Reuters.- La policía y las autoridades en Nicaragua ha matado y encarcelado a personas sin someterlas a un proceso judicial y han cometido actos de tortura, dijo el martes la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas, que pidió al Gobierno poner fin a la violencia en la que han fallecido unas 280 personas desde abril. Un plan del presidente Daniel Ortega para reducir los beneficios de los pensionados desató una ola de protestas en abril. El Gobierno se retractó de la medida, pero su severa respuesta a las manifestaciones generó más turbulencias por el rechazo a la gestión del mandatario. El presidente nicaragüense es un exlíder de la guerrilla sandinista que ha estado en el poder desde el 2007 y también gobernó el país centroamericano entre 1979 y 1990. “Se están cometiendo un amplio rango de violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones sumarias, tortura, detenciones arbitrarias y se le está negando al pueblo el derecho a libertad de expresión”, dijo en una rueda de prensa el portavoz de derechos humanos de la ONU, Rupert Colville. Puedes leer:  Nicaragüenses protestan de nuevo en contra de Daniel Ortega Entre las víctimas también hay 19 oficiales de la policía, dijo, y añadió que las denuncias provienen del personal de derechos humanos en terreno, en un escenario caracterizado por la ausencia del estado de derecho. “La gran mayoría de violaciones son cometidas por el Gobierno o por elementos armados que parecen estar trabajando en coordinación con ellos”, dijo Colville a Reuters, y añadió que los manifestantes eran mayormente pacíficos aunque algunos iban armados. El lunes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que grupos vinculados al Gobierno de Nicaragua estaban utilizando una fuerza letal “inaceptable” contra los ciudadanos, y lo instó a poder fin a la violencia. La oficina de derechos humanos de la ONU pidió al Gobierno nicaragüense que provea información sobre dos activistas que desaparecieron desde que fueron arrestados en el aeropuerto la semana pasada y que permitan el acceso a todas las cárceles a agentes supervisión.

 

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