Empresas libres de corrupción

Por Alfredo Hernández M.* El miércoles 19 de julio empezó a operar en su totalidad el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Si bien es un motivo de celebración, lo más importante es poner manos a la obra y analizar cómo podemos participar como representantes del sector privado. Hace unas semanas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria Impacto Gubernamental en Empresas 2016, en los que señaló que el costo de la corrupción a nivel nacional durante ese año se estimó en 1,600 millones de pesos. La 7ª Encuesta de CEO en México, que elaboramos en PwC, muestra que las principales preocupaciones de los directivos mexicanos a nivel político y social son la corrupción y los sobornos, con 90% de las respuestas. Por su parte, la Encuesta de Delitos Económicos de PwC 2016 indica que una de cada cinco organizaciones en México fue víctima de este delito en los dos últimos años, y que 27% considera que se seguirá siendo un tema de preocupación dentro de los próximos 24 meses. Un golpe a la competitividad El Índice de Competitividad Global 2016-2017, realizado por el Foro Económico Mundial, ubica a México en la posición 51. Con base en este reporte, los factores más problemáticos para hacer negocios en el país son la corrupción, en primer lugar, seguido del crimen y robo y la ineficiencia burocrática gubernamental. Debido a lo anterior, es imperativo generar una cultura corporativa libre de corrupción. En nuestra experiencia, los programas de cumplimiento anticorrupción bien diseñados, adoptados con base en mejores prácticas y no sólo para cumplir con las regulaciones, pueden llevar a las organizaciones a un mayor nivel de competitividad. Cada vez más empresas líderes en sus sectores están buscando relaciones de negocio de la más alta calidad posible en cuanto a ética, integridad, prestigio y reputación de parte de aquellos con quien hacen negocios. ¿Cuál es el resultado? La creación de comunidades de empresas éticas, con altos estándares, programas de cumplimiento fuertes y redes de socios de negocios que comparten las mismas prácticas. Una tarea de largo plazo Bien es cierto que se han generado muy altas expectativas del Sistema Nacional Anticorrupción; sin embargo, será prudente estar conscientes de que sus resultados no serán inmediatos, ya que se deberá analizar la forma de combinar las mejores estrategias que produzcan efectos positivos en el corto, mediano y largo plazo. Lo anterior implica un gran reto para los diferentes actores de este sistema: identificar cuáles son las prioridades, como país, en el combate a la corrupción. En este aspecto, cabe destacar que hay algunos sectores que pueden tener mucha importancia en esta tarea, como son salud, seguridad pública y educación. Para PwC, una de las principales claves para enfrentar el problema de corrupción se encuentra en la prevención. Como empresarios, es necesario tener en cuenta que las leyes derivadas de este sistema consideran como agravante el que se conozcan presuntos actos de corrupción y no se denuncien. Sin embargo, también suponen como atenuante el contar con ciertos procedimientos y controles anticorrupción preventivos, a lo cual se le denomina como “Política de Integridad”. Dentro de las sanciones administrativas a las que las compañías se exponen por la comisión de delitos bajo el nuevo marco legal, se encuentran sanciones económicas por hasta 110 millones de pesos, la inhabilitación para hacer negocios con el gobierno hasta por 10 años e incluso hasta la disolución de la sociedad. Con base en lo anterior, vale la pena hacer énfasis nuevamente en que la mejor medida para prevenir y combatir la corrupción, es adoptar una posición proactiva, y con base en mejores prácticas, que se refleje en un programa de cumplimiento que evalúe riesgos, que comunique y demuestre firmemente  la posición de cero tolerancia y compromiso de la Alta Dirección, y que establezca un programa de Gestión de Relaciones con Terceros, entre otros componentes clave que mitiguen los riesgos particulares de cada organización. *Alfredo Hernández M. es socio de la Práctica de Servicios Forenses de PwC México.   Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.