La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCMDX), Ernestina Godoy, afirmó este lunes que a un año del colapso ocurrido en la Línea 12 del Metro, que dejó 26 personas fallecidas y una centena de heridos, no hay “ni impunidad ni olvido, tan solo verdad, justicia, reparación integral del daño y garantía de no repetición”.

A un año del accidente más grave en la historia del Metro, ocurrido en su línea más joven, no hay personas encarceladas por el hecho y la empresa encargada de la edificación de ese tramo, Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), propiedad del empresario Carlos Slim, se ha hecho cargo de la rehabilitación del tramo afectado en la Línea 12 e indemnización a las víctimas.

Exfuncionarios como el extitular del extinto Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, es investigado por el colapso de la Línea 12, así como otros nueve exservidores públicos. El propio Horcasitas, exempleado de la empresa constructora ICA, se ha deslindado de tener responsabilidad alguna en el accidente, pero ha manifestado su intención de llegar a un acuerdo reparatorio.

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En un mensaje a medios emitido este lunes la fiscal Ernestina Godoy dijo que la Fiscalía General de Justicia “formulará en la audiencia de vinculación, que se celebrará el día de hoy, la imputación en contra de ocho personas y dos representantes de personas morales, por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos”.

Sobre el acuerdo de reparatorio alcanzado con CICSA, apuntó que avanza “en los términos acordados con la Secretaría de Obras que incluyen la reconstrucción y el reforzamiento del tramo elevado de la Línea 12, entre la estación Periférico y la Terminal Tláhuac, lo que permitirá, próximamente, a los habitantes de la Ciudad de México, usarla de forma segura y con ello garantizar la no repetición de hechos como los ocurridos”.

Godoy Ramos reconoció “la voluntad expresa de CICSA para atender los daños causados a las víctimas (de la Línea 12), así como la disposición de la mayoría de las personas afectadas, por aceptar el acuerdo que, con voluntad de todas las partes, abrevió la resolución de un juicio largo y desgastante, que finalmente desembocaría en ordenar la reparación del daño”.

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“Hasta ahora, se han firmado acuerdos reparatorios con el 90% de las personas que sufrieron lesiones y los familiares de quienes lamentablemente fallecieron, lo que representa un avance sustantivo para las familias que ahora cuentan con herramientas y recursos para afrontar una situación inesperada”, dijo la fiscal capitalina.

Detalló que el monto de la indemnización se definió con base en un “diagnóstico que ponderó el ingreso que dejaron o dejarán de percibir las víctimas, por ejemplo, la pérdida del jefe o la jefa de familia proveedor; las medidas que aseguren la salud, la educación y la seguridad en la vida presente y futura de las niñas y niños huérfanos, hasta terminar sus estudios; así como también, las afectaciones a otras personas”.

Sobre el 10% de las víctimas restantes que no han firmado los acuerdos reparatorios la fiscal las llamó “a que se acerquen a la Fiscalía y con ello, mediar la posibilidad de alcanzar la totalidad de los acuerdos reparatorios”.

“Cuando se llega a la verdad mediante una investigación científica y profesional, se garantiza el acceso a la justicia; se pone en el centro a las víctimas; se logra la reparación del daño y la garantía de no repetición; no existe ni impunidad ni olvido”, reiteró.

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“Tradicionalmente se piensa que la justicia consiste, únicamente, en cárcel para quienes deben ser sancionados. Sin embargo, se ha demostrado que para lograr una verdadera justicia debemos empezar por las personas agraviadas, por las víctimas.

“Eso es lo que conocemos como justicia restaurativa, un proceso que finca responsabilidades pero que, sobre todo, piensa en las víctimas. Para que haya justicia, se requieren sanciones, sí, pero, sobre todo, se requiere reparar el daño y ofrecerle verdad a la sociedad. Eso es lo que hemos logrado con este proceso”, añadió.

De acuerdo con la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la investigación del accidente en la Línea 12 ocurrido el 3 de mayo de 2021, se han realizado más de 1,400 diligencias, 388 entrevistas con víctimas directas e indirectas, 294 dictámenes en criminalística, fotografía, video, arquitectura, ingeniería civil, ingeniería mecánica, seguridad industrial, topografía, seguridad estructural, ingeniería civil en puentes y geotecnia, principalmente y 484 colaboraciones a distintas dependencias.

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“Hemos realizado una investigación científica, profesional y detallada, que inició el mismo 3 de mayo del año pasado, desde que fijamos el lugar de los hechos, y que se basó en trabajos de campo, inspecciones, entrevistas, recorridos, análisis video-gráfico; así como en la revisión de todos los archivos y documentos existentes de la Línea 12; y en la realización de dictámenes periciales que nos permitieron obtener una teoría del caso irrefutable”, subrayó Godoy Ramos.

Recordó que “las evidencias, las pruebas obtenidas, el análisis científico de expertos en diversas materias y el trabajo de ministerios públicos, peritos y policías de investigación, permitieron determinar que el colapso fue originado por diversos errores en su construcción y el diseño presentaba deficiencias que ponían en riesgo la estabilidad estructural a largo plazo de la obra”.

Dichos errores en el diseño y construcción del tramo accidentado de la Línea 12 tienen que ver con la falta de pernos Nelson para la unión entre las trabes metálicas y las losas de concreto por donde circulan los trenes de la Línea 12, conclusión a la que también llegó la investigación independiente de la empresa DNV, contratada por el gobierno de la Ciudad de México.

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