Desde cárteles del narcotráfico, grupos armados especializados, bandas criminales de bajo impacto, gasolineros, empleados y exempleados de la compañía petrolera, hasta autoridades de seguridad pública, empresarios y comunidades son quienes están detrás del robo ilegal de combustibles, , de acuerdo un estudio elaborado por la empresa EnergeA, proyectos de energía de Grupo Atalaya,  encargado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Cada grupo tiene distintas jerarquías. Mientras que la estructura y organización interna de bandas criminales, gasolineros, empleados y empresarios es muy baja y moderada, las autoridades de seguridad pública y el narcotráfico, los grupos más violento de todos, es muy alta.

Los miembros del cártel de Sinaloa están asociados a la extracción de gasolina y diésel del poliducto Culiacán-Topolobampo. Mario Alejandro Aponte Gómez, alias “El Bravo”, era hasta su muerte en abril de 2015, quien se encargaba de robar los hidrocarburos en Culiacán, según el reporte.

En venta al menudeo por la carretera de Culiacán-Vitaruro, Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, líder del Cártel de Sinaloa en los expendios, fue señalado en una red de gasolineras asociadas, además de distribuir el hidrocarburo robado, según The Office of Foreign Assets Control del Departamento del Tesoro de Los Estados Unidos.

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Respecto a la región de González Altamira, son señalados miembros del Cartel del Golfo en el robo ocurrido en el poliducto MAdero-adereyta con herramientas y técnicas especiales para la perforación de ductos. Según fuentes confidenciales en el reporte, el Cártel del Golfo vende crudo a medianos consumidores, usualmente pequeñas empresas y fábricas del sector informal.

“Se sabe que el Cártel del Golfo almacena combustible en sus narco-campamentos, pues en el momento en que las autoridades han asegurado dichos narco-campamentos, han encontrado combustible almacenado, además de armas de fuego, municiones y equipo táctico”, agrega el reporte titulado, estudio para analizar la problemática de seguridad física en las instalaciones del sector hidrocarburos y emitir recomendaciones para el reconocimiento de costos por concepto de seguridad.

También hay presencia de bandas criminales locales, que almacenan el combustible ilegal en casas, tendajones cercanos a las carreteras.

En la región Silao-Irapuato-Salamanca, en el transporte se señala a elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación que sustraen combustible del poliducto Salamanca-Guadalajara.

El análisis elimina los detalles del ranking de sistemas por desviación y tomas entre 2011 y 2015 bajo el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública porque compromete la seguridad pública.

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Modus operandi

Los cárteles tienen información sofisticada, incluso tienen la capacidad de clonar documentos oficiales, uniformes y autotanques. Amenazan a las autoridades municipales y a gasolineros para que compren y distribuyan los hidrocarburos.

En cuanto a los grupos armados especializdos, estos realizan tareas segmentadas de vigilancia, perforación, custodia y traslado de combustible en pipas o autotanques.

Las bandas criminales son grupo rudimentarios y extraen los energéticos de forma artesanal con seguetas, marros y cinceles, lo que ha provocado derrames e incendios.

Las empresas compran combustible robado para su proceso, mientras que los gasolineros venden el combustible adulterado o en cantidades menores a lo que registran las bombas.

Por otra parte, grupos como las comunidades cercanas a los ductos no se enfocan en dañar la infraestructura de Pemex, sino de rapiña de autoconsumo practicada principalmente en Tlaxcala, Puebla y Tabasco.

Las personas que trabajan en Pemex utilizan o proveen información sobre operación, instalaciones, logística y actividades para permitir o cometer los delitos.

Los servidores públicos, tanto federales, estatales y municipales permiten, realizan o custodian y protección a delincuentes para robar los energéticos.

El documento detalla que no hay un método exacto para saber cuánto combustible es robado por la colusión de autoridades. También la falta de capacidad de las instituciones para reaccionar, además de la complicidad de empleados, pues las autoridades federales y locales muestran resistencia a dar detalles sobre las indagatorias.

“La escasa información disponible debe complementarse con datos aportados por estudios académicos, fuentes periodísticas y fuentes al interior de instituciones como Pemex, la Policía Federa o privados, como propietarios de gasolineras, distribuidores de gas LP y natural).

Las pocas aproximaciones que existen solo se refieren a los síntomas: las tomas clandestinas, particularmente aquellas que han sido detectas, pues tampoco se sabe cuántas están operando sin ser detectadas, agreg+o el reporte.

 

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