La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló que en el caso del escándalo inmobiliario que se destapó en la alcaldía Benito Juárez se investiga posible lavado de dinero y por esa razón la Fiscalía General de Justicia local pidió la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal y de la Procuraduría Fiscal del gobierno capitalino.
Este viernes en conferencia de prensa, la mandataria capitalina dijo que la investigación sobre el escándalo inmobiliario en Benito Juárez, que involucra hasta ahora a dos exfuncionarios de la demarcación –gobernada desde hace más de 20 años por el Partido Acción Nacional (PAN)– “hay muchos vínculos con muchas otras cosas, inclusive hasta lavado de dinero”.
La Fiscalía también investiga conflicto de intereses entre los exfuncionarios y empresarios inmobiliarios.
“No solamente son personajes que trabajaron en la alcaldía Benito Juárez, que se enriquecieron ilícitamente por pedir departamentos o recursos económicos a cambio de la violación de uso de suelo, sino inclusive, el problema es todo ese recurso, tanto en inmuebles como recurso económico, a dónde fue. Ahí se está pidiendo colaboración de la parte de la Fiscalía a la UIF, a la Procuraduría Fiscal”, comentó Sheinbaum Pardo.
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Le Jefa de Gobierno indicó que la Fiscalía General de Justicia está decidida a llegar al fondo en la investigación del escándalo inmobiliario que salpica al mayor bastión del PAN en la Ciudad de México. “Nosotros no vamos a encubrir a nadie. Lo que se está destapando hoy es una cloaca que está en Benito Juárez que tiene que ver con cientos de inmuebles que violaron el uso de suelo a cambio de corrupción”, arremetió la mandataria local.
Dejó ver que genera sospecha el hecho de que en 2020 la alcaldía Benito Juárez haya reportado pérdida de documentación referente a construcciones inmobiliarias debido a una inundación. “Casualmente se inundó con todo lo que tiene que ver con los archivos en la alcaldía Benito Juárez de lo que tiene que ver con toda esta información en el 2020. Se está investigando absolutamente todo por parte de la FGJ”, asentó.
El miércoles pasado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que abrió una nueva línea de investigación en el caso de los exfuncionarios de la entonces delegación Benito Juárez señalados de presunto enriquecimiento ilícito a través de posibles negocios vinculados al sector inmobiliario. La dependencia informó que se ahonda en la relación que iniciaron los señalados con empresarios del ramo inmobiliario.
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Esto luego de que Forbes México reveló que Luis Vizcaíno Carmona, exfuncionario de la entonces delegación Benito Juárez imputado por presunto enriquecimiento ilícito por supuestos negocios inmobiliarios, es socio de Carlos Alberto Murad Coss en una empresa constructora llamada Construcciones LVB, la cual formalizaron ante notario público en 2017. Otras personas vinculadas a esa compañía forman parte a su vez de otras empresas inmobiliarias ligadas a Murad Coss.
“En la medida en que avanzan las indagatorias, ha surgido diversa información que puede dar pie a nuevas líneas de investigación. Tan es así, que hemos descubierto más relaciones, probablemente orientadas al enriquecimiento ilícito y al uso indebido del servicio público, entre empresarios dedicados al sector de bienes raíces y exfuncionarios de la alcaldía”, dijo el miércoles el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, en un mensaje a medios.
Lara López abundó en que se detectó “que entre estos actores establecieron distintos tipos de sociedades que probablemente constituyan un conflicto de intereses, lo cual los pudo haber llevado a quebrantar las facultades legales de la administración pública local, actos que pueden dar pie al inicio de nuevas carpetas de Investigación”.
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Este medio también informó que Carlos Alberto Murad Coss estaría ligado a Grupo Opptare, sociedad que fue parte del boom inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Entre 2006 y 2019, empresas inmobiliarias vinculadas a Grupo Opptare levantaron por lo menos una veintena de proyectos de multifamiliares en dicha demarcación, muchos de ellos incluyeron departamentos con acabados de lujo cuyo valor superaba los 4 millones de pesos.
Parte del periodo de mayor actividad de Grupo Opptare en Benito Juárez (2006-2019) coincide con el desempeño de Luis Vizcaíno como director general Jurídico y de Gobierno en la alcaldía Benito Juárez (2006-2015), hoy imputado por su presunto enriquecimiento ilícito por supuestamente otorgar permisos para construcciones a cambio de recibir departamentos, según señalamientos que públicamente ha hecho la Fiscalía de la Ciudad de México.
Forbes México dio a conocer que el portal web de Grupo Opptare –que fue inhabilitado– anunciaba en preventa un desarrollo inmobiliario en José María Rico 146, colonia Actipan, alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con una base de datos oficial de la alcaldía, el 19 de junio de 2019, la Dirección de Desarrollo Urbano de la demarcación expidió la constancia de alineamiento para ese predio en favor de Inmobiliaria TVL.
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De acuerdo con el Registro Público del Comercio, la constitución de la empresa Inmobiliaria TVL S.A. de C.V. fue formalizada el 27 de marzo de 2019 ante el notario número 89, Gerardo Correa Etchegaray, el mismo ante el cual se formalizó la constitución de Construcciones LVB S.A. de C.V, la empresa de la que Luis Vizcaíno y Carlos Alberto Murad Coss son socios.
En el acta constitutiva de Inmobiliaria TVL S.A. de C.V aparecen como accionistas Alfredo Rodríguez Hernández y Miguel Luis Manzano Méndez, y como administrador único Carlos Alberto Murad Coss. De hecho, en el acta constitutiva de Construcciones LVB S.A. de C.V también aparece el nombre de Miguel Luis Manzano Méndez, pero como comisario de la compañía, lo que refrenda los vínculos empresariales entre Murad Coss y Vizcaíno Carmona.
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