Ha concluido el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero se abre un duro camino para México: la recuperación de activos resultado de los ilícitos del narcotraficante.
Sabemos de parte del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que con tal propósito se planteó la creación de una comisión binacional a funcionarios estadounidenses. En su anuncio, el canciller señalaba que de nada serviría el procesamiento de “El Chapo” si los activos no se recuperan. Difícilmente alguien no puede estar de acuerdo con esta afirmación.
Con una fortuna estimada entre 12,000 y 15,000 millones de dólares, la posibilidad de que México recupere al menos una parte y repare de algún modo los daños causadas a la sociedad, es alentadora. El canciller ha reconocido que México no se podrá quedar con todos los activos, pero que Estados Unidos tampoco, a lo que surgen diversas preguntas:
- La más obvia pero fundamental, ¿cómo medir el tamaño de las utilidades generadas en torno a El Chapo?
- Y, ¿cómo estimar el monto de los activos a compartirse entre las dos naciones?
En este grupo binacional que se formula, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República, tendrán que enfrentarse a tales preguntas y a la complicada tarea de recuperar los activos que le correspondan al Estado mexicano.
El primer instrumento legal global sobre la restitución de activos es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) o la Convención de Mérida como también se le conoce, adoptada en diciembre de 2003 y en vigencia desde dos años después. Aunque México fue un país promotor de diversos planteamientos plasmados en la UNCAC, donde destaca la recuperación de activos como principio fundamental y una de sus principales finalidades, lo cierto es que nos hemos quedado penosamente atrás con respecto a otros países latinoamericanos en esta materia.
Uno de los casos de restitución internacional de activos más emblemáticos, que por cierto ocurrió antes de que entrara en vigor la UNCAC, es la restitución de cerca de 180 millones de dólares al Estado Peruano, por parte de Suiza, Estados Unidos y las Islas Caimán, en torno a la organización delictiva del expresidente Fujimori y su asesor Montesinos.
Este caso destaca por ser un mecanismo de cooperación “espontánea”, en el que Suiza compartió de manera voluntaria la información financiera que le permitieron a las autoridades peruanas comprender el esquema de lavado de activos y a ser más asertivos en sus solicitudes de cooperación internacional .
Hoy México tiene la difícil tarea de lograr un entendimiento beneficioso para nuestro país. En contextos de esquemas criminales transnacionales como lo representa “El Chapo” Guzmán, se añade la complejidad de vincular los activos a un delito único e, incluso, la franca imposibilidad de reconstruir la ruta del dinero, después de procesos de lavado de dinero.
Llevar a los corruptos a tribunales desde luego importa, pero sin una compensación por los daños causados a la sociedad, tales triunfos del Estado lucen nimios. Si un consenso internacional hay sobre la batalla contra las drogas como contra corrupción política es que, para que ésta sea realmente eficaz, debe pasar por repatriar las ganancias ilícitas y no solamente la privación de la libertad de los capos o de los corruptos.
Si realmente estamos ante una nueva etapa de la vida pública del país, la repatriación de activos debe ser tomada con toda la inteligencia del Estado mexicano.
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