Por Claudia García*

De acuerdo con la 59ª encuesta empresarial “El desempeño de la actividad empresarial y su relación con el medio ambiente” del año 2015, elaborada por Asies, en promedio, el 37% de las empresas en Guatemala cuenta con un programa de protección del medio ambiente.

Dentro de estos programas, se puede mencionar la reducción de desechos, el reciclaje, el ahorro de energía, la prevención de la contaminación (en este caso, mantenimiento de vehículos, entre otros). Estas prácticas se realizan en las empresas grandes y medianas, mientras que es menos frecuente entre las empresas pequeñas y micro, pues este tipo de programas implican un costo de oportunidad.

Las actividades productivas implican un costo para el medio ambiente. La realización de las actividades está ligada a un proceso que tiene efectos en las emisiones de dióxido de carbono. Desde el uso de vehículos o cualquier medio de transporte para llegar a la empresa, hasta el uso de maquinaria, la generación de desechos, el uso de electricidad, cada pequeño paso va generando lo que se conoce como la huella de carbono.

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De acuerdo con la encuesta realizada por Asies, se realiza una estimación de la huella de carbono a través del uso de electricidad, agua y algunos aparatos eléctricos. Ésta es una medición estándar de la huella de carbono, en donde se pretende aproximar la emisión promedio anual de toneladas de dióxido de carbono producidas en la actividad económica empresarial. Esta aproximación indica una huella de carbono de 20.2 emisiones promedio de toneladas de dióxido de carbono anuales. Las actividades realizadas por las empresas, así como la poca industrialización que hay en el país, hacen que esta estimación sea reducida.

Al realizar esta medición por empleado, se obtiene una estimación de la huella de carbono de 1.6 toneladas métricas de dióxido de carbono anuales. Esta medición se puede considerar reducida, si se toma en cuenta el número de empleados en las empresas, el cual es pequeño comparado con el de empresas en países desarrollados. Asimismo, se puede considerar la magnitud del sector informal versus el formal, el tamaño del país y de la producción, entre otros factores. Por ejemplo, naciones como Australia estiman una emisión de 47 toneladas por empleado al año.

A pesar de que la estimación realizada por Asies puede dejar fuera otros factores y subestimar la huella de carbono, se realiza con la información disponible y se considera una aproximación para conocer la magnitud del fenómeno y, por lo tanto, permite explotar áreas de oportunidad para reducir la huella de carbono.

Actualmente, el Ministerio de Finanzas de Guatemala promociona su estrategia fiscal verde, que consiste en reducir las emisiones de dióxido de carbono que emanan de residuos sólidos, consumo, desechos industriales y sustancias peligrosas, entre otros.

La estrategia fiscal verde se basa en los siguientes principios:

  • El que contamina, paga.
  • Responsabilidades del productor.
  • Imposición tributaria con destino ambiental.

Básicamente, la implementación de tributos verdes está orientada a un cambio en hábitos de compra y consumo, lo que, de esta forma, promueve un crecimiento económico sostenible.

Además, busca incentivar la creación de negocios orientados al reciclaje, la logística y la recolección de desechos. Pero lo más importante es que esta estrategia fiscal verde debe estar orientada a la conciencia sobre el impacto de las actividades productivas en el medio ambiente.

Actualmente se discute una iniciativa de ley que se orienta a generar un cambio en los hábitos, tanto de consumo como de producción. De esta forma, se pretende aportar a la reactivación del crecimiento económico por medio de emprendimientos verdes. Asimismo, se busca reducir las emisiones de carbono.

Dentro de las medidas que se consideran viables para el país, se puede mencionar la reducción de emisiones por parte del sector transporte, la reducción de la contaminación por desechos sólidos (tales como papel, cartón y plásticos), así como la reducción de la contaminación ocasionada por llantas, baterías y otros desechos peligrosos. Y, finalmente, la promoción e incentivo a emprendimientos verdes.

Claudia García Mancilla es Economista Investigadora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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