El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sancionar a partidos políticos que contendieron en el proceso electoral federal de 2011-2012 con un monto global que asciende a 36.9 millones de pesos por el contrato de tarjetas para el pago de representantes de casilla.

La sanción se debe a la dispersión de recursos en tarjetas BBVA Bancomer, cuya contratación fue realizada por la empresa Logística Estratégica Asismex, una empresa con las características típicas de una empresa fachada o fantasma, que se fondea de recursos de empresas igual de irregulares y que hace un contrato con una institución bancaria para dispersar recursos a miles de personas, y realiza pagos a cuatro días de la jornada electoral.

“Documentamos 7,311 representantes partidistas como beneficiarios de esos pagos; esa es la infracción, financiamiento ilegal a la política y la sanción que proponemos es del 200% de los recursos ilícitos recibidos”, destacó Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE.

Las tarjetas beneficiaron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), integrantes de la coalición “Compromiso por México”. También sanciono al Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano que conformaban la coalición total denominada “Movimiento Progresista”; el PAN y Nueva Alianza.

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Las tarjetas beneficiaron al Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, integrantes de la coalición “Compromiso por México”. También sanciono al Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano que conformaban la coalición total denominada “Movimiento Progresista”; el PAN y Nueva Alianza.

“Este es un ejemplo de financiamiento paralelo, irregular y opaco para pagar la operación electoral el día de la votación del primero de julio de 2012”, destacó Ciro Murayama.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que esta sanción es un ejemplo de lo que se quiere lograr con la fiscalización.

“El propósito de la fiscalización no es hundir a nadie ni sancionar a los partidos políticos como si éste fuera un fin en sí mismo, sino recuperar la dignidad de la política democrática, entendida ésta como el juego limpio, como el juego transparente por el poder político”, dijo Córdova.

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