El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advierte que la inseguridad pública detiene la inversión y es el principal obstáculo del crecimiento económico de México, una nación cuyo gobierno recortó el presupuesto para los programas y acciones de seguridad casi el 30 por ciento entre 2018 y 2023.
“El abatimiento de la inseguridad es uno de los mayores desafíos para el país en el futuro y quizá el más difícil: en años recientes, y posiblemente más en los últimos meses, los problemas de seguridad pública se han consolidado como el principal factor que puede obstaculizar el crecimiento económico”, asegura el organismo dirigido por Carlos Hurtado López.
Los elevados e inéditos niveles de violencia, el fortalecimiento del crimen organizado, la extorsión y la constante impunidad son problemas que atentan contra la paz, la estabilidad y el bienestar de la sociedad, declara la institución encargada de elaborar el análisis e investigación de la coyuntura económica de México.
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Recuerda que las autoridades han insistido en los avances en materia de seguridad, pero aunque las cifras muestran ciertos resultados favorables, es sólo en el margen. “Aún se está lejos de un verdadero control de la situación”, advirtió.
La inseguridad tiene elevados costos para las empresas y hogares, ya que implica mayores gastos por seguridad en ambos casos y en el extremo ha obligado a cambios de residencia de las familias, expresa.
“Se dice que a muchas empresas interesadas en invertir en México no las ahuyenta la inseguridad pública, ya que están preparadas para ello, debido a sus operaciones internacionales en lugares donde el problema es similar. Pero no es el caso de las empresas mexicanas especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) donde hay indicadores que así lo muestran”.
Agrega que la condición necesaria para que se recupere la economía es la reactivación de la inversión, en especial la privada, que es el principal motor del crecimiento, pero ello no ha sucedido.
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“La inversión apenas se recupera: hasta ahora, su valor total se mantiene ligeramente por debajo (0.8 por ciento) de sus niveles de cierre del 2018, la pública es menor en 25.9 por ciento, pero la privada es 3.9 por ciento mayor”, comenta el órgano asesor en materia económica del Consejo Coordinador Empresarial y de empresas de primer nivel en México.
En los magros resultados de los principales indicadores económicos ha incidido en buena medida la posición antagónica del gobierno frente a la actividad del sector privado, manifiesta el CEESP.
“Otros factores que detienen la inversión son las deficiencias de la infraestructura, conectividad y logística. Pero hay otros más. Un tema de creciente intranquilidad y mayor preocupación es la inseguridad pública”, dice el centro líder de investigación, que es usada para la toma de decisiones del sector empresarial
Mientras tanto, los recursos del erario asignados a la seguridad no han estado a la altura de las necesidades: “El gasto público en la materia ha caído en lo que va del sexenio”, enfatiza.
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Por el lado administrativo, el gasto ejercido para Seguridad Pública y Protección Ciudadana se contrajo 28.6 por ciento en términos reales entre 2019 y 2022.
Por el lado funcional, los recursos erogados en Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior disminuyeron 31.6 por ciento real de 2018 a 2022.
“Todo esto se relaciona con la debilidad del Estado de derecho que se vive en el país. Un Estado de derecho robusto garantiza reglas claras y justas y procesos judiciales predecibles que propician un entorno de seguridad”, destaca el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
Detalla que combatir la inseguridad no es cosa fácil, pero es una necesidad impostergable para el progreso social y económico, especialmente en lo que se refiere a la actividad de las pymes.
“Es urgente una estrategia nacional efectiva e integral que sea explícita para la ciudadanía, con una mejora del sistema de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y la consolidación de la autonomía, independencia y eficiencia de la Fiscalía General, y de las fiscalías de los estados, que garantice la justicia expedita cotidiana”, puntualiza.
También son necesarios mecanismos seguros y accesibles para promover la participación ciudadana y fortalecer la denuncia a fin de reducir la llamada cifra negra.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe poner en marcha estrategias claras para garantizar la seguridad en zonas específicas, como aquellas de mayor tránsito de mercancías, paso de migrantes y otros puntos logísticos clave, señala el CEESP.
Un aspecto por demás relevante es la necesidad de ordenar y mejorar los cuerpos policiacos, aclarando las especialidades de las policías de proximidad, de órdenes municipales, estatales y nacionales, y las labores de vigilancia e investigación de cada uno de ellos.
“Hay que mejorar la profesionalización de las policías en todos sus niveles; mejorar los sistemas de inteligencia del país; y reformular la política de readaptación social”, concluye.
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