La cancelación de la asamblea de accionistas fue calificada por la empresa de Germán Larrea como una medida ilegal; el abogado de la firma minera acusa a Eduardo Sánchez navarro de disponer ilegalmente de 1,000 millones de pesos de GAP. El Grupo Aeroportuario insiste en que no existe violación legal alguna. 

 

Como una acción ilegal y un atropello, es como Luis Cervantes, abogado de Grupo México calificó esta mañana la cancelación de la Asamblea de Accionistas convocada para discutir puntos sobre la administración de Grupo Aeroportuario del Pacífico.

En medio de una discusión con la gente de seguridad de GAP, el abogado de la firma minera de Germán Larrea explicó a los medios de comunicación que los accionistas de control de GAP, presididos por Eduardo Sánchez Navarro, cancelaron arbitrariamente la reunión convocada para este martes en la Ciudad de México.

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“No existe la figura de cancelación ni desconvocatoria, es un atentado contra los accionistas. Se iba a exigir la rendición de cuentas con base a la normatividad aplicable”, afirmó.

De acuerdo con Luis Cervantes, el hecho de que Grupo Aeroportuario del Pacífico sea una empresa con una colocación del 85% de las acciones de su capital en la Bolsa Mexicana de Valores impide que el grupo de control tome decisiones como impedir la designación de consejeros, prohibir el acceso y participación en asambleas generales de accionistas, bloquear el acceso a la información relativa a manejos administrativos o negociar el derecho de los accionistas a la celebración de una asamblea.

 

Hasta las últimas consecuencias

A la cita de la asamblea acudieron observadores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quienes declinaron realizar comentarios. Sin embargo, Luis Cervantes, adelantó que el siguiente paso de Grupo México será interponer una denuncia por la cancelación de la asamblea y poner sobre la mesa las irregularidades que a su juicio han detectado.

“Los arrendamientos de inmuebles a la concesionaria, preparación de estados financieros bajo normas que no son aplicables. De lo que se llevaron irregularmente le puedo hablar de cerca de 1,000 millones de pesos, sin duda se tendrá que hacer una denuncia penal porque la concesionaria está sufriendo un quebranto y los accionistas nos vemos afectados indirectamente”.

Aeropuertos Mexicanos del Pacífico (AMP) es la empresa controladora del GAP y posee alrededor del 15% del capital del a compañía.

La concesión del grupo se divide a su vez en tres partes: Controladora Mexicana de Aeropuertos (CMA), Abertis y Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), paraestatal de gestión  de aeropuertos y el espacio aéreo en España.

Grupo México, por su parte, detenta el 29.58% de las acciones y hace algunos días fue imposibilitado por un juez mercantil para continuar con la compra de acciones.

 

GAP insiste: no hay violaciones legales

En conferencia telefónica, Raúl Fernández Briseño, asesor legal de GAP, del despacho White&Case, explicó que la resolución de la corte mercantil de respetar los estatutos del consejo de administración legal anula los fundamentos en que Grupo México se apoya para desatar el conflicto jurídico.

Señaló que al llevar las quejas ante la CNBV sólo se evidenciará que la corte mercantil ha resuelto disposiciones que apoyan los argumentos de Grupo Aeroportuario del Pacífico.

Con respecto a la acusación de la malversación por 1,000 mdp señalada por Grupo México, el experto jurídico afirmó que la información sobre los contratos adjudicados en operaciones relacionadas están disponibles en la información provista al Comité de Adquisiciones.

Así, GAP asegura que no ha existido violación a los derechos de los accionistas minoritarios, pues los estados financieros han sido auditados por Deloitte y elaborados bajo las normas vigentes.

 

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