EFE.- El Senado de Estados Unidos confirmó este viernes a la activista Ur Mendoza Jaddou, de padre iraquí y madre mexicana, como directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés), la agencia que gestiona el sistema migratorio y los procesos de naturalización.

Con una votación de 47 a 34, Mendoza Jaddou se convierte en la primera persona aprobada por el Senado desde 2019 para dirigir esta agencia, la cual no ha tenido un líder confirmado en más de dos años.

Al conocerse la aprobación, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, felicitó a Mendoza Jaddou, de quien resaltó sus dos décadas de experiencia en leyes, políticas y administración del sistema de inmigración.

“Ella administrará el sistema de inmigración de nuestra nación de manera justa y equitativa”, señaló Mayorkas sobre quién será una pieza clave para adelantar los planes migratorios del presidente Joe Biden.

“Como hija de inmigrantes trabajadores, Ur comprende cómo las familias inmigrantes enriquecen nuestro país y los desafíos que enfrentan”, añadió Mayorkas.

Hasta su nominación en abril pasado, Mendoza Jaddou había sido directora de DHS Watch un proyecto del grupo America’s Voice que aboga por una reforma migratoria, además de tener experiencia en USCIS, donde en el pasado ha trabajado en sus servicios jurídicos.

Bajo el mandato del expresidente Donald Trump (2017-2021), USCIS implantó una serie de cambios que obstaculizaron la residencia permanente para los inmigrantes así como la aprobación de sus solicitudes de asilo.

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El Gobierno de Trump también cambió el examen de naturalización y propuso elevar las tarifas de un gran número de trámites, lo que fue objeto de demandas judiciales.

La actual Administración de Biden ha revocado varias de las medidas implantadas por su predecesor, pero Mendoza Jaddou tendrá que lidiar con el atraso de las solicitudes de asilo, cuyo trámite en muchos estados ahora puede durar años.

Mendoza estará al frente de una agencia federal que tiene unos 16,700 empleados, la mayoría de los cuales (13,400) el año pasado vieron sus puestos amenazados por falta de fondos, según dijeron entonces sus directivos. 

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