Un exinvestigador de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (AFT) por sus siglas en inglés está acusado de traficar armas a México mientras era empleado de la oficina en 2017, según una carta enviada al director de ese organismo esta semana por el senador estadounidense Charles Grassley.
José Luis Meneses, un ciudadano mexicano que trabajó como investigador para la ATF en el consulado de Estados Unidos en Tijuana, admitió haber comprado en línea piezas de armas de fuego, así como en una tienda de armas de California y traficarlas a México con fines de lucro en 2017, según la carta y un memorando de entonces de la agencia obtenido por Reuters. El caso no había sido reportado anteriormente.
El tráfico de armas estadounidenses hacia el sur a través de la frontera es un tema diplomático de primer nivel en México. Funcionarios mexicanos acusan a sus homólogos estadounidenses de no hacer lo suficiente para detener el flujo ilegal de estas armas, que, según dicen, ayudan a dotar a los cárteles de la droga y contribuyen a la alta tasa de homicidios del país.
Según la ATF, casi el 70% de las armas de fuego rastreadas, utilizadas para cometer delitos e incautadas en México provienen de Estados Unidos.
La carta de Grassley fechada el 18 de octubre, que cita el memorando de la ATF de 2017 y la información descrita como “divulgaciones de un informante”, acusó a la agencia de no realizar una investigación completa sobre el asunto.
“Si estas divulgaciones protegidas son verdaderas y precisas, ilustran una falla por parte de la ATF a la hora de responsabilizar a sus empleados por conducta criminal inapropiada”, según la misiva.
La carta de Grassley también generó dudas sobre cuánta información los funcionarios estadounidenses dijeron a sus homólogos mexicanos sobre las acusaciones de tráfico de armas por parte del Meneses, un punto que podría avivar las tensiones entre los dos países.
Un funcionario diplomático mexicano de alto nivel dijo a Reuters que se pedirá una investigación.
“Exigiremos que se llegue al fondo para llevar a los responsables de estos actos ante la justicia y que jamás se repitan este tipo de acciones”, dijo.
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La ATF confirmó que había recibido la carta y dijo que, en general, investiga las acusaciones y toma las medidas apropiadas, negándose a discutir detalles del caso.
Un funcionario del gobierno estadounidense dijo que eso es lo que sucedió en este caso.
“La embajada descubrió actividad sospechosa, revocó el acceso al recinto en un día, hizo una investigación y lo despidió en un mes. Es terrible que haya sucedido, pero así es exactamente como se supone que debe funcionar”, dijo.
El gobierno estadounidense “no tolera ese tipo de comportamiento”, añadió.
Investigación sobre armas de fuego inicia tras llamada de un vendedor
La investigación interna sobre Meneses comenzó cuando un vendedor de repuestos para armas de fuego llamó al Consulado de Estados Unidos en Tijuana para reportar compras sospechosas, según la carta de Grassley.
La pista llevó a funcionarios estadounidenses a interrogar a Meneses, quien admitió haber comprado piezas de armas de fuego en Estados Unidos, haberlas traficado a México y entregárselas a su hermano, un agente policiaco, y a un exsoldado mexicano, según el memorando de la ATF.
Los agentes de la ATF de la oficina de San Diego luego registraron el apartado de correos que Meneses dijo usaba para las compras, donde encontraron piezas de rifle de asalto y cargadores de alta capacidad, según el memorando.
Meneses utilizó un vehículo con placas diplomáticas para evitar ser registrado en la frontera mientras traficaba las armas de fuego, según la carta. En total, dijo, compró suficientes piezas para ensamblar ocho rifles AR-15, según el memorando.
Meneses fue puesto en licencia administrativa y luego despedido en abril de 2017, según el memorando.
En la carta, Grassley acusó a la agencia de tratar las acusaciones de tráfico de armas como un “asunto administrativo”, y cuestionó si la ATF investigó posibles vínculos entre Meneses o sus asociados y los cárteles mexicanos.
El memorando de la ATF es un resumen detallado del caso de Meneses preparado por un funcionario de alto nivel de la agencia en México en ese momento y dirigido al entonces jefe de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITATA), perteneciente a la Fiscalía General de la República.
Pero no está claro si alguna vez se envió el memorando.
El 9 de mayo de 2017, el funcionario de la ATF envió un correo electrónico a un funcionario de alto nivel del Departamento de Estado en México diciendo que “la ATF no hará ninguna notificación al GOM (el gobierno de México)”.
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Ni la ATF ni el gobierno mexicano respondieron a preguntas sobre si funcionarios estadounidenses informaron posteriormente a México sobre el caso. Reuters no pudo contactar a Meneses.
Las actividades de la ATF en México han generado controversia en el pasado.
De 2009 a 2011, un esquema de la ATF alguna vez secreto, conocido como “Rápido y Furioso”, se propuso frustrar el tráfico de armas entre los dos países al permitir que personas compraran armas ilegalmente en Estados Unidos y las llevaran a México para que éstas pudieran ser rastreadas y conducir a los agentes del orden hasta los líderes de los cárteles de la droga.
Pero algunas de las armas estuvieron posteriormente involucradas en asesinatos en México y desencadenaron amargas recriminaciones transfronterizas por el escándalo, que continúa resonando en la política mexicana más de una década después.
Con información de Reuters
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