lado, busca mejorar en materia de prevención y, por otro, en la denuncia de las actividades fraudulentas, explica Alejandro Ríos, presidente del Comité Anticorrupción de Coparmex.         ¿Cuáles son las formas de corrupción que más perjudican al país y por qué? Eugenio Clariond Reyes-Retana / Empresario en retiro La corrupción que más duele es la que afecta a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad; por ejemplo, el terrible desprecio en entidades como el Seguro [Social], la policía, las cárceles, etc., donde se abusa de los más desprotegidos. Luego, debo mencionar la corrupción que arruina la posibilidad del desarrollo social y económico, esto es, todas las múltiples formas en las que la corrupción ha venido cancelando el desarrollo y el empleo. Héctor Hernández-Pons Torres / Presidente de Herdez La impunidad y la falta de Estado de Derecho, así como todas las formas de enriquecimiento ilícito que dañan las instituciones y merman la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones. Bruno Cattori / Presidente y CEO de FCA México Cualquier forma de corrupción es muy perjudicial para el país y para cada uno de nosotros. Soborno, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, tráfico de influencias, por nombrar algunas, debilitan el marco legal, dan paso a la impunidad y, finalmente, dan como resultado un deterioro social. Francisco Gil Díaz / Consejero Presidente no Ejecutivo de Telefónica El uso, en las campañas políticas, de recursos presupuestarios que tienen otra finalidad. Discrecionalidad para autorizar, dar permisos, etcétera, especialmente en los niveles municipal y estatal. En general, todo lo que tiene que ver con discrecionalidad en lugar de automaticidad.   Para ello, se ha creado un paquete de medidas de ética corporativa para advertir a las empresas sobre las consecuencias de beneficiarse de actos de corrupción. El plan es expandir la difusión de éste a empresas medianas y pequeñas que, aun cuando no han figurado en los escándalos de corrupción más sonados, ello no significa que estén al margen del problema. El comité también abrirá una línea telefónica 01 800 de denuncia anónima de actos de corrupción, como una forma de combatir el miedo a denunciar. La información que reciban será canalizada directamente a la SFP o a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para su investigación. El proyecto comenzará en breve, como un piloto, en los estados de Querétaro y Baja California Sur. Las acciones anticorrupción, del CCE y de Coparmex, empiezan en estos días, antes de que concluya septiembre. “Queremos hacer un combate directo a la corrupción. Es imprescindible que dejemos de tolerarla y, para ello, la participación de todos es necesaria. Por ejemplo, estamos viendo avances en sectores como el de medicamentos o construcción, pero tenemos que ir por más y vamos por ello”, dice Ríos.   Empresas y corrupción “Hace un par de décadas, la alerta social en torno de la corrupción era muy baja. La gente no la consideraba [como] algo grave; [ahora] está más alerta; se percibe un cambio de actitud, porque ya no están dispuestos [los ciudadanos] a dejarse extorsionar o a que les condicionen los servicios”, comenta Federico Reyes Heroles, presidente de Impunidad Cero. Pero el gran tema pendiente es la impunidad: que no haya consecuencias para los responsables de los actos de corrupción. “Cuando vemos el número de denuncias que ha hecho la ASF a la PGR, que es de miles a lo largo de los años, sólo 3% ha recibido algún tipo de sanción”, dice Reyes Heroles. Te puede interesar: Los empresarios sabemos que la corrupción nos pone en desventaja: Claudio X. González Recientemente, el Inegi reveló que la Iniciativa Privada erogó 1,600 mdp en corrupción para eludir regulaciones. Los empresarios tenían que acomodarse a los requerimientos de gobiernos que operaban de manera muy corrupta, justifica Reyes Heroles. “El empresario en sí mismo no debería de tener grandes alicientes para ir de manera corrupta a una operación”, comenta. “Por ejemplo, en una licitación de una presa, cotiza 800 mdd, y hay una que cotiza en 600 mdd. Dice uno: ‘cómo le va a hacer? ¿Va a entregar una presa mal hecha o qué’”? Con el tiempo, los empresarios mexicanos se han dado cuenta de que ganar así es un triunfo pírrico, que se meten en líos. El asunto se ha ido convirtiendo en una “papa caliente”, añade el presidente de TM. En contraste, dice Reyes Heroles, Lorenzo Servitje (uno de los dueños de Grupo Bimbo, fallecido este año) prefería que su mercancía se echara a perder, porque las autoridades no dejaban circular en algún punto a los camiones de la compañía, antes que darles “mordida”, hasta que la policía dejó de detenerlos porque la empresa no aceptaba la extorsión. En otra ocasión, cuenta que, al término de una conferencia que ofreció en Guadalajara, un grupo de constructores de vivienda le presentaron pruebas que señalaban a un servidor público como extorsionador. Todos los empresarios eran competidores, recuerda; sin embargo, se unieron y se manifestaron, por lo cual el asunto fue a dar a la SFP y se destituyó al servidor público. “Si tuviéramos cada vez más organizaciones de ese tipo, con códigos de ética que nos permitieran confiar en ellos, las cosas irían mucho mejor, porque el trato individual siempre hace que exista un abusadillo que se pone de acuerdo con el servidor público”, señala.   ¿Qué condiciones deben cumplirse para un combate eficaz de la corrupción? Eugenio Clariond Reyes-Retana Para combatir la corrupción, es necesario: Restablecer el Estado de Derecho. No es posible eliminar la corrupción si no hay compromiso de que se cumpla la ley y exista justicia. Autonomía de los poderes, Judicial y Legislativo, lo que no se ha dado con el gobierno de ningún partido político. Nos quejamos de lo que sucede en Venezuela, pero estamos igual. Sin autonomía de poderes es imposible acabar con la corrupción y aplicar la ley. Héctor Hernández-Pons Torres Persecución de delitos, transparencia en la rendición de cuentas y mayores controles en las cuentas públicas. El presupuesto anual puede ser reasignado a discreción sin ninguna consecuencia o candado. Garantías de que el poder judicial tenga plena independencia, tanto de los organismos públicos como privados. Asimismo, la educación en los niveles básicos debería incluir temas relacionados con el combate a la corrupción. Bruno Cattori Creo que el fomento de una cultura de legalidad entre la población es fundamental, y en éste debemos participar todos desde los hogares, instituciones educativas, empresas y, desde luego, todos los niveles de gobierno. Para iniciar una lucha frontal contra la corrupción, hay diversos factores que deben cumplirse, tales como actualización y endurecimiento de las leyes anticorrupción y creación de organismos autónomos capacitados para investigar y sancionar actos de corrupción. Se debe promover el pleno funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y hacer cumplir el Estado de Derecho dentro del marco legal. Es un problema que toca a todos los sectores de nuestro país y no puede combatirse, a menos que se elaboren acciones coordinadas. Francisco Gil Díaz Generalizar la institución de transparencia en los tres niveles de gobierno. Digitalizar toda la información pública y hacerla pública. La tecnología debe ser un gran aliado. Eliminar el contacto personal; los trámites y las autorizaciones deben ser sin ventanilla. Reformar la Secretaría de la Función Pública. Se necesita una agencia investigadora. Conviene estudiar al FBI. La Secretaría está construida para encontrar y sancionar omisiones formales, no para investigar y sancionar corrupción. Las contralorías deben ser atribución exclusiva de los organismos públicos y estar al servicio del titular, en lugar del “enemigo en casa”. Necesitamos “tercerizar” un número importante de funciones, dos en especial: Los proyectos de inversión no deben ser evaluados por el gobierno; deben ser entidades particulares y podrían funcionar con la validación de algún organismo internacional. O en las licitaciones, la decisión del ganador también debe ser de un organismo de naturaleza independiente, autónoma, y también [debe ser] sancionado su desempeño por alguien como el Banco Mundial. Un fiscal anticorrupción autónomo y con recursos.   Las balas de plata del SNA La falta de capacidad institucional para detectar los actos de corrupción desde que surgen, investigarlos y sancionar a los responsables, llevó a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aprobado en mayo de 2015 como reforma constitucional en el artículo 115. Después fue aprobada la Ley General en la materia y entró en vigor en julio pasado. El SNA tiene el objetivo de dar certeza a los ciudadanos sobre faltas administrativas graves, hechos de corrupción e identificar a los responsables de la comisión de los delitos y a los encargados de sancionarlas, explica Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA. “[El SNA] surge a partir de que se hacen mucho más claros los actos de corrupción y de que está mucho más claro que éstos no surgen de las acciones de un individuo aislado, sino de un conjunto de complicidades, de redes de corrupción”, explica. “De esto es de lo que se trata, de incorporar a la sociedad, que sea vigilante y active los distintos procedimientos”. El SNA se encuentra en una fase de construcción institucional, que implica tener leyes, disposiciones, reglamentos y lineamientos que lleven a la creación de una secretaría ejecutiva que apoye al SNA. Es necesario identificar también las prioridades de las entidades que tienen alguna responsabilidad en el combate a la corrupción, como en el caso de la SFP y la Fiscalía Especial Anticorrupción, para la cual, por cierto, el Senado no ha designado titular. También falta el nombramiento de los magistrados de la sección especial de corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, el Tribunal ya autorizó la recepción de casos de corrupción para que se investiguen en la ASF y en la SFP (de comprobarse las faltas, los procesos pueden llegar al Tribunal y ser sancionados). “Las leyes entraron en vigor el 19 de julio, pero lo que hemos tratado de hacer en el SNA es ver que, aunque todavía falten ciertos nombramientos, que pueda empezar a funcionar el sistema con base en lo que ya se tiene”, dice Peschard. Te puede interesar: Corrupción: el problema de México en la negociación del TLCAN El Comité de Participación Ciudadana (CPC) está en proceso de identificar las áreas que considera particularmente problemáticas y caldo de cultivo para casos de corrupción. Son ejemplos las compras públicas, la construcción de obra pública y las campañas políticas. Poner el ojo en la seguridad es prioritario, agrega Peschard, porque puede ser que haya una denuncia muy clara, pero que no haya sido atendida adecuadamente o el asunto haya quedado trunco. Una obligación del CPC es mantener una línea de comunicación permanente con la sociedad y las organizaciones que tienen algún tipo de trabajo relacionado con actos de corrupción, como Fundar, que observa cómo se selecciona a los servidores públicos, si los nombramientos son o no transparentes. “No sabemos qué criterios usa el presidente de la República para enviar al Senado los nombres de los 18 magistrados del Tribunal y tampoco [el que usará] para el nombramiento del fiscal especial anticorrupción, primero, porque no había un mecanismo transparente que se pudiera auditar”, explica Peschard. “Es muy importante que, quienes tienen un nombramiento, particularmente los que aplican sanciones, pero también los que investigan, sean personas independientes de los jefes a los que auditan, porque, si a esos jefes son a los que vigilan y ésos tienen una línea de lealtad o disciplina, entonces [la investigación] no tiene sentido”. Un ejemplo de lo anterior es lo que sucede con los auditores en los estados, en donde no existe transparencia y normalmente se trata de gente muy allegada a los gobernadores, agrega la comisionada. ¿Cuáles son las resistencias más difíciles de vencer para un combate efectivo de la corrupción? Eugenio Clariond Reyes-Retana Lo más difícil es cómo obligar a quienes llegan al poder, de cualquier partido, pues ya hemos vivido que, desde la izquierda hasta la derecha más recalcitrante y de cualquier nivel, todos roban; es obvio que quieren que la ley no se aplique a ellos y aprovechan su mandato para enriquecerse. También se necesita impactar al sector privado, donde miles de participantes y sus negocios dependen de la corrupción. Hay que denunciarlos. La sociedad debe rechazar a estos malos empresarios como Higa, ICA, OHL, Odebrecht, AHMSA, etc. Podría llenar páginas de los negocios cuya existencia depende de la corrupción, muchos de ellos trasnacionales y todos auditados por alguno de los cuatro grandes despachos de auditores internacionales. Héctor Hernández-Pons Torres La resistencia de los legisladores a hacer cambios en las leyes y sus reglamentos. Bruno Cattori Hacer valer el Estado de Derecho, ya que deben existir consecuencias para quien cometa un acto de corrupción. Es fundamental impulsar la ética y una cultura anticorrupción en todos los niveles de la sociedad y, para lograrlo, debemos participar todos desde “nuestra trinchera”, cualquiera que ésta sea, denunciando y educando. Francisco Gil Díaz Lo que se opone a lo anterior (su respuesta previa)   La conformación del SNA ha enfrentado complicaciones. El CPC conduce el SNA a través de su presidencia; sin embargo, este comité no tiene estructura ni apoyo adicional, como sí los tiene la SFP. En la última reunión que llevó a cabo el Comité con ese organismo, se hizo un pronunciamiento que planteó una política pública para que los nombramientos de los organismos internos de control (de las dependencias federales y órganos autónomos) fueran transparentes, abiertos y auditables. Un hallazgo del SNA es que los jueces en los estados están prácticamente alineados con el gobernador en turno, revela Peschard, ante lo cual el SNA se ocupa de documentar en dónde se encuentran las deficiencias. Los estados, destaca, son de las zonas más vulnerables o de mayor riesgo porque tienen menores niveles de transparencia en cuanto a procedimientos. “Hay muchas más posibilidades de que el gobernador capture a las diversas autoridades que tiene en su competencia, que vigilar al poder”, abunda. “Entonces, en lugar de que vigile alguien independiente, se vigilan a sí mismos”. Al SNA lo integran siete instituciones: SFP, ASF, Fiscalía Anticorrupción (independiente, especializada en investigar, integrar y someter expedientes a consideración de jueces penales en casos de corrupción), Consejo de la Judicatura Federal (en su momento, sus similares de las entidades federativas), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), Tribunal de Justicia Administrativa (que deberá de tener una sala especializada en materia de corrupción) y CPC, en la que cinco ciudadanos actuarán como enlace con la sociedad para prevenir la corrupción y para el control democrático del SNA. Pero en los estados es que diluyen el peso de los ciudadanos en el SNA local. “Hay estados donde, en lugar de que haya siete miembros que coordinen su sistema local, ponen 15; entonces se incorpora a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobierno… Y así el ciudadano ya no es uno de siete, sino que es uno de 12”, señala Peschard. En respuesta, el CPC hizo una solicitud de amparo en contra de los congresos estatales para que se cumplan las leyes generales, pese a su calidad soberana. Te puede interesar: Control de corrupción en México, tan bajo como en Venezuela: Moody’s Afortunadamente, se calcula que, a principios de 2018, el SNA podrá captar los primeros casos de corrupción. Sin embargo, casos como el del socavón del Paso Exprés (en la carretera México-Acapulco) o los supuestos sobornos que involucran al ex director general de Pemex no pueden ser investigados ni sancionados por las nuevas reglas; deberán investigarse y sancionarse conforme a las reglas anteriores.   Bien organizadas “Ellos la llaman ‘una coalición en favor del combate a la corrupción’, y esa coalición fue la que empujó la Ley 3 de 3, que es una Ley General de Responsabilidad Administrativa, para la que se lograron juntar 640,000 firmas. Fue gracias a que se involucraron Mexicanos contra la Corrupción, TM, IMCO, Red por la Rendición de Cuentas… Todas ellas están financiadas con recursos privados, pero hacen un trabajo de tipo organización social”, dice Peschard. También hay ayuda de afuera. El Banco Mundial (BM), por ejemplo, está elaborando, junto con la SFP y el CPC, el nuevo formato para realizar las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés, que serán públicas. Antes, era opcional hacerlas públicas, pero ahora la Ley General de Responsabilidades obligará a su divulgación… con la salvedad de que no revela información que ponga en peligro a las personas. También han ofrecido apoyo la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y agencias de cooperación europea.   Cómo saber si funciona “Si lo que quieres atacar son las raíces de la corrupción, no es suficiente con que ataques sus manifestaciones”, advierte Peschard. “Es decir, como en el caso de corrupción de Lula [da Silva, ex presidente de Brasil] o de Odebrecht: tienes que ver qué permite que se dé ese tipo de sanciones, [considerar] los procesos, cómo reforman los procesos, cómo vigilan los procesos”.   ¿Qué papel le toca jugar, en el combate a la corrupción, a: gobierno, legislativo, ciudadanos y empresarios? Eugenio Clariond Reyes-Retana Erradicar el cáncer de la corrupción no es responsabilidad de un sólo sector. Sin embargo, nos urge un líder que, además de honesto, sea inteligente. Urge elegirlo. Erradicar la corrupción; lo intentó Ernesto Zedillo, [pero] se quedó corto o no se lo permitió el sistema. Después Fox y Calderón se acomodaron y hasta facilitaron que todos, particularmente los gobernadores, roben en despoblado. Peña ha sido el colmo de la corrupción y el Peje la lograría hacer institucional. Héctor Hernández-Pons Torres Gobierno: Generar apertura y crear organismos que persigan la corrupción. Legislativo: Modificar las leyes para que permitan que la corrupción se castigue. Ciudadanos: Participar activamente en denunciar actos de corrupción y no participar en actos de este tipo. Empresarios: Promover una cultura de ética e integridad empresarial que incluya sanciones a los actos de corrupción de sus colaboradores. Bruno cattori El poder Legislativo debe dotar al gobierno de las herramientas necesarias para combatir la corrupción y también sancionar a quienes sean acusados de practicarla. La responsabilidad del gobierno es llevar a cabo investigaciones y sanciones de manera imparcial y aplicar todo el peso de la ley a cualquier persona que lleve a cabo un acto de corrupción. Asimismo, el gobierno debe aplicar medidas de mejora regulatoria que fomenten buenas prácticas de negocio a fin de evitar actos burocráticos innecesarios en la administración pública que puedan facilitar actos de corrupción. Por otro lado, gobierno, instituciones educativas, empresarios, ciudadanos y la sociedad en general debemos crear una conciencia y cultura social para combatir la corrupción en todos sus niveles. Francisco Gil Díaz.  Hace falta, evidentemente, legislar para lograr lo anterior (su respuesta al punto 2).   Además, Peschard considera que, en tres o cuatro años, habrá nuevas prácticas y sanciones muy claras por actos de corrupción. “Lo dije alguna vez: que tendría que haber un pacto nacional de combate a la corrupción, donde gobernadores, el presidente, los legisladores y todos estemos en esto; si no, qué sentido tiene”, comenta. Los costos de la corrupción están en la economía y en la calidad de vida de los ciudadanos, quienes tienen que dar parte de sus ingresos para que les “agilicen trámites”, dice. “Lo más grave es la manera en que la corrupción va corroyendo las funciones del Estado de Derecho, que debería estar apegado a la norma, y que por estas prácticas recurrentes [de corrupción] es que persiste la impunidad, que es el peor de los males”, añade. “La regla para reducir la corrupción es: castigo, castigo y castigo; porque, de repente, castigan a uno y queda como un negrito en el arroz. [Esto] tiene que ser una cosa sistemática y, así, evitar la debilidad del Estado de Derecho”. La corrupción va en detrimento de la población que posee menores recursos y, en gran medida, su situación es el resultado del mismo fenómeno: la corrupción. En materia de seguridad, la afectación está en toda la cadena, porque existen desde policías corruptos hasta jueces coludidos, lo que afecta la impartición de justicia, que es un derecho fundamental, cierra Peschard. Con información de María Fernanda Navarro, Miguel Ángel Rentería y Jonathán Torres   Factores que inhiben un buen entorno de negocios 18.6 % corrupción 14.5 % regulación tributaria 13.3 % burocracia ineficaz 12.9 % delito y robo 9.8 % acceso a financiamiento En números

• Ary Naim, gerente general para México de la Corporación Financiera Internacional (IFC), estima que la corrupción equivale a 9% del PIB.
• La Organización de los Estados Americanos (OEA) apunta que la corrupción en México cuesta relativamente 5 veces más que a nivel mundial, y la sitúa en 10% del PIB nacional.
• El CEES sostiene que la corrupción cuesta 1.5 billones de pesos, equivalente al 10% del PIB.
• México ¿cómo vamos?, la cifra de daños es de 341,000 mdp al año.

Investigaciones de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad

1. Organización financiada por Conagua, crea centro en honor a David Korenfeld.
2. Sobreprecios de tierras donadas a Toyota en Guanajuato.
3. Impunidad en torno a feminicidios en México.
4. Juntos Podemos Iniciativa de apoyo a migrantes mexicanos, que preside la panista Josefina Vázquez Mota.
5. El gasolinazo del secretario de Energía.