Ante las acusaciones y señalamientos de activistas y periodistas en contra del gobierno mexicano por presuntas actividades de espionaje, un grupo de expertos en Derechos Humanos de la ONU pidieron a la actual administración del país “cesar inmediatamente” cualquier actividad de vigilancia en ese sentido y le demandó realizar una investigación completa e imparcial sobre el el caso de espionaje ilegal.

El exhorto, realizado desde Ginebra, se produce a un mes de que una investigación de organismos no gubernamentales, difundida por el diario The New York Times, reveló que el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto espió a periodistas y activistas disidentes, a través de herramientas que fueron compradas a una firma israelí para perseguir a delincuentes.

Además, hace una semana, el rotativo neoyorquino también publicó que el programa espía llamado Pegasus también fue utilizado para realizar escuchas sobre un equipo de investigadores internacionales, los cuales habían llegado a México para investigar el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

A través de un comunicado, expertos independientes de la ONU también demandaron controles efectivos sobre los servicios de seguridad e inteligencia del gobierno. La declaratoria fue suscrita por los relatores sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst; sobre la Libertad de Opinión y de Expresión, David Kay; sobre el Derecho a la Privacidad, Joseph Cannataci; y la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, Houria Es-Slami.

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También se dijeron preocupados por la supuesta implicación en la compra y utilización de Pegasus por las mismas autoridades que ahora están a cargo de realizar las investigaciones, por lo que solicitaron al gobierno tomar las medidas necesarias para asegurar la imparcialidad de la investigación.

“Las denuncias de vigilancia, que representan una seria violación de los derechos de privacidad, libertad de opinión y expresión, y libertad de asociación, son muy preocupantes y son evidencia del ambiente hostil y amenazante que enfrentan hoy en México los defensores de los derechos humanos, activistas sociales y periodistas”, destacaron.

Entre los objetivos de espionaje se encuentran integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Aristegui Noticias, y el periodista Carlos Loret de Mola, así como el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y algunos de los miembros del grupo que participó en la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

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Por su parte, el gobierno mexicano encargó a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue el caso de espionaje, la cual dijo que incluso solicitará el apoyo del FBI para llegar al fondo de esta situación.

Días después de conocerse la actividad de espionaje, Enrique Peña Nieto dijo que incluso él como presidente se siente espiado, y que “a veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco”, por lo que trata de ser cuidadoso con lo que habla.

“Somos un gobierno que condena de manera categórica cualquier intervención que se tenga de la vida de quienes son activistas y de cualquier persona, no cabe intervenir de manera ilegal la vida privada de ninguno”, dijo en su primer comentario abierto sobre las acusaciones que se han hecho en contra del gobierno por dicho espionaje.

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