Representantes de la iniciativa privada (IP) urgieron al gobierno federal a hacer ajustes en los criterios para el cobro de impuestos con el fin de dotar liquidez a las empresas, además de que haya flexibilización en los criterios de deuda para atender la crisis por la pandemia de Covid-19.

“Los especialistas que han hablado de que estas políticas monetarias y fiscales que habíamos usado en el pasado no necesariamente pueden ser la solución. Pero también anotan a que sí deberíamos tener una apertura para que con responsabilidad podamos tomar recursos de deuda y que nos permitan atemperar los efectos de la crisis”, explicó Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Tras la primera mesa de la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica convocada por ese organismo, el líder empresarial detalló que el país enfrenta un problema de liquidez, por lo que se requiere destinar apoyos económicos a las pequeñas empresas sin solicitar ningún rescate de las grandes empresas.

Entre los ponentes, el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Carlos Hurtado, explicó que el aumento de la deuda como porcentaje del PIB será inminente en este año a raíz de la crisis

“Un endeudamiento adicional se podría tolerar siempre y cuando se utilice para los fines que demanda la atención inmediata de la crisis sanitaria y económica. Con ello y con el uso de reservas que tiene el fisco se puede contar con los recursos necesarios para un plan ambicioso”, señaló.

“El país puede y debe tolerar un relajamiento transitorio y prudente de sus metas de déficit público y deuda a fin de mitigar los efectos de la crisis. Se puede utilizar el prestigio del país en lo fiscal que es elevado para comprometerse a una trayectoria sostenible de la deuda en el futuro, y hacer uso de elevados financiamientos disponibles a costos razonables que tiene el país”.

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En 2019, la deuda pública en relación con el PIB fue de 46%, y para 2020, Hurtado estimó que podría alcanzar el 50% ante el escenario de contracción económica y la depreciación del peso.

Sumando los recursos de reserva del gobierno, de unos 500,000 mdp, y la adquisición de deuda por otro tanto, podrían alcanzarse los 1,000 mdp y ello elevaría la razón de deuda de 50% a 52%.

“En estas circunstancias, el aumento automático de la deuda pública y un incremento adicional prudente no causarían inquietud a los mercados o las calificadoras de crédito”, consideró Hurtado.

Por ello, llamó a dar facilidades fiscales a las empresas que no despidan a sus empleados, además de dar un apoyo a los trabajadores informales para que puedan permanecer cuarentena.

En ese sentido, el gobernador de Baja California Sur y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Carlos Mendoza Davis, solicitó que se apliquen estímulos fiscales, entre ellos, la disminución del coeficiente de utilidad al sector empresarial.

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En su intervención, el subsecretario de Economía, Ernesto Acevedo, resaltó que de parte del gobierno conviene hacer una reforma fiscal para reducir las tasas impositivas, pero que incrementen la recaudación fiscal.

“El control óptimo tiene que ver con la macro, la microeconomía y el tema sanitario. Aquí puede haber espacio para una reforma fiscal más adelante, donde se planteen menores tasas impositivas y que eso genere más recaudación en la medida que se cierren los espacios para la evasión y elusión fiscales.

“Tenemos que tener inversiones tanto del sector público en estas vulnerabilidades estructurales que se han hecho patentes hoy en día: productivas, logísticas y hospitalarias“, refirió.

Advirtió que las recesiones en México en promedio se extienden en promedio por 19 meses, y alcanzan una profundidad media de alrededor de 4.2%.

“En este caso la magnitud de la recesión va a ser inédita, de un tamaño que no hemos visto en la historia reciente y por lo tanto, los instrumentos que debemos usar tienen que ser diferentes”, adelantó.

Por la particularidad de esta crisis, que ha hecho que las cadenas globales de valor perdieran sincronía, consideró que la teoría económica actual no basta para explicarla.

Otra de las conclusiones generales fue el llamado a la creación de un consejo asesor fiscal, así como un consejo económico para la recuperación, mismo que tendrá que incorporarse de forma permanente a la administración pública del país.

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