Uno de los pilares que sustentan a la democracia liberal es la libertad de expresión, pues después del derecho a la vida y a la propiedad, constituye la base del sistema de derechos y libertades que el estado moderno protege y que genera las condiciones para la democracia. Es por ello que usualmente es blanco de ataques por quienes asumen perspectivas autoritarias, debido a la necesidad de controlar o acallar las voces o posturas que puedan representar un peligro para el dominio del espacio político.

La democracia liberal parte del supuesto de la individualidad y la libertad que se construye en torno a ella, así como de un Estado que protege dichas condiciones con base en una constitución que establece las reglas mínimas para la interacción política. Todo esto se construyó a lo largo de tres o cuatro siglos dependiendo de dónde ubiquemos el elemento central que permitió dicho desarrollo histórico.

No es nuevo que la democracia liberal esté en peligro por las intenciones de actores no democráticos, pero ahora dicha amenaza proviene de un fenómeno generado por la misma democracia, puesto que al garantizar la expresión y juego de actores de todo tipo, al mismo tiempo que promesas incumplidas y excesos de quienes gobiernan, se convierten en carburante para la movilización y el descontento social, con lo que se facilita el surgimiento de actores que no necesariamente son democráticos en su acción. La historia muestra distintos momentos en que esto ha surgido, aunque los fenómenos contemporáneos pueden ser más inquietantes después de la declaratoria del fin de la historia en los años noventa del siglo XX.

En las semanas recientes han ocurrido dos hechos que resultan preocupantes por la forma en que se han generado, además de por quien los ha planteado. Por un lado, el presidente López Obrador planteó la posibilidad de que quienes ejercen el periodismo, revelen las fuentes de las que obtienen información, para que todos puedan ser medidos con la misma vara de la transparencia.

En ese caso, el presidente se asume como igual con respecto al resto de los actores políticos, entre los que ubica al periodismo, aunque en el sentido estricto no son iguales, pues él encabeza a un poder público que si está sujeto a las reglas de transparencia pública, mientras que el periodismo precisamente se protege a partir del hecho de mantener a sus fuentes anónimas y únicamente mediante procedimientos jurídicos, se abre la posibilidad de que las puedan dar a conocer.

Por otro lado, el presidente hizo en un segundo momento, dos afirmaciones que son igualmente relevantes, en el contexto de un comentario sobre los cuestionamientos de un periodista. Mencionó que se debe aprender a respetar a la autoridad y que si los periodistas se pasan “ya saben lo que les pasa”, matizando después en el sentido de que era el pueblo quienes les castigaba.

Sea el presidente o “el pueblo”, la libertad de expresión es uno de los valores fundamentales de la democracia que no puede ser amenazada por ningún actor. De hecho, en México ya tenemos un esquema restrictivo de la libertad de expresión, pues para cuidar la reputación de los políticos, la ciudadanía no puede hacer uso de medios electrónicos pagados, para expresar opiniones políticas en campañas electorales, además de que el INE se encarga de revisar los millones de spots que los partidos políticos exhiben en dichos medios, para cuidar los valores democráticos.

En este contexto, de un planteamiento de democracia iliberal, es relevante entrar a la discusión de los alcances y límites del modelo de libertad de expresión que tenemos en México, para poder ampliarlo y proteger sus condiciones, antes de que haya más intentos por minar su ejercicio, en favor de los políticos.

 

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