El llamado Sistema Nacional Anticorrupción es la reforma a una serie de leyes y agencias públicas para fortalecerlas y facilitar la prevención, detección y castigo de actos de corrupción. La reforma fue impulsada por un grupo de académicos y organizaciones que lograron las firmas suficientes para presentar una iniciativa ciudadana con el gancho de algo que al final no se cumplió, que todos los servidores públicos hicieran público su patrimonio, pago de impuestos e intereses. Al final, los cambios a las leyes administrativas y penales en efecto se dieron en el sentido correcto.

El problema, es que las reformas institucionales deben de ser acompañadas por actores políticos con el compromiso de respetarlas y trabajar conforme a su espíritu. No es el caso del gobierno mexicano. Como la reforma en realidad les fue impuesta, la estrategia parece ser la de posponer su puesta en operación y minar, en la medida de lo posible, su margen de acción. Los ejemplos sobran, varios de ellos fueron listados el sábado pasado en el diario Reforma por Lourdes Morales, precisamente una de las principales mentes atrás del diseño del Sistema. El Sistema, que fue aplaudido cuando fue votado, se trata de debilitar por todos los medios posibles.

Un intento claro por debilitar el Sistema, es la nominación que hizo el presidente Peña de los candidatos a magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se trata de una institución que, bajo el nuevo sistema, cobra una mayor importancia, ya que será el encargado de establecer las penas por faltas administrativas graves. Se trata de un cambio muy importante, ya que ahora dichas penas no serán establecidas por los órganos internos de control, designados por el propio Poder Ejecutivo, sino por parte de un tribunal independiente.

Es por eso que los nominados al mismo deberían de tener una sólida carrera en el derecho administrativo y que garantizaran, en la medida de que esto es posible, independencia con respecto al Ejecutivo Federal. Existen dudas serias de que esto aplique para los ciudadanos seleccionados por el presidente y que fueron puestos a consideración del Congreso para su aprobación.

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Los más serio de todo esto es que las dudas al respecto son compartidas por los propios miembros del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. El Comité tiene el papel de velar por el correcto desarrollo del sistema y, en su caso, hacer las recomendaciones pertinentes. Ellos señalan que la selección que hizo el presidente no fue por medio de un proceso transparente y abierto.

El Comité le pide al presidente que revele que procedimiento se siguió para la nominación, cuáles fueron los criterios de selección, qué calificaciones obtuvieron los ganadores, cuál es el perfil de los que no fueron electos, así como por la razón de que solamente cinco de los 18, son mujeres, cuando el número de mujeres que laboran como magistradas o secretarias de acuerdo, es similar o incluso mayor al de varones. El comité pide al Senado (o en su caso a los que somos miembros de la Comisión Permanente del Congreso en este periodo de receso) se hagan públicas las sesiones en las que se eligieran a los magistrados y se establezca un procedimiento estricto para el escrutinio de los candidatos.

Miembros del Comité señalan que algunos de los candidatos no cubren los requisitos, o los cubren técnicamente, pero, con excepciones, no son los candidatos ideales para el cargo. Se advierte un acuerdo del PRI con el PAN para repartirse a los magistrados. Eso les daría a los partidos un gran poder, ya que podrían encubrir o castigar a servidores públicos por medio de su influencia en el tribunal de justicia administrativa.

A la obscura nominación de los magistrados, se suma el intento de convertir al procurador en fiscal general, el no haber nombrado un fiscal anti corrupción y el mantener las designaciones discrecionales, sin concursos, ni reglas, ni servicio civil de carrera, a los contralores del gobierno federal. De todos estos procesos han sido excluidas a las organizaciones de la sociedad civil que promovieron el sistema.

Parecería que el gobierno federal quiere blindarse ante el hecho inminente de que el candidato del PRI perderá las elecciones del 2018. Eso trataron de hacer, por cierto, los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, cooptar a las instituciones de combate a la corrupción para obtener impunidad una vez terminada su administración. Con magistrados administrativos y un fiscal general y anti corrupción a modo, pues difícilmente se van a poder perseguir actos indebidos de este sexenio. Es por eso muy importante no perder de vista que en los próximos meses los legisladores vamos a realizar una elección fundamental en ese sentido, la elección del nuevo Auditor Superior de la Federación. Por lo pronto el aplaudido sistema que combatirá la corrupción en el país, no está funcionando y es evidente que el principal interesado en sabotearlo es él gobierno federal, que en realidad jamás lo quiso.

 

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